Todo indica que el Estado debería adjudicarle una primera prioridad a las relaciones exteriores que tienen como objeto a los recursos, los usos y el medio ambiente de los espacios acuáticos sobre los cuales ejercemos soberanía o derechos de soberanía. Especialmente con la República Argentina. Con este país hermano compartimos dos grandes cursos de aguas, el río Uruguay y el Río de la Plata. Además la zona económica exclusiva y la plataforma continental de nuestro país son adyacentes a las de la Argentina.
Las relaciones entre los dos países en todo lo referente a la delimitación, administración y aprovechamiento racional de esos tres espacios, se encuentran reguladas por acuerdos internacionales suscritos en 1961 (Tratado de Límites en el Río Uruguay), 1973 (Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo) y en 1975 (Estatuto del Río Uruguay). Existen pocos países en el mundo que hayan logrado, de común acuerdo y en armonía, crear una estructura de normas y de organismos binacionales con cometidos y competencias tan amplia y completa.
La vital importancia de aquel marco jurídico e institucional parecería ser innegable. Sin embargo, el senador Carlos Garat ha revelado un dato sorprendente. Durante la hora previa en el Senado, explicó que la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo se encontraría en serias dificultades para funcionar, incluso se habla de cerrarla, por falta de los aportes que los dos Estados miembros.
Esa noticia seguramente causará una considerable preocupación, entre otros, en el sector pesquero. La Comisión Técnica Mixta es uno de los dos organismos binacionales creados por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Funciona desde 1976 y su sede se encuentra en Montevideo. Sus cometidos incluyen la conservación y administración de los recursos pesqueros en la Zona Común de Pesca compartida por Argentina y Uruguay, así como la protección del medio ambiente en esas aguas.
Aceptar que la Comisión decaiga y cierre, como parecería estar sucediendo, significa perder el rumbo en un área crítica de nuestras relaciones exteriores, desconocer los fundamentales intereses marítimos de los uruguayos y minar el producto de décadas de paciente y laboriosa política exterior.