Se agrava crisis con campesinos Sin Tierra

BRASILIA | ANSA

La justicia brasileña ordenó ayer la intervención federal del estado de Paraná, en el sur del país, si el gobernador, Roberto Requiao, no desaloja por la fuerza a un grupo de campesinos sin tierra que invadió una hacienda.

La decisión del Supremo Tribunal de Justicia faculta al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a designar en breve un interventor para desplazar a Requiao, que sin embargo adelantó que cumplirá la orden y evitará la intervención.

El caso se remonta al 28 de enero de 1999, cuando 20 familias de campesinos del Movimiento de los Sin Tierra (MST), invadieron la hacienda "Rio das Cobras", de 14.900 hectáreas.

La justicia ordenó restituir la hacienda a la empresa propietaria, pero Requiao, y su antecesor, Jaime Lerner, se habían negado hasta ahora a cumplir la orden por el costo político que tendría un desalojo violento de las familias.

"Es un absurdo —dijo ayer Requiao— pero vamos a resolver el problema con calma y tranquilidad. Esta es una decisión final, que tiene que ser cumplida y aquí en el Estado (Paraná) cumplimos las decisiones judiciales".

El presidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, José Genoíno, consideró "exagerada" la decisión judicial, y advirtió que puede "tirar más leña al fuego" del conflicto en el campo entre hacendados y el MST, que lucha por la cesión de tierras para los campesinos empobrecidos.

DIALOGO. "El grado de tensión que estamos viendo en el campo se resuelve con diálogo, con negociación, no con radicalización. La Justicia, a mi modo de ver, podría contribuir para que no haya más radicalización", agregó.

La amenaza de intervención se produjo al cabo de una semana en que la cuestión de la violencia en el campo cobró notoriedad luego del ataque a balazos que sufrieran campesinos del MST, también en Paraná, en un episodio que reveló divergencias ante el problema en el seno del gobierno de Lula.

La violencia que estalló en Paraná, en las primeras horas del viernes, y que causó heridas a un campesino, provocó reacciones dispares entre los dos ministros del gobierno de Lula que se ocupan del sector rural: Miguel Rossetto, de Desarrollo Agrario, y Roberto Rodrigues, de Agricultura.

Rossetto condenó duramente el episodio y dijo que "no tendrán paz esos aventureros irresponsables, que buscan ampliar la violencia en el campo con absoluta irresponsabilidad".

Rodrigues, en cambio, consideró que "quien tiene patrimonio, tiene que defender su patrimonio de cualquier forma, aunque siempre dentro de la ley".

"El propio presidente Lula —sostuvo Rodrigues—, ya repitió que quien no defiende lo que tiene, no es digno de tenerlo. Yo digo que los productores rurales tienen el derecho legítimo de defender su propiedad. Pero dentro de la ley".