Ley de Puertos

Cuando en 1990 el Partido Nacional asumió el gobierno de la República a nadie llamó la atención que fuera presentando a la consideración del Parlamento diversos proyectos de ley dirigidos a materializar los compromisos contraídos con la ciudadanía durante la campaña electoral. De esa batería de iniciativas entiendo pertinente detenerme en el día de hoy en la Ley de Puertos.

En su momento el proyecto sufrió los ataques de las fuerzas sindicales y políticas. Estuvieron a la orden del día los calificativos de "vendepatrias", "piratas" y "cipayos", en una campaña de desprestigio pocas veces vista.

A más de diez años de su aprobación, las críticas se han acallado y todos, más o menos explícitamente, reconocen los beneficios que de la aprobación de la norma recibió nuestro país.

Con la Ley de Puertos dio comienzo un proceso de reforma que en esencia apuntó a que las empresas privadas participaran plenamente en la operativa portuaria, procurando responder a los requerimientos de las nuevas formas de gestión y producción, en un marco de relaciones de mercado cada vez más abiertas. Hoy la ley es una realidad tangible, como se puede comprobar a poco que se ingresa al recinto portuario. Se viene operando 24 horas sobre 24, los 365 días del año, asegurando no sólo al buque, sino a la mercadería y a los pasaje, servicios confiables a precios razonables en un marco de libre competencia. Los costos operativos se han reducido sustancialmente, con el consiguiente ahorro para el comercio exterior y para los consumidores nacionales.

Consolidada esta etapa de reformas, nuestro país debe proyectar las de segunda generación. La visión es la misma: un país con un nivel de puertos tal que lo posiciona como la terminal portuaria de la región, como la plataforma logística del comercio internacional de la región. Un país de tránsito, generando puestos de trabajo genuinos, brindando servicios confiables y de calidad.

Las condiciones las tenemos: ubicación geográfica privilegiada, como una suerte de pivot entre la Argentina y el Brasil, siendo cabecera de la Hidrovía, y disponiendo de buenos puertos naturales. Contamos también, por suerte, con agentes económicos privados y con mano de obra calificada dispuesta a emplear su esfuerzo en el desarrollo del sector.

Estamos convencidos de que esta visión es no sólo posible, sino que es imperioso alcanzarla. Es necesario que las actividades portuarias experimenten un crecimiento significativo, ya que éstas, al igual que los otros sectores que conforman el sector servicios, constituyen las áreas de la economía que nos permitirán, en el corto plazo canalizar inversiones, generar puestos de trabajo y aumentar la riqueza nacional. No olvidemos que los puertos son más que muros, grúas o depósitos. Los puertos son fundamentalmente el trabajo de múltiples actores: empresarios, operarios, bancos, despachantes, agencias marítimas, talleres, aseguradores, camioneros, etcétera.

Establecer una política de Estado en materia portuaria y de comercio exterior; eliminar las interferencias administrativas a las actividades de tránsito; descentralizar los puertos del interior; determinar los emprendimientos semiindustriales a ser realizados en los puertos; mejorar la infraestructura; fomentar la construcción, instalación y operación de puertos marítimos y fluviales de propiedad privada, son algunas de las cosas que faltan por concretar.

Tenemos la esperanza de que nuestro sistema político esté a la altura de las circunstancias y que sea capaz de tomar las decisiones necesarias con la celeridad que los tiempos nos exigen, para que así Uruguay consolide un proceso que no implica otra cosa que cumplir con su destino histórico.