Postura favorable de Bonilla a despenalizar

"Yo no quiero que la gente muera porque tiene prohibido hacerse un aborto. No puedo entender eso". Con esta frase, el ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla dejó entrever ayer que no parece oponerse a la despenalización del aborto. El secretario de Estado brindó esa respuesta, cuando los periodistas le pidieron una opinión sobre el controversial tema.

Cuando directamente se le preguntó si estaba de acuerdo con la legalización del aborto, contestó: "Yo no estoy de acuerdo, ni en desacuerdo. Yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien" (...). Pero luego volvió a insistir: "Soy médico y lucho por la vida humana. Yo no puedo ver a gente que muere porque la ley le prohíbe hacerse un aborto".

"Es un problema, que lo hemos visto en el Pereira Rossell desde que yo me conozco", explicó el ministro, quien en 1998 ejerció la dirección de ese hospital estatal.

El ministro dijo asimismo que la mortalidad materna, si bien se ha logrado contener, sigue siendo un problema no sólo médico, sino social. "Está en las manos de los señores legisladores, legislar", apuntó, para luego argumentar que plebiscitar el tema no sería una mala solución.

A principios del año pasado, el presidente Jorge Batlle se había mostrado por primera vez contrario a liberalizar el aborto.

Pocos días después de que el ex-presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Gervasio Guillot, se pronunciara partidario de la despenalización, Batlle dijo: "La posición del Poder Ejecutivo es la de proteger la vida de la madre y del ser que existe".

Luego, cuando se comenzó a debatir en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que despenaliza el aborto, el presidente anunció que vetaría la norma si fuera aprobada. El proyecto tiene media sanción, porque finalmente fue aprobado por Diputados.

TEXTO. El proyecto de la llamada "ley de defensa de la salud reproductiva" autoriza a las madres a interrumpir sus embarazos durante las doce primeras semanas de gestación.

El texto, impulsado por la legisladora oficialista Glenda Rondán, determina que las interrupciones de embarazo serán consideradas "acto médico sin valor comercial" y que todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados, "tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento".

La propuesta, que tiene media sanción legislativa, fue también rechazada por los líderes del Partido Nacional y del Encuentro ProgresistaFrente Amplio, Luis Alberto Lacalle y Tabaré Vázquez.

En 2001, el 80% de las muertes maternas ocurridas en la maternidad del Pereira Rossell se originaron por abortos practicados en condiciones de riesgo.