EL PLAN DEL GOBIERNO

La foto del presidente Luis Lacalle Pou está en una esquina en un amplio despacho en el tercer piso de la Torre Ejecutiva, con vista a la plaza Independencia y al Teatro Solís. El tibio sol de setiembre entra por los ventanales. Acá, en esta oficina, trabaja Conrado Ramos, el exfrenteamplista a cargo de la reforma del gobierno para los funcionarios públicos.

El anfitrión es el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. La mayoría de los despachos están vacíos en este tercer piso justo el día que El País lo visita, porque los funcionarios se fueron a realizar talleres con evaluaciones de su desempeño: “Hay que empezar en casa”, afirma con satisfacción Ramos, un cientista político de 58 años.

Este hombre que hoy trabaja codo a codo con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, ocupó la subdirección de esa misma oficina entre marzo de 2007 y agosto de 2010 durante la segunda mitad del primer mandato de Tabaré Vázquez y en los primeros meses del gobierno de José Mujica. Después se fue: dice que se sintió perseguido y que llegó a integrar una lista negra armada por gente que estaba entonces en Presidencia. Tan dolido quedó que abandonó el Frente Amplio y tiempo después se unió al Partido Independiente.

Pero su cargo actual no es por cuota política, no representa a Pablo Mieres en el gobierno. “A mí me llamó el presidente y me terminaron de reclutar Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, a quienes agradezco el apoyo fundamental que tengo”, dice, consciente que está en un lugar al que no pertenece y que su futuro dependerá de su desempeño y otros imponderables, pero no de compromisos políticos.

A principios de agosto Ramos presentó al presidente y al equipo económico el ambicioso paquete de reformas para los funcionarios públicos, que tiene como una de sus prioridades un cambio en el sistema de carrera. “Estuvimos dos días en una encerrona larga en Suárez chico para interiorizar al presidente y discutir con él las prioridades”, recuerda.

Ramos llama a su secretaria y pide una copia de la versión taquigráfica de su visita a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un día antes de este encuentro. Allí, en ese proyecto, están algunos de las reformas centrales que el gobierno quiere implementar para los funcionarios. Lo más conocido es un sistema de descuentos salariales cuando los empleados faltan por enfermedad para equiparar con el régimen de los privados: eso está en discusión y es probable que haya cambios en el texto final.

Pero el gran objetivo del gobierno vinculado a los funcionarios, dice Ramos, es cambiar la imagen que la sociedad tiene sobre la función pública.

Que recupere su prestigio, afirma. El plan que defiende -y en el cual trabaja, casi como en un consorcio, con OPP, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), el Ministerio de Economía y el comando directo del presidente- está basado en varios pilares.
Quieren reconstruir la carrera administrativa de los funcionarios definiendo perfiles y ocupaciones de los empleados y eliminando las inequidades salariales, un viejo reclamo sindical. A igual función, igual sueldo en todo el Estado.

También quieren que haya evaluaciones por desempeño reales, un paso previo a analizar en algún momento eventuales despidos por bajo rendimiento.

Quieren que al menos el 50% de los jerarcas concursen.

Que se controle la calidad de los concursos y los ascensos.

Que haya un sistema de retiros a partir de excedencias.

Que los funcionarios asesoren al gobierno y participen de las reestructuras.

Ramos habla y cuesta pararlo. Se nota que el tema lo entusiasma, sabe que está ante un desafío grande y que deberá cumplir con lo que se propone. Dice que hay que construir sistemas integrados de información sobre la gestión humana. O sea, tener datos digitalizados donde se sepa qué hace cada funcionario, qué perfil tiene, cuáles son sus tareas, dónde trabaja, cuánto se le paga, qué capacitación tiene, cuál ha sido su vida laboral (desde sanciones a premios), los concursos ganados y cómo ha sido evaluado.

-¿Todo eso no se sabe hoy? Si yo entro a una computadora de esta oficina, ¿no obtengo esa información?

-No... Probá -dice y se ríe manso-. Probá. Lo que se sabe hoy es cuando Servicio Civil publica el registro de vínculos del Estado. Es decir, la cantidad de funcionarios que hay. También en algunas páginas web aparece la remuneración de los funcionarios, no siempre completa.

Ramos dice que, si dirige la oficina que tiene que velar por el desarrollo de la gestión humana, debe saber más de los funcionarios que dirige, qué los motiva y qué les molesta. Y sabe bastante poco. Por eso, buscaron un acuerdo con la University College de Londres para hacer estudios motivacionales. El director de Servicio Civil piensa que lo que desmotiva a los funcionarios son las inequidades salariales, la falta de perspectiva de carrera y no participar en el diseño de políticas: “Al funcionario le gustar estar involucrado en la toma de decisiones y no solo enterarse de lo que el jerarca se plantea”.

-¿Usted plantea que los trabajadores decidan?

-Yo hablo de asesoramiento. No digo que tengan que ser dueños de la decisión. Pero sí poder participar, que sean tenidos en cuenta. Estamos perdidos en un pantano y no nos preocupamos por el desarrollo profesional de las personas, que es a lo que nos deberíamos dedicar.

La nueva carrera, que contemplará un sistema escalafonario distinto, apunta a identificar qué hace cada funcionario, cómo se agrupan esas tareas en una ocupación -como puede ser, por ejemplo, contabilidad y finanzas- y luego valorarla (es decir, ver cuánto se paga). “Eso nunca se hizo, es ambicioso”, afirma. Hoy el 68% de los funcionarios no tiene descripción de su ocupación.

La realidad indica que los sueldos son distintos en la Administración Central, aunque las personas hagan lo mismo. Es un tema que indigna a Ramos y habla de la “irracionalidad” de un sistema basado en compensaciones que se acumulan para subir los salarios. Una lista armada por Servicio Civil identifica 1.268 compensaciones distintas. Desde compensación por asiduidad a “permanencia a la orden” y guardería. Por nombrar tres.

-¿Qué ganan los funcionarios públicos con todo este cambio?

-Equidad salarial, en primer lugar. Es de suyo. Es indignante que un abogado con el mismo grado gane 70.000 pesos más en un ministerio que en otro. El mismo grado para hacer la misma cosa.

-¿En qué ministerio pasó eso?

Ramos se para y busca un papel. No lo encuentra. Revuelve y al rato regresa con el dato: un abogado grado 13 gana 166.000 pesos en el Ministerio de Industria, mientras que un abogado con el mismo grado cobra 93.000 pesos en Ganadería. Otro ejemplo: un técnico universitario grado 11 (“que no sabemos mucho qué hace”) en Industria gana 131.000 pesos y en Ganadería 65.000.

-¿Y por qué necesariamente debería ganar lo mismo un abogado de un ministerio que el de otro?

-Porque hace lo mismo.

-Pero uno puede hacer una tarea más calificada que el de otro ministerio...

-¿Un abogado de DGI hace cosas distintas que un abogado de Catastro? No. Pasa que el abogado de DGI consiguió cosas. Corporativamente no los toques. Tienen unos sueldos allá arriba. Están dentro de la caja, es donde entra la plata. ¿Por qué a un inspector de servicios ganaderos le entra un sueldo que hasta hace poco lo pagaba el frigorífico? ¿Qué es eso? Es un quilombo que no lo entiende nadie.

Estas distorsiones -incluso con horarios que varían entre cuatro y ocho horas diarias- vienen desde hace décadas, dice Ramos. Y repite: décadas. Y se pregunta: “¿Cómo puedo estar acá en la Oficina de Servicio Civil y mirar para otro lado?”.

De hecho, la oficina trabaja en un software desarrollado junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para acelerar la definición de tareas y ocupaciones. Pero, mientras tanto, hoy van a cada ministerio y entrevistan empleado por empleado. Es un trabajo artesanal. Les preguntan qué hacen.

Si hay reclamos o diferencias, habrá concursos de acreditación de competencias. El proyecto es migrar a la nueva carrera en 2021. La idea es que en el futuro el Estado pague lo mismo, por ejemplo, por un auditor en un ministerio u otro. El director de Servicio Civil espera que los sindicatos lo respalden en estos cambios. “COFE está interesado en la equidad salarial: igual función igual remuneración es un reclamo histórico”, dice.

La cara de Joselo López es la que a muchos se les viene a la mente cuando piensan en un funcionario público. Tiene 50 años recién cumplidos y 31 como funcionario público. Es secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), presidente del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) e integrante del Secretariado del Pit-Cnt. En una oficina en la sede de su gremio en Agraciada y Bulevar Artigas, dice a El País que la relación con el gobierno es “muy cordial” y de “respuesta rápida”. Tanto que está sorprendido por la apertura: en lo que va del año tuvo no menos de 10 reuniones en Presidencia. “Pero mantenemos diferencias profundas en algunas casos”, cuenta después.

Una de esas diferencias es la nueva carrera y ya saben que traerá problemas. “Cuando vos trazás la tabla salarial en cada grado, quedará gente por debajo y por arriba. Los que están por arriba, tienen derechos adquiridos”, dice y avisa que van a protestar. “Hay un número importante de profesionales que tienen expectativas de crecer. Está bien ser solidario. Pero ser solidario no es ser boludo”.

En la Torre Ejecutiva, Ramos dice que otro pilar de los cambios que plantea es ir a evaluaciones de desempeño para modernizar la gestión y para eso precisan un diccionario de competencias, estándares claros y gestión por resultado. El sistema funciona así: los líderes evalúan a sus equipos, luego hay que evaluar a los líderes y luego a las jerarquías más altas.

Estas evaluaciones permitirían en el futuro ir a un sistema de despidos por mal desempeño, pero aclara Ramos que primero hay que tener evaluaciones “aceptadas, prestigiosas, entendidas e indicadores conocidos” por todos.
Que se entienda que “no es para castigar, sino para mejorar las brechas de competencia”. Pero, claro, si pasan los años y las evaluaciones no mejoran, “te empiezan a sacar tarjetas amarillas hasta que un día te viene la tarjeta roja”.

El Frente ya lo intentó. El Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, aprobado en el gobierno de José Mujica, estableció que los funcionarios que obtengan evaluaciones insatisfactorias dos veces seguidas y rechacen una recapacitación, serán destituidos. Pero eso nunca se aplicó. “Por suerte no se aplicó porque, con los sistemas de evaluación que había, pudo haber dado lugar a cualquier cosa y lo dije en aquel momento”, reflexiona Ramos.

Hoy se mantienen como causales de destitución la ineptitud, omisión o delito, y, según COFE, hay no menos de 500 casos por año. Pero no existe un plan para sacar la inamovilidad a corto plazo. “Sería poner la carreta delante de los bueyes”, se ataja el director. “Hay quienes dicen que eso no existe porque hoy se destituye a funcionarios. Sí, pero solo si robás, sos drogadicto, cosas inaceptables… El empleado de muy bajo rendimiento no se va más”, admite Ramos y habla de un necesario cambio cultural.

Hay temores, claro. “Los funcionarios esperan que la evaluación se transforme en una nota y están asustados: ¿qué me vas a poner? Pero en principio serán conceptos y serán grupales. Es el grupo el que tira para adelante. Y el propio grupo luego cincha del que no tira parejo”, explica Ramos.

López de COFE, en tanto, dice que apoya las evaluaciones pero recuerda que solo se puede revisar la inamovilidad mediante una reforma constitucional. “Nosotros no le escapamos a ningún tema pero tiene que haber garantías”, afirma el sindicalista.

Otro asunto es el de los concursos: lo habitual es que las jerarquías intermedias sean designadas en forma discrecional. Veamos cifras. Hoy, según datos oficiales, el 83% de los cargos de supervisión en la Administración Central se hizo por designación directa. Esto es, a dedo.

El proyecto de ley de Presupuesto dice que, una vez que se termina la reestructura, las oficinas tiene un año para que la mitad de los cargos jerárquicos concurse. “Eso es complicadísimo para nosotros inclusive porque se propone una revisión de los ascensos. Hay que tomarlo en serio para que no sean palabras lindas que no dan resultados”, dice.

Más cifras. El 90% de los funcionarios de la Administración Central no ha concursado y por lo tanto, no ascendió en los últimos cinco años. El 9,7% sí logró ascender pero lo hizo en su unidad ejecutora. Dentro del inciso está permitido concursar entre unidades ejecutoras pero no pasa. Solo el 0,3% lo hizo.

Otra reforma sobre la mesa es revisar la calidad de concursos y ascensos. ¿Tiene dudas que eso se esté haciendo bien? “Sabemos que se hace bien y mal. Hay de todo. Basta hablar con funcionarios de distintos organismos”, admite el director.

El problema es que el sistema funciona de manera tal que todos los gobiernos quieren hacer ingresar a sus militantes. Pasó con el Frente Amplio y pasa con la coalición. “Hay un incentivo a no reducir los cargos de confianza y a no dejar abrir espacio a la alta dirección pública profesional. La financiación de los partidos no debería reposar en una parte significativa en los sueldos de los cargos de confianza”, afirma Ramos. Eso, a su juicio, atenta contra la profesionalización de la función pública. Es un debe del sistema político, para “no vender espejitos de colores”.

El proyecto de Presupuesto también establece una suerte de bolsa de funcionarios declarados excedentes y que podrán ser redistribuidos. ¿Cómo funciona? Cada inciso hará reestructuras y después de eso algunos empleados pueden ir “a disponibilidad”. Si pasa un año y no ocupan nuevos cargos, ingresarán a un régimen de retiro o readecuación funcional. En este caso deben ir a una capacitación. Si no la pasan, estarán obligados a abandonar definitivamente la función pública.

Ramos le quita trascendencia a este cambio. “Estamos incorporando todas las ideas pasadas de reestructuras y declaraciones de excedencias, que ha habido en todos los gobiernos, inclusive manteniendo ideas, como recapacitar a aquellos que no han sido redistribuidos pasado un año”, dice Ramos. Y asegura que eso ya estaba en una Rendición de Cuentas del primer gobierno de Vázquez. “Yo intervine en la redacción de eso”, cuenta.
¿Qué cambia entonces? “Desde el punto de vista de las garantías, nada. Podríamos decir que es un plagio”, se ríe. Lo más novedoso, a su juicio, son incentivos jubilatorios a los mayores de 63 años declarados excedentes.

Joselo López, de COFE, dice que tiene serias dudas de que todos estos cambios ambiciosos se puedan concretar. El Frente Amplio ya habló de “la madre de todas las reformas”, pero al final los cambios fueron pocos. Muy pocos.

-El riesgo es que todo esto quede en un papel muerto y nunca se aplique. Lo tiene claro, ¿no?

-Cuando evalúen a este gobierno se tendrá en cuenta si fue una intención lírica más desde un escritorio -responde Ramos-. O si en realidad tuvo efecto el trabajo conjunto.