EL 40% TIENE PARIENTES EN EL SISTEMA

La gran familia de la educación

De 17 autoridades de la educación, hay siete con familiares trabajando dentro de ANEP. Algunos son docentes, otros ostentan cargos de confianza. El caso más polémico es el de la esposa de un sobrino de Celsa Puente, relevada del cargo esta semana tras la salida de la exjerarca.

El 40% de las autoridades de la educación pública tiene familiares trabajando dentro del sistema. Hay hijos, concubinos, hermanos, primo, consuegro y hasta esposa de sobrino. Algunos son de carrera y entraron al sistema hace muchos años. Otros van de la mano del jerarca pariente pasando de oficina en oficina, según el cargo que este ostente. El caso más polémico es el de una funcionaria que habiendo ingresado a Secundaria hace menos de un año, lo hizo con un sueldo más grueso del que puede cobrar un profesor con 25 años de carrera.

Los datos se desprenden de un pedido de acceso a la información hecho por El País a Primaria, Secundaria, UTU, Formación Docente y Codicen. De un total de 17 consejeros, hay siete que tienen parientes en el sistema. Los cuatro organismos, entre profesores, directores, adscriptos, jefes de área, administrativos, y un largo etcétera, cuentan con un total de 60.000 funcionarios, que completan más de 90.000 vínculos laborales. Esto se explica porque, por ejemplo, si un funcionario trabaja en dos dependencias —como es el caso del hijo del presidente del Codicen, Wilson Netto, que da clases en una escuela y también en UTU— se le cuentan dos vínculos laborales.

Celsa Puente, la exdirectora del Consejo de Educación Secundaria (CES), que fue obligada a abandonar el cargo luego de tomarse una semana de vacaciones más de lo que le habían asignado, contrató en agosto de 2017 a la esposa de su sobrino —información que fue adelantada semanas atrás por el programa de televisión Santo y Seña. Según el pedido de acceso hecho por El País, la joven ingresó con un sueldo de $ 64.161, sin antes haberse desempeñado en ninguna otra dependencia de Secundaria. Esto es el doble de lo que gana un profesor de liceo recién titulado, que son $ 29.142; y aún más de lo que percibe uno con 25 años de actividad, que son $ 47.960.

La respuesta de Puente a El País señala que quien era su "secretaria privada (…) ingresó a la administración en el escalafón R". Según establece el artículo 114 del Texto Ordenado de Normas Sobre Funcionarios Públicos, este "comprende los cargos y funciones cuyas características específicas no permitan la inclusión con los otros escalafones o hagan conveniente su agrupamiento a juicio de la Comisión Nacional del Servicio Civil". En criollo: se trata de cargos de confianza, contratos atados a la autoridad de turno.

Liberaron los datos ya en los descuentos

El País pidió la información sobre la cantidad de familiares de autoridades que trabajan en la educación el 19 de febrero. La ley establece que la información debe entregarse a los 20 días, con una prórroga en caso de que sea dificultoso recabar la información de 20 días más. Solo se cuentan los días hábiles, así que se descuenta, por ejemplo, Semana de Turismo. Con esto, el plazo venció el viernes 20 de abril. Codicen entregó los datos ese día pasadas las seis de la tarde.

La contratación de Puente no cayó bien entre las propias autoridades de la educación. Consultado por El País, Netto advirtió que "cada desconcentrado se maneja en forma independiente" a la hora de elegir a sus secretarios. Y lo dijo al mismo tiempo que con su rostro hacía un gesto de desaprobación.

El caso de Puente es atípico porque, comúnmente, lo que hacen los jerarcas es elegir entre profesores, directores o inspectores que ya están dentro del sistema, y que bajo el rótulo de "pase en funciones" (equivalente a un "pase a comisión") dejan de hacer su tarea habitual y pasan a desempeñarse en sus oficinas.

Cada consejero suele tener entre dos y tres secretarios —esto es así en Primaria, Secundaria, UTU y Codicen—, pero Puente tenía cinco: cuatro docentes (entre ellos un profesor de Derecho que cumplía la tarea de asesor legal) y la esposa del sobrino, "pariente por afinidad de tercer grado", según la propia jerarca reconoce en su respuesta a El País.

El estatuto docente establece, según una resolución del Codicen de julio de 2015 —cuando Puente ya ostentaba el cargo—, que "no podrán desempeñar tareas en la misma repartición, oficina o centro educativo, funcionarios vinculados por matrimonio o unión concubinaria, parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, o segundo por afinidad o adopción, siempre que exista entre ellos relación de jerarquía". Dicha resolución puede leerse en la página web de Secundaria.

Según supo El País, para que tanta gente pudiera trabajar en su despacho Puente hizo reformas. Hoy hay que atravesar dos puertas y no una para llegar a la oficina de quien sea el director general de Secundaria.

El martes pasado, tras una conversación con el consejero Javier Landoni, la esposa del sobrino de Puente presentó su renuncia. Dos días después fue nombrada la nueva directora general de Secundaria, la exinspectora Ana Olivera. Se espera que los otros cuatro secretarios vuelvan a sus puestos habituales una vez que la nueva jerarca elija a sus colaboradores. Puente, en tanto, ya volvió a su viejo cargo de inspectora.

Celsa Puente a la salida del Codicen, en la mañana que fue obligada a dimitir  como directora del Consejo de Secundaria. Foto: A. Colmegna
Celsa Puente a la salida del Codicen, en la mañana que fue obligada a dimitir como directora del Consejo de Secundaria. Foto: A. Colmegna

El cuñado.

El consejero Landoni tiene como chofer a su cuñado. La situación es distinta, ya que este es parte del sistema dentro del "Escalafón E", correspondiente a oficios. De todos modos, según la normativa, no pueden trabajar en la misma oficina por relación de dependencia parientes por afinidad hasta el segundo grado, lo que es justamente un cuñado.

El familiar de Landoni ingresó al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) en 2000, contratado como empresa unipersonal. En 2007 hubo un concurso para choferes y este, al ser uno de los ganadores, pasó a ser funcionario. En ese entonces Landoni se desempeñaba como coordinador de un viejo programa de modernización de la educación media y la formación docente, que se llamaba Memfod, y un año después, en 2008, concursó y se convirtió en inspector de UTU. En 2010 pasó a ser consejero de UTU, y cuando lo hizo pidió el traslado de su cuñado a su oficina; hizo lo mismo en 2012, cuando pasó a ser consejero del Codicen; y en 2015, cuando empezó a ostentar el mismo cargo pero en el CES.

"El cargo de mi cuñado es de carrera. A mí me dan a elegir entre los choferes que hay y yo lo elijo a él, que es una persona de mi confianza. Si me dicen que se tiene que ir a otro consejo, se irá. Es diferente un cargo de carrera a que yo meta a alguien a trabajar dentro del consejo. Yo no metí a nadie. Cuando llegué, él ya trabajaba en Primaria", explica Landoni, que prefiere no dar su opinión sobre el caso de la esposa del sobrino de Puente.

El consejero, además, adjuntó al pedido hecho por El País el legajo de su cuñado, que no tiene ninguna mancha. Incluso se advierte que en marzo de 2015 este pasó a "préstamo" al Ministerio del Interior para trabajar en el traslado de las delegaciones extranjeras que llegaban a Uruguay con motivo de la asunción de Tabaré Vázquez. La cartera de Eduardo Bonomi destacó la "valiosa colaboración" del funcionario. Hoy percibe un sueldo de $ 32.459. Más de la mitad del salario corresponde a "viáticos por chofer a la orden" —es decir, que debe presentarse a trabajar cuando se lo requiera, sin importar el horario—, que son $ 16.335, y a una "compensación por chofer de consejero", que son $ 1.608.

En casos así, al ser un funcionario de carrera que estaba antes de la llegada de Landoni al cargo, el Codicen a veces suele ignorar la normativa. Así lo explica Netto: "Hay una normativa que establece hasta qué grado de consanguinidad pueden estar en una oficina. Y la oficina puede considerarse una misma habitación o todo un edificio. Han existido a lo largo de los años muchas excepciones, porque puede pasar, por ejemplo, que una persona que aspira a un cargo de director tenga a un familiar directo, y de repente está en un poblado en el que el otro centro educativo está a kilómetros de distancia".

Foto: Ariel Colemgna
Foto: Ariel Colemgna

La hija.

Tanto Netto como la consejera Laura Motta tienen hijos trabajando en el sistema. El caso de la hija de Motta y del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, incluso ha sido denunciado por la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu). Ella forma parte del sistema desde 2013 y por la modalidad del cargo este debe renovarse año a año. Trabaja en el área de diseño y desarrollo curricular.

"Cuando hablamos de estas cosas hay que recordar que estamos hablando de personas que, en general, son puestas en escrutinio. Por eso hay que tener en cuenta la dimensión humana. Y esto lo pienso más allá de que en este caso estemos hablando de mi hija. Mi hija no solo entró por concurso, sino que sacó la más alta puntuación", destaca Motta.

La primera vez que concursó, según un acta entregada a El País por Motta, su hija obtuvo un puntaje de 86 en un total de 100, con el que se colocó en primer lugar por encima de otros cinco aspirantes al cargo. Su competidor más cercano obtuvo 82 puntos. Se buscaba a una persona con capacidad para participar en el "diseño, implementación, acompañamiento y seguimiento de los diferentes proyectos educativos vinculados al área de Diseño Industrial" de UTU. El último concurso por el que Martínez Motta renovó su cargo fue en marzo de 2017, y la consejera sostiene "que este año deberá concursar de nuevo". Cobra un sueldo de $ 54.485.

En marzo de 2015 Afutu denunció que a Martínez Motta le habían otorgado por "designación directa" otro cargo, como coordinadora del departamento de Diseño del Espacio Sarandí (Cultura y Diseño), dentro de la UTU Pedro Figari, de artes y artesanías. El núcleo base del sindicato en esta institución rechazó la designación y advirtió que ponerla en ese lugar era "desconocer a los docentes que tienen los saberes necesarios". El tema terminó en el Parlamento, luego de que la diputada blanca Graciela Bianchi lo llevara a la Comisión de Educación y Cultura de la cámara. Martínez Motta no llegó a desempeñarse en el cargo. Sobre la queja de Afutu, Motta dijo que "fue un episodio bastante lamentable que debe estar superado".

La hija de la consejera y el intendente es licenciada en Diseño Industrial; antes de tener su cargo en UTU trabajó en el proyecto PAOF (de Fortalecimiento de Artes, Artesanías y Oficios), financiado por la Unión Europea, y que funcionaba en coordinación con UTU. El PAOF proponía una reforma en la Figari, fuertemente resistida por profesores y alumnos que ocuparon varias veces el centro a mediados de los 2000, que incluía cambiar los programas educativos en virtud de la demanda de los productos artesanales que el mercado requiere, al tiempo que ponía el límite de edad para estudiar allí en los 40 años. Desde esa época viene el encono del sindicato para con ella.

Desde su puesto en el área de desarrollo curricular, fue la encargada de crear los cursos sobre piedras preciosas que se dan en esa UTU, que el sindicato resiste porque advierte que tiene menos alumnos de los requeridos para que un curso permanezca abierto. La Tecnicatura en Productos en Gemas tiene cero alumnos. El curso de Engarce de Piedras Preciosas y Semipreciosas tiene 15 en primer año, solo uno en segundo y cuatro en tercero. Y en el Curso Básico en Piedras Preciosas hay 14 estudiantes.

Virginia Verderese, jefa de Martínez Motta, dice a El País que "para que un curso permanezca abierto tiene que tener más de 20 alumnos". Sobre la funcionaria, en tanto, señala que "es buena", que "viene ya desde la gestión anterior" a que ella llegara y que, ante un rumor del sindicato de que tiene bastantes faltas, "puede comprobar que trabaja como todos los demás" y que la evidencia de esto está "en la marca del reloj de entrada". Sobre la existencia de una clase con un solo alumno, en tanto, Verderese dice que "hay que garantizar la continuidad educativa", y que no se generó una situación en que un profesor esté solo con el estudiante dándole clase, sino que en este tipo de cursos se trabaja en dinámica de taller.

El intendente Martínez fue consultado sobre este tema para un informe en esta sección, en diciembre de 2016, y sostuvo: "Ella nunca entró a dedo a ningún lado, pero la han ensuciado por ser nuestra hija. Me alegro de haber dedicado mucho tiempo a mis hijos y a mis nietos, que tengamos hijas recontra buena gente, exitosas e inteligentes en lo que hacen".

Netto también tiene un hijo en la administración. Es maestro en una escuela de Maldonado desde 2012 y es profesor de Ciencias Sociales y Arte en la UTU de Gregorio Aznárez, que funciona con Rumbo, un programa destinado a jóvenes que tienen solo la primaria completa y quieren terminar la enseñanza media.

"Mi hijo es maestro y hace años que trabaja en Primaria. Hace varios años que se presentó a un cargo interino de la parte artística y de formación ciudadana, en lo que también se ha formado", señala Netto.

El presidente del Codicen entregó a El País un documento que muestra que, por ser el último en anotarse para dar clases en este curso, fue el último en elegir horas docentes para este año. Tiene un sueldo de $ 58.837 por su cargo en Primaria y $ 11.120 por el de UTU.

Las situaciones de los consejeros de Primaria Héctor Florit y Pablo Caggiani son similares. Ambos tienen a sus concubinas trabajando en el sistema. En el primer caso es inspectora, ingresó al sistema en 1986, y tiene un salario de $ 102.541. En el segundo es maestra efectiva, gana $ 66.616, y empezó a trabajar en 2002. Sus sueldos, en virtud de las horas que trabajan, se ajustan a los laudos.

Igual caso es el de Nilsa Pérez, directora general de UTU, que tiene a su hermano y su prima hermana en el sistema. Ambos son docentes, y fue de los únicos que no se dio a conocer su salario.

"Ninguno trabaja en mi oficina. Ni cargo de confianza, ni pase a comisión. En la institución es más conocida mi prima por su antigüedad, por su disciplina y por su buen relacionamiento, que yo", señala.

"Cuando las cosas están bien no hay nada que ocultar", dice, en tanto, Netto.

Por un lado el trabajo y por el otro la familia

Son 10 los funcionarios que declararon en el pedido de acceso a la información pública hecho por El País no tener a ningún pariente trabajando dentro del sistema educativo actualmente. Se trata de Irupé Buzzetti de Primaria, Isabel Jaureguy de Secundaria, Miguel Venturiello y Freddy Amaro de UTU, y Margarita Luaces, Elizabeth Ivaldi y Robert Silva, del Codicen.

El único consejo en que sus jerarcas no tienen a ningún familiar trabajando en la educación es Formación Docente, según ellos mismos declararon. Se trata tanto del director general Luis Garibaldi, como de los consejeros Ana María Lopater y María Dibarboure.

En el pedido de acceso a la información se preguntaba si los jerarcas que declaraban no tener ahora algún familiar, por vínculo sanguíneo o de afinidad, sí lo habían tenido antes. La única que respondió afirmativamente a esta pregunta fue la consejera de Secundaria Jaureguy, que señaló que su madre, Susana de Barrio, se desempeñó como directora de liceo durante muchos años, pero dejó el cargo ya en 1989, cuando se jubiló.

Para este informe, además de los funcionarios citados en el artículo principal, se trató también de hablar con la exdirectora de Secundaria Celsa Puente, quien no contestó los mensajes, y la hija de Laura Motta, quien contestó que prefería no hacer declaraciones.

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