El Gobierno argentino tachó hoy de "terrorismo sanitario" una medida judicial que deja a las mujeres del país sin la posibilidad de comprar anticonceptivos y anunció que agotará todas las instancias para lograr una revocación.
El ministro de Salud, Ginés González García, reiteró hoy sus críticas al "insólito" dictamen de la jueza Cristina Garzón de Lascano, que en una medida cautelar prohibió el jueves la fabricación y venta de productos o dispositivos anticonceptivos por considerarlos abortivos, a partir de la demanda de un sacerdote.
La magistrada de Córdoba (centro del país) ordenó también la destrucción de todas las existencias almacenadas de esos productos.
La decisión de Garzón de Lascano, la "jueza talibana", como la califica un diario, afecta a un 97 por ciento de los métodos anticonceptivos disponibles en Argentina, incluidos todos los medicamentos a base de estrógenos y los dispositivos intrauterinos.
Para el ministro, prohibir los estrógenos, que son utilizados por más de dos millones de mujeres en el país, es "terrorismo sanitario" y puede producir una "catástrofe".
"Las drogas que figuran en el fallo son estrógenos, que son lo que producen los ovarios, que no sólo se usan como anticonceptivos sino que para muchas otras patologías, como infertilidad", señaló.
El ministro, que es uno de los dos integrantes del gabinete de Eduardo Duhalde que seguirá en el puesto después de que asuma Néstor Kirchner, el próximo domingo, anunció que presentará "todos los recursos de amparo necesarios para que la Justicia no deje pasar una cosa tan absurda y modifique este dictamen".
La decisión judicial produjo satisfacción el sacerdote y abogado Fernando Altamira, que en nombre de una fundación católica presentó una demanda ante la jueza, conocida porque en su día se opuso a la nueva ley de Salud Reproductiva de Argentina.
Mientras Altamira se felicitaba de que Argentina se coloque así "a la vanguardia de la lucha contra el aborto", organizaciones e instituciones de mujeres protestaron hoy, en algunos casos en las calles, por la prohibición dictada por Garzón de Lezcano.
El diputado nacional y candidato a gobernador de Córdoba por el socialismo, Eduardo García, señaló que estudia la posibilidad de impulsar el enjuiciamiento de la jueza.
"Creo que la jueza está más relacionada a una concepción moral parcial que al rigor de la ley. Entonces me parece que no está en condiciones de ejercer su función, porque abarca al conjunto de los argentinos", razonó García.
También desde el ámbito científico se levantaron voces en contra de considerar abortivos a los distintos métodos utilizados para la anticoncepción, como la del ginecólogo Enrique Lastreto, de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia.
"Es un fallo insólito, increíble, absurdo", manifestó el ministro de Salud, quien se mostró indignado por "estas medidas increíbles (que se dan) por pedido de asociaciones extremistas religiosas" y sin haber consultado con especialistas médicos. EFE
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