¿Otra más?

HACE alrededor de tres años, saltó a la atención y a la inquietud públicas el tema de la contaminación por el plomo en distintos barrios de Montevideo. Había zonas que aparecían como particularmente castigadas por el problema, como era, por ejemplo, la importante barriada de la Teja, y las de algunos de los asentamientos irregulares, que habían desmesurado su crecimiento, empujados por las penurias del país, y por el descontrol del gobierno comunal.

Se tomaron algunas medidas, se hizo el traslado de algunas familias, pero en verdad el tema de la contaminación por el plomo, y de los asentamientos, que por momentos parecieron ocupar un puesto destacado en las prioridades, tanto del gobierno como de la Intendencia, para los cuales se contaba con un importante préstamo del BID, se ha ido deslizando a una suerte de resignado fatalismo.

SEGURAMENTE que a ese andar cansino para resolver problemas que apremian, además de ser el característico de nuestra burocracia, se han ido agregando las crecientes apreturas financieras que terminaron por llevar también a este empeño que debía ser impostergable, ese viento de parálisis que ha detenido la realización de obras que el país requiere con urgencia. Hace más de un año fue remitido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente un proyecto de ley destinado a la creación de un Fondo Nacional de Tierras, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda, con las necesarias garantías tanto para el ocupante, futuro propietario, como para la sociedad, iniciativa que no ha llegado al plenario parlamentario, y creemos que tampoco se ha avanzado en su discusión en la comisión.

Dentro de ese panorama frustrante hay sin embargo hechos que aun con esas condicionantes están más allá de toda explicación racional. Uno de ellos, —del que dimos amplia información— es el de las desventuras que padecieron unas ciento y pico de familias en la zona de la Teja, por más que parece que ahora están en vías de finalizar. Como donde están viviendo tienen un elevado índice de contaminación por el plomo, hace aproximadamente dos años, la Intendencia compró un predio suficientemente amplio, como para alojar allí, en las construcciones que habría de hacer el Ministerio, a todos los grupos familiares que estaban muy apremiados ante aquella amenaza.

EN el correr de los meses, ante la inevitable demora que imponían las cada vez más graves estrecheces financieras, y la sospecha, casi increíble, que el costoso predio, en donde habrían de alojarse todas aquellas familias, estaba a su vez contaminado por el plomo, el Ministerio de Vivienda sólo pudo alojar, en otro lugar, y no en aquel predio, a veinticinco de las ciento veintiocho familias, es decir, algo menos del diez por ciento.

El caso es, que a más de dos años, la gran mayoría de las personas que debían ser prontamente reasentadas no lo han sido todavía. De acuerdo con la información que brindamos, el Ministerio de Vivienda, en breve plazo, alojaría a las pacientes y desesperanzadas familias, en un complejo habitacional cercano al terreno comprado por la comuna. Así terminaría este largo deambular de expectativas, cada vez menores, cuanto más desmayaba la esperanza.

SI bien parece que en el correr de poco tiempo finalizará esta pequeña historia que tanto refleja una realidad nacional más amplia, quedará por dilucidar lo del vasto predio de Nuevo París que se ha pagado, demasiado bien, y que no ha servido hasta ahora, según parece a las finalidades por las que fue adquirido. Porque en este drama de tantas familias, amenazadas por la contaminación de plomo, ya es bastante que se deslicen la modorra, las dificultades financieras, los trámites lentos y engorrosos de las licitaciones, como para agregarle a todo ello gruesos errores, que además de quitar transparencia a la operación, provocan graves perjuicios tanto a la confianza de la gente, como en este caso, a las finanzas de la propia comuna.

LA adquisición de ese predio fue en efecto, objeto de severos cuestionamientos en el momento en que se hizo. Tanto en la Junta Departamental como en las declaraciones del Ministro de Obras Públicas en las que se objetaba, tanto la elección del predio, como el elevado precio de 390.000 dólares que se pagó por él, cuando en Catastro tenía una tasación de escasos 119.000 dólares. Es una diferencia de precio que más que triplica el valor catastral, sin que sea argumento el decir que las tasaciones de esa oficina suelen ser bajas, porque esta vez la diferencia es demasiado grande. Pero no fue sólo el valor del predio lo que fue objetado con toda razón en la Junta Departamental, sino que además se señaló que los grandes desniveles del terreno, y la cañada que lo atravesaba, requerían inversiones de infraestructura de varios cientos de miles de dólares. Lo que todavía era peor es que ya entonces se advirtió que el costoso predio estaba también contaminado por el plomo. Sobre este punto también recayó el silencio y la sombra.

Esta operación vidriosa pretendió dar respuesta a un tema de hondo contenido social, aunque no sirvió para ello. Parece una grave irregularidad más de las que ha caracterizado a un historial administrativo que ha andado a los trompicones con su cristalinidad.