Mariachi cerrado y la batalla sigue

La guerra está declarada desde hace años. Los vecinos de Pocitos y los boliches nocturnos de Pocitos no se llevan bien. La comisaría del barrio recibió denuncias por desórdenes de todo tipo en las madrugadas de los fines de semana, hasta que el asunto llegó a la Jefatura de Policía y allí se tomó una decisión ejemplarizante: se cerró Mariachi por un mes.

La medida se enmarca en el decreto 422, sancionado en 1980, por el cual la Jefatura puede aplicar esa sanción "si se comprueban alteraciones del orden público o cualquier otra perturbación que afecte la tranquilidad de las inmediaciones" de los boliches nocturnos.

La noticia es un alivio para quienes viven en las cercanías y un durísimo golpe para quienes trabajan en el boliche y quienes manejan el negocio, pero no convence del todo a nadie.

Los vecinos tienen la experiencia de que las sanciones y hasta los cierres definitivos nunca resuelven el problema, ya que los dueños de los locales se los alquilan a otros comerciantes en el mismo rubro, y entonces hay que empezar otra vez la batalla.

Quienes manejan estos boliches también reaccionan airadamente. Los dueños de Mariachi entienden que el decreto 422 es ilegal, ya que culpa al boliche por lo que sucede en la calle, donde las autoridades del lugar bailable no tienen jurisdicción.

Entienden que, luego de que se cumpla el cierre de un mes y se retome la actividad, no habrá nada que ellos puedan hacer para prevenir y mucho menos reprimir lo que sucede en la calle.

Los vecinos, por su parte, razonan que el barrio no es lugar para boliches, sino que habría que dedicarles una zona para ellos. Los dueños de los boliches aducen que ellos respetan las reglas, pero las reglas no dicen que Pocitos no es zona de boliches, y que mientras esas reglas no cambien, ellos deberían hacer su trabajo en paz, y la Policía ocuparse de lo que pasa en la calle.

LEGALIDAD. La decisión de la Jefatura de Policía obliga a un debate profundo sobre el tema, ya que el decreto 422 no establece mínimos ni máximos, por lo cual pende la amenaza sobre todos los lugares bailables en zonas pobladas, de ser cerrados por cualquier lapso.

La notificación que recibió Mariachi no establece incumplimiento de ninguna norma para la empresa, según establece el abogado Marcello Franco, abogado en la causa de Mariachi. "Simplemente nos anuncian que el boliche queda cerrado por un mes, de acuerdo al decreto 422/80".

Para que eso sucediera, Jefatura tuvo en cuenta denuncias y firmas de vecinos, que describen todo tipo de inconductas en las cercanías: gritos, peleas, música desde los autos, destrozos de todo tipo en comercios y casas particulares, invasiones de domicilio para defecar y orinar en los jardines, insultos y amenazas a los vecinos, espectáculo que se repite de manera constante durante todos los fines de semana, durante la madrugada.

Ante esa situación, Jefatura recibió los descargos de Mariachi, a los que no hizo lugar, y ordenó el cierre por un mes. La Cámara Uruguaya de Comercio se mostró preocupada por la medida, que "deja en peligro a todas las discotecas que estén en lugares poblados", según una fuente de la Asociación

Por esa razón, la Cámara solicitó una reunión con el Ministerio del Interior, que se celebrará el martes. Allí, los bolicheros tratará de llegar a un acuerdo de paz con el Ministerio, aunque el titular de la cartera, Guillermo Stirling, anunció su voluntad de "actuar con firmeza contra la violación de las normas".

Mariachi presentó una acción de amparo contra la decisión en el juzgado civil de 8º turno. El recurso fue admitido y el juez actuante deberá fijar una audiencia para la semana que viene y actuar en consecuencia. Si se admiten los argumentos de Mariachi, en el sentido de que la medida es "arbitraria y manifiestamente ilegal" se permitirá la continuidad de Mariachi. De lo contrario, la sanción seguirá vigente.

CONFLICTO. Pase lo que pase, el conflicto está planteado y mantendrá su dureza hasta tanto no haya una normativa clara sobre la ubicación de los boliches nocturnos. El ministro Stirling dijo a el País, en una entrevista publicada el 11 de mayo pasado: "Creo que está faltando una normativa municipal que establezca que todos los locales nocturnos se ubiquen en lugares que no afecten la paz social".

El ministro adelantó, asimismo, que se prepara una ofensiva contra las violaciones de distintas disposiciones legales cometidas tanto por los centros nocturnos, como por los "24 horas" que expenden bebidas alcohólicas.

"Nuestra posición no es ni más ni menos que compatibilizar la actividad comercial con el derecho de los vecinos al descanso", argumentó el ministro Guillermo Stirling. "No somos partidarios de decisiones radicales que perjudiquen al comercio, pero tenemos la obligación de actuar a partir del planteamiento que nos hacen llegar centenares de personas que denuncian o nos hacen llegar quejas", sostuvo.

Al ser consultado sobre el caso concreto de "Mariachi", Stirling indicó que hay aspectos que serían derivados para el estudio de la Dirección General Impositiva y del BPS. "Lo único que pretendemos es que se cumpla con las disposiciones del decreto que los representantes de Mariachi se han empeñado en denostar aduciendo que se trata de una norma de la dictadura, pero que parecen olvidar que aún está vigente", dijo Stirling.

El próximo 27 de mayo el secretario de Estado se reunirá con los propietarios de discotecas y pubs, así como con las autoridades de la Asociación Comercial. De todas formas el ministro Stirling anticipó su voluntad de actuar con firmeza ante violaciones de las normas.

En tal sentido, fuentes ministeriales informaron que los asesores letrados de la Secretaría vienen estudiando todas las disposiciones vigentes que regulan el expendio de alcohol y, en particular, las que rigen para el funcionamiento de los comercios que funcionan las 24 horas.

Las mismas fuentes indicaron que, una vez que se analice el cuerpo de normas vigentes, se piensa actuar con rigor contra aquellos expendedores de alcohol "que han persistido en infracciones reiteradas que han terminado en multas y también se podrían aplicar medidas de clausura".

Entre tanto, los responsables de Mariachi hablan de falta de garantías para ejercer su negocio, dicen que hay 50 familias que dependen del trabajo en Mariachi y que la suspensión por un mes es una forma de liquidar al local.

El ministro fue interrogado acerca de si descartaba acciones directas contra los jóvenes que incurren en malos comportamientos y respondió que eso no está al alcance de las fuerzas policiales: "Tendríamos que estar movilizando centenares de policías, que, lamentablemente, no tenemos, para controlar de jueves a domingos".

La solución, según Stirling, es "cortar la oportunidad de que se generen estos problemas, y que los propios titulares de los locales comerciales sean los responsables de que su negocio no altere la paz social".

José Cardelino vive frente al boliche Mariachi y no puede cree lo que le pasa las noches de cada fin de semana. "Tengo un murete y entonces entran a defecar, orinar y hasta tener relaciones sexuales, adentro de mi propiedad. Botellas, vidrios rotos y vómitos por todos lados. Eso lo encuentro después de una noche en la que no pude dormir, por culpa de las peleas, los gritos y la música", afirma.

Cardelino vio cómo desfilaban las distintas discotecas en el local: "fue La luna y después Quetzal. Mariachi empezó disfrazado de restaurante; después lo convirtieron en un manicomio".

Las palabras infierno, delirio, manicomio, son de uso común de los vecinos. "Yo sólo denuncio cuando aparece sangre en mi casa", asegura Cardelino, quien afirma que "no se puede dormir ni con algodón en los oídos".

El vecino agrega que otro de los problemas es la violencia con que lo enfrentan: "No les vaya a decir nada porque la va a pasar muy mal", aconseja a quien pase por ese trance.

Mirta Crespi (57) se ha especializado en la lucha contra boliches nocturnos, y está en contacto con otros vecinos de distintas zonas de Pocitos: "Clausuramos a seis y sin embargo sigue siendo difícil dormir", señala

Crespi explica que la hora pico son las 3 de la mañana, "porque a esa hora les hace efecto la droga". Se refiere a jóvenes que "salen en estado de delirio y destrozan todo lo que encuentran, insultan, se pegan entre ellos y entran a los jardines de las casas, como si entraran al baño".

Según Crespi, "la Intendencia creó un monstruo" y aconseja que nadie sea indiferente a lo que pasa en su barrio, porque "nadie está libre de que al lado de su casa le pongan un local de éstos".

422/80. Es el decreto que permitió el cierre de Mariachi. Se refiere a que la Jefatura de Policía puede cerrar un local nocturno, "si se comprueban alteraciones del orden público o cualquier otra perturbación que afecte la tranquilidad de las inmediaciones". El decreto no establece mínimos ni máximos. En el caso de Mariachi, Jefatura entendió prudente cerrarlo por un mes.

DESCARGOS. Los dueños de Mariachi sostienen que hacen todo lo que pueden para evitar desmanes fuera del establecimiento, como no dejarlos salir con vasos ni botellas, y tratar de seleccionar la gente que entra, pero que no pueden prevenir ni reprimir lo que sucede afuera.

DENUNCIAS. El comportamiento de quienes salen del boliche, e incluso de quienes ni siquiera entran sino que están en las inmediaciones "agitando" durante toda la madrugada, deja mucho que desear. Los vecinos empezaron a ver cosas que nunca antes habían presenciado en toda su vida: "La que me rompió el portón a mí, no estaba borracha. Yo, que veo "El clon", sé que estaba drogada. Tenía esa forma de comportarse, y lo que me decía mientras rompía el portón, es impublicable", cuenta Rosa, de 70 años.