Yolanda Vaccaro, El Comercio de Lima, GDA
El gobierno español de José María Aznar aumentará más del 100% el presupuesto para la expulsión de inmigrantes ilegales, que pasará de 10 millones de dólares en 2003 a 21,7 en 2004. Se prevé que, a final de 2003, 90.000 extranjeros habrán sido expulsados. El año pasado fueron 77.113.
De los más de 2,5 millones de extranjeros que viven en España, más de 600.000 carecen de documentos de residencia y, por tanto, podrían ser deportados aunque estén trabajando. A ellos se suman los que, con o sin residencia, desde el 30 de setiembre pueden ser expulsados por orden judicial si están acusados por delitos que impliquen menos de seis años de prisión.
Resulta paradójico que las autoridades españolas admitan que muchos puestos de trabajo se cubren con inmigrantes que no tienen papeles, a los que pretenden expulsar, y que sólo den permiso de trabajo a extranjeros en sus países de origen, a través del trámite del visado laboral.
Los inmigrantes, con o sin permiso de residencia, aportan el 4% del PBI español. Cuatro de cada diez nuevos afiliados a la seguridad social son extranjeros. Un millón de los 17 millones afiliados son extranjeros.
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