Economía solventará gastos para investigación del Comercial

El ministro de Economía Alejandro Atchugarry se puso a disposición del Poder Judicial para solucionar los inconvenientes que puedan surgir por falta de rubros en la investigación judicial por la estafa del ex Banco Comercial.

Según lo informó a El País el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, Atchugarry envió una carta al juez José Balcaldi por medio de la Suprema Corte en la que le informó que si hace falta dinero, el Ministerio lo pondrá.

En medio del déficit por el que atraviesa el Poder Judicial —sin recursos para elementos básicos como papel o tinta—, el costo que implica este tipo de investigaciones como la necesidad de contratar peritos especializados y traductores, resultan imposibles de costear.

Así lo dijo ayer el juez de la causa, quien afirmó que el Poder Judicial no tiene dinero para pagar los traductores que harán falta para librar las órdenes de captura internacional y para citar a los accionistas extranjeros. No obstante fuentes oficiales dijeron a El País que el gobierno tiene un especial interés en que las investigaciones sobre los bancos liquidados avancen.

Agregaron que existe un "interés compartido" con la justicia porque el gobierno ve detrás de las resoluciones de los casos la posibilidad de iniciar acciones civiles y cobrar indemnizaciones por las maniobras contra el Estado.

Balcaldi, que procesó el domingo a siete personas vinculadas a las maniobras económicas que le costaron al Estado y al sistema financiero uruguayos 600 millones de dólares, deberá librar las órdenes de captura internacional y exhortos a las autoridades judiciales de Estados Unidos, Alemania y Suiza.

La fiscal Cristina González solicitó al magistrado que cite a declarar a los directores de los bancos accionistas de Briam O‘Neill, de J. P. Morgan, Holger Sommer, de Dresdner Bank y David Mulford del Credit Suisse. Esos escritos deberán ser traducidos a los idiomas de cada país.

Balcaldi dijo que esos exhortos no pueden ser enviados en español y que se necesita pagar por lo menos dos traductores y que el Poder Judicial no podía hacer frente a esos gastos.

Esos problemas también surgieron cuando fue necesario contratar a los peritos encargados de hacer la pericia contable del antiguo Banco Comercial.

El Banco Central, por ser la entidad denunciante, se comprometió a pagar hasta U$S 10.000 por el trabajo que fue encomendado a los contadores Miguel Navajas, Júpiter Pérez y Héctor Prieto.

Balcaldi dijo que el pago a los peritos se va a concretar una vez que el BCU esté en condiciones de hacer frente.