Sin descanso

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Eduardo Barreneche

Tengo tres hijos muertos. A dos de ellos puedo llevarles una flor. De mi hijo Víctor no me quedó nada", dijo a Qué Pasa la madre de Víctor Taborda, Santa Dela González. "No tengo sus restos porque la intendencia entregó sus cenizas a otra familia".

González, quien recibe ayuda psiquiátrica para sobrellevar la muerte de tres hijos, le inició una demanda civil a la comuna de Montevideo por 155.000 dólares reclamando daños y perjuicios.

Es uno de las trámites judiciales e investigaciones internas que tienen en su centro a la Dirección de Necrópolis de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). La oposición en la Junta Departamental es la que ha aglutinado las denuncias, y algunos ediles saborean lo que ellos llaman "el caso Bengoa de la administración Ehrlich". Por ahora esa percepción parece exagerada pero las inquietudes están siendo investigadas por la propia comuna.

El hijo de Santa Dela González, Víctor Taborda, falleció el 26 de marzo de 2002 tras una larga convalecencia en el Hospital Maciel por un cáncer linfático. En cuatro años, Santa perdió a tres hijos: Víctor y Waldemar por el mismo tipo de cáncer y Sonia tras un accidente de tránsito.

El 2 de enero de 2007 Víctor fue cremado pero de acuerdo a su madre, sus restos los entregaron a otra familia.

Rafael González, hermano de Santa Dela, recordó que el cuerpo de su sobrino no fue encontrado y advirtió que los funcionarios del Cementerio del Norte lo quisieron engañar mostrándole el cadáver de un sexagenario.

Una investigación interna iniciada por el gabinete municipal le dio la razón: un funcionario reconoció haber cometido ese error y fue sancionado. Quien dirigía el Cementerio del Norte cuando ocurrió el incidente, Richard Burgos, ahora está a cargo de todo el servicio de necrópolis de la IMM.

"Ya no se puede hacer más nada de lo que está hecho. El funcionario que cometió el error fue sancionado, trasladado y luego reubicado", dijo Burgos a Qué Pasa.

Según el jerarca municipal, antes de la cremación de Taborda, la familia pidió prórroga por una situación económica ya que tras vencerse las fechas de estar el cuerpo en el sepulcro, se debía proceder a su inhumación. La comuna accedió a esas peticiones.

"Pese a que era yo el director de ese cementerio, fue la dirección de aquel entonces de los cementerios que dio la autorización para que el cuerpo quedara un tiempo más sin cremar", expresó.

Burgos dijo que desconocía que la familia Taborda iniciara una demanda civil contra la intendencia porque la investigación sobre ese caso se encuentra en el Departamento Jurídico.

EXTRAVIADOS. Hace ya más de 16 años Jorge S. reclamó a la comuna capitalina la propiedad de seis sepulcros en el Cementerio Central.

El expediente, que hoy se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue iniciado en 1992 y desde entonces ha venido circulando por varias reparticiones municipales.

Según Jorge S., en uno de los trámites un jerarca municipal le solicitó que le entregara los títulos de los panteones para analizar su autenticidad.

En el expediente, al que tuvo acceso Qué Pasa, el jerarca reconoce que se "han extraviado" o "traspapelado" los títulos de los seis sepulcros y que no recuerda dónde los dejó.

Un documento fechado el 1° de setiembre de 1995 y con el membrete de la IMM señala que Jorge S. "deposita voluntariamente en esta Administración los títulos originales de los siguientes bienes funerarios: Sepulcros 726, 727, 747, 748, 754 y 755, fechados todos en 1850 (…) La documentación expresada queda en poder de la División Espacios Públicos y Edificaciones para su cotejo a nivel del Servicio de Necrópolis".

Allí quedó. Jorge S. denunció que pese a que su familia es propietaria de esos panteones desde 1850, al frente de los mismos ahora figuran otros titulares. La comuna le niega la propiedad de esos seis sepulcros aunque en dos de ellos se encuentran enterrados sus padres. La intendencia, dice, le ha permitido abrirlos y realizar tareas de refacción en dos de ellos. Según el expediente, el municipio también le autorizó a abrir los otros cuatro panteones, donde se encontró "vieja basura cadavérica y algunos restos dispersos" sin chapa.

Una escribana de la IMM sugirió a Jorge S. que utilizara el método de Carbono 14 para probar que allí se encontraban familiares suyos. No lo hizo. En el escrito se deja constancia que afuera de por lo menos dos sepulcros reclamados "había posteriores inscripciones" de otros titulares. Allí figuraban como propietarias otras personas que no tenían ninguna vinculación familiar con el denunciante.

El 22 de febrero de 2008 el asesor jurídico de Acondicionamiento Urbano, Omar Aizpun, informó a la directora de ese departamento que "de la documentación aportada por el interesado, así como de las inspecciones realizadas en la citada necrópolis, no surgen elementos que permitan acreditar la posesión de los referidos bienes funerarios. Cabe considerar que respecto del nicho 747 surge de los registros que se halla inhumado Roberto S. (padre del denunciante), pero ese hecho no comprende el período de 45 años para prescribir bienes funerarios".

Sin embargo, el funcionario no menciona en el documento el motivo por el cual un familiar directo del reclamante se encuentra enterrado en uno de los sepulcros demandados.

El 2 de abril el edil de Vamos Uruguay, Fitzgerald Cantero, solicitó en la Junta Departamental una comisión investigadora para que analice la pérdida de documentos por parte de funcionarios municipales.

TITULOS FALSOS. Hace dos semanas la intendencia inició una investigación administrativa en Necrópolis tras surgir acusaciones desde la Junta Departamental a funcionarios por vender panteones en forma ilegal.

La denuncia, que fue presentada a mediados de febrero de este año por el edil nacionalista Daniel Graffigna, señala que las maniobras se realizaban desde 1994 en los cementerios del Buceo y Central. Los panteones eran vendidos con títulos falsos por sumas que oscilan entre los 24.000 dólares y 28.000 dólares, dijo el edil. En tanto, los nichos se cotizaron entre 8.000 dólares y 12.000 dólares, agregó.

El curul nacionalista también aportó a la Junta Departamental un documento sobre un panteón del Cementerio Central en el que debería haber 16 cuerpos y se encontraron 32.

Graffigna se basó en el testimonio de una persona que reparaba los panteones que luego eran vendidos en forma ilegal. Además, el legislador comunal informó que dos ex funcionarios de Necrópolis le prometieron más datos sobre las ventas ilegales de bienes funerarios.

Este mismo informante, que prefirió el anonimato, dijo a Qué Pasa que la maniobra fue orquestada por "un escribano municipal que trabajó en el Servicio de Escribanía de la IMM, donde se efectúan los movimientos de titulares por ventas de nichos y panteones". Agregó que el profesional cumplía con un procedimiento por el cual primero copiaba en un diskette todos los datos de los panteones y nichos, y con esa información sabía cuáles adeudaban tributos y cuáles no tenían movimiento alguno (entierros o inhumaciones) desde hacía 50 años.

Luego se dirigía hacia los cementerios Central o de Buceo y buscaba panteones o nichos con señales de estar abandonados.

Tras seleccionarlos, el notario presuntamente creaba un documento notarial fraguado en el que "inventaba que una persona, radicada en la Argentina o en Venezuela, se había presentado reclamando la propiedad de los mismos. Además, se hacía un poder general para que él mismo pudiera enajenar ese bien".

Antes de concretar la venta del panteón o del nicho, el escribano aparentemente se contactaba con un funcionario de Necrópolis para que sacara los cuerpos que allí se encontraban.

"(El profesional) le daba algunos pesos y le pedía que le vaciara tal panteón o nicho del Cementerio del Buceo. Nunca se tiraban los restos. Estos se ponían en otros nichos de los que el escribano se había apoderado", contó la fuente.

"Tenía una escribana cómplice, que también trabajaba para la intendencia, que le facilitaba el engaño. Inclusive le hizo trabajos a ese profesional para que pudiera vender mejor los panteones y nichos", agregó.

Graffigna también recibió denuncias de propietarios de nichos y panteones que sospechan que existen cuerpos dentro de los mismos que "no pertenecen a su familia". "El descontrol" en los cementerios "es grande", sentenció.

El edil blanco señaló que acordó con autoridades de la IMM que se inicie una investigación administrativa en base a las actas taquigráficas de una sesión de la Junta donde se trató el tema. El trámite demoró tres meses en llegar a la comuna capitalina.

"Aportamos nombres de cuatro funcionarios involucrados. También tenemos identificados 28 nichos y panteones. Los cementerios afectados o bajo sospecha son el del Buceo y el Central. Recibimos información de que en el Cementerio del Norte podría pasar lo mismo", explicó Graffigna.

Al igual que el edil colorado Fitzgerald Cantero, Graffigna dijo que realizará una denuncia penal si no le satisfacen los resultados de la investigación administrativa de la comuna.

INCUMPLIMIENTOS. Cantero también acusó a la intendencia de haber entregado panteones a empresas fúnebres a precios tasados por debajo de los fijados por el Servicio de Catastro y Avalúo. Advirtió que varias firmas incumplieron las contrapartidas acordadas con la comuna capitalina.

A juicio del legislador municipal, hay una gran similitud entre las políticas de Casinos Municipales impulsadas por el ex director Juan Carlos Bengoa en la administración Arana y los acuerdos concretados en Necrópolis con firmas privadas durante la administración Ehrlich.

En Casinos, dijo Cantero, "se creó un equipo para elaborar una nueva estrategia de negocios y así contrarrestar la posición ganada por los privados; se dejaron sin efecto licitaciones que se encontraban en curso y se suscribieron contratos con arrendadoras de slots; hubo conversaciones previas directas y reservadas con los empresarios y no hubo análisis para saber si el precio pagado era adecuado o ventajoso para la intendencia". Cantero ve muchas similitudes con lo que ahora se denuncia en Necrópolis.

Según el edil opositor, el 11 de diciembre de 2008, durante una interpelación al intendente Ricardo Ehrlich, Hyara Rodríguez expresó en la Junta Departamental que esta política de convenios surge como respuesta a la proliferación de cementerios privados fuera del departamento de Montevideo. Por eso, agregó, "se firmaron varios contratos directamente" para la construcción de hornos crematorios, reparación de escaleras, auto-elevadores y caminería, entre otras obras.

Al igual que en Casinos, insiste Cantero, "también existieron conversaciones directas, previas y reservadas". Puso como ejemplo las ofertas presentadas por los hornos crematorios donde se encabezan las propuestas señalando "de acuerdo a las conversaciones mantenidas".

El edil colorado dijo que la propia División Jurídica de la IMM solicitó al Departamento de Acondicionamiento Urbano que la empresa interesada en los sepulcros enviara una nota aceptando dicho convenio. Este escrito, explicó, "es agregado al expediente tres o cuatro meses después. Ni siquiera hubo una presentación oficial de la empresa en dicho documento".

Tampoco se sabe cómo la comuna fijó los precios de los espacios aéreos dentro de los cementerios, para destinarlos a la construcción de nichos.

En el convenio con otra firma fúnebre, la sección Catastro de la IMM fijó en 12.000 dólares el precio de cada sepulcro. Sin embargo, la Comisión Asesora de Necrópolis tasó cada unidad en 8.000. Lo mismo ocurrió con otra empresa, pese a que señalaron en el primer negocio que éste no sentaba un precedente.

Cantero también cuestionó la contratación de una empresa de seguridad en el 2007 para el Cementerio del Norte.

"Llama mucho la atención que los fondos disponibles para ese rubro eran 900.000 pesos y la empresa cotice apenas 7.000 pesos debajo de lo que la intendencia disponía para eso. Es muy dudoso", expresó.

La licitación abreviada se refería a que el contrato de esa empresa era por un período de dos meses con una prórroga de otros dos. "No hay ninguna resolución de la IMM que le adjudique a la empresa la seguridad del cementerio del Norte", agregó el edil.

Sin embargo, cuando se le renueva el contrato a los dos meses, sí hay una resolución del intendente Ehrlich pero ésta no hace referencia a la primera adjudicación. Además, después de finalizada la renovación a la empresa de seguridad del Cementerio del Norte, se le renueva el contrato otra vez por otros dos meses y luego, apelando al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), se le vuelve a extender. Éste último finalizaba el 31 de mayo de 2008.

Según Cantero, el 3 de mayo de 2008 la empresa retiró la garantía de la licitación como muestra de que había cumplido con su objetivo. Es decir, la firma habría trabajado casi un mes entero con la IMM sin garantía de real cumplimiento del contrato. Dos situaciones similares vivió la comuna durante la administración Arana: Carmitel -entonces concesionaria del Hotel Casino Carrasco- y la empresa Autoparque siguieron con la concesión sin tener garantías.

Para regularizar la situación de la empresa de seguridad la intendencia realizó un nuevo llamado y otra vez ganó la misma firma.

"Hay varias observaciones del Tribunal de Cuentas por la contratación de esta compañía", dijo Cantero.

Burgos dijo a Qué Pasa que ya "aclaré ese tema" a la Junta Departamental y advirtió que desde que comenzó a trabajar la empresa privada en el 2007 "se eliminaron en un 90%" los robos del Cementerio del Norte. Ello permitió, dijo, distribuir la guardia de los Servicios 222 a los otros cementerios.

IRREGULARIDAD. Con la construcción de nichos en varios cementerios, la IMM le otorgó la propiedad para siempre de los mismos a una empresa privada, según denunció Cantero, quien parece dedicado al tema Necrópolis. El convenio concretado no establece plazo del usufructo.

Tampoco se evalúa la posibilidad que puede ser más ventajoso que los nichos sean construidos por la comuna y que luego se les arriende a las empresas fúnebres tras una subasta pública.

Cantero recordó que el propio servicio jurídico de la comuna advirtió que proyectos de convenios, redactados por el Departamento de Acondicionamiento Urbano para la venta de cuatro sepulcros en el Cementerio del Buceo por 4.000 dólares, no tenían argumentos jurídicos válidos.

"No se sabe cuál es el criterio utilizado por Acondicionamiento Urbano para establecer ese precio", expresó el edil.

El 8 de noviembre del 2005 el director del Servicio de Escribanía de la IMM elevó a Jurídica un informe en el que señala que todos los extremos propuestos por Acondicionamiento Urbano para la firma de ese convenio no se pueden aplicar y que, por lo tanto, el acuerdo que están presentando no tiene un marco jurídico para realizarse.

El expediente, por ejemplo, carecía de una nota de la firma planteando su interés en los panteones y ello fue detectado por el Servicio Jurídico de la intendencia. Poco después, la firma fúnebre presentó una nota manifestando su interés por los sepulcros.

Según Cantero, esta nota fue incluida en la documentación tres meses después de la resolución de Servicio Jurídico pero carece de un documento anexo que demuestre que fue recibida por la IMM. El expediente se derivó a Acondicionamiento Urbano y allí se armó un proyecto de convenio. Este no retornó a Servicio Jurídico para que constatara si las objeciones habían sido cumplidas, sino que fue derivado a la misma división pero de Necrópolis, y de allí regresó a la dirección de Acondicionamiento Urbano.

El 20 de febrero del 2006 la directora Hyara Rodríguez remitió el expediente al sector Acuerdos con el fin de presentar un proyecto de resolución y aprobar el convenio. Rodríguez agregó que éste "fue aprobado por el Servicio Jurídico" de la IMM, recordó Cantero

"Ello indujo a error al intendente y al secretario general del municipio. Porque en realidad el servicio jurídico que lo elevó fue el de Necrópolis. Y no la división jurídica de la IMM", dijo Cantero.

Así el proyecto de convenio con una empresa fúnebre para la compra de panteones municipales subió al acuerdo municipal y allí se estampó la firma del intendente Ehrlich y del entonces secretario General Hebert Ichusti.

Acusaciones de la oposiciones, investigaciones internas y muchas dudas son algunas de las cuestiones que acosan a Necrópolis. Algunos dicen que allí está el talón de Aquiles de Ehrlich, siempre tan de perfil bajo. Y no van a desaprovechar la oportunidad.

Robos de tapas de bronce, letras de nombres de personas fallecidas y floreros antiguos fueron hurtados de los cementerios de Montevideo. La comuna ha advertido en la Junta Departamental que los robos y los ataques vandálicos es una de sus preocupaciones y que, por ello, ha incrementado la guardia policial.

Ediles opositores desconfían de los funcionarios, quienes "nada ven" sobre esos delitos. Desaparecieron, por ejemplo, 60 tapas de bronce del Buceo y no hubo testigos.

La situación es tan crítica que una familia propietaria de un panteón en Buceo colocó rejas para que no robaran una puerta de bronce.

Denuncia. La Intendencia inició una investigación administrativa por acusaciones en la Junta de venta ilegal de panteones.

Defensa. Los jerarcas municipales aseguran haber dado explicaciones a la Junta de las denuncias realizadas.