Fiscal pidió el cese de las actividades

El fiscal civil Enrique Viana solicitó a la jueza Elizabeth Anzuberro que ordene la cesación definitiva de las actividades industriales de Dirox y que se conforme un fondo de garantía que sirva para asegurar la recomposición del medio ambiente afectado.

En la demanda que también comprende al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el magistrado pidió se las obligue a dejar de operar bajo apercibimiento de 900 U.R. para cada uno de los demandados y por cada día de incumplimiento a partir de la sentencia.

Viana fundó su demanda en el mandato constitucional de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente y en que existe una sentencia de 1997 redactada por un tribunal de Génova (que mandó pedir) que condenó a los responsables de la Stoppani, empresa del mismo grupo que Dirox por contaminación ambiental y por la muerte de un trabajador.

Al respecto, Carlos Lorenze —vocero de Dirox—, dijo que los métodos de producción de la empresa "no tienen nada que ver con la fábrica italiana".

En la demanda, Viana cuestionó los planteamientos ambientales de la empresa entre los que mencionó: "la toxicidad de emisiones atmosféricas, la manipulación interna de sustancias químicas altamente peligrosas, contaminación de suelos, aguas subterráneas y pluviales y por escurrimientos y purgas, contaminación sonora, desencadenamiento de los residuos industriales (tanto lodos industriales como los desechos sólidos)".

Viana afirmó en su escrito que la producción da origen mensualmente a unos 15 metros cúbicos de lodos industriales, lo cuales se encuentran compuestos por sales inertes, resultantes del proceso de recuperación de butanol.

El magistrado agregó que "en dicho fango se ha verificado la presencia de una importante proporción de cromo trivalente".

"La peligrosidad de tal residuo está en su alta solubilidad: ella puede dar lugar a un lixiviado (sustancia soluble derivada) en el que el cromo adquiere gran concentración y consecuentemente aumenta su toxicidad", analizó el fiscal.

Viana señaló el inconveniente de que la planta se haya instalado en una región del país nítidamente dedicada a la producción agrícola y sobre el llamado Acuífero de la Formación Raigón, principal recurso de aguas subterráneas con que cuenta el departamento de San José.

"Parece obvio pero hay que decirlo, no condice con un país natural que se lo convierta en un basurero industrial", dijo Viana. Y preguntó: "¿De qué país natural podrá hablarse si sus terrenos se irán transformando en pisos de basura tóxica encapsulada y proveniente de una industria foránea injustificadamente asentada en el territorio nacional?", afirmó.