Plan de manejo

La última década en Cabo Polonio quedará grabada a fuego en la memoria de sus pobladores y vecinos. Transcurrió con la ambigüedad que generan esos veranos espléndidos que son atravesados por fuertes temporales. Fueron los años en los que el pueblo de pescadores tomó fama mundial como una joya turística, con unos 3.000 visitantes diarios durante la temporada. También fue el tiempo en el que el Estado decidió entrar y poner esa casa —a la que había descuidado— en orden. Entonces llegaron los vientos fuertes y el Polonio perdió la paz.

Su ingreso, en 2009, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) como el más popular de los parques nacionales, implicó una disección de los distintos grupos que lo habitan. Pronto, el vínculo de la población con el lugar comenzó a ser definido en relación a la tenencia de la tierra. A los ojos de las autoridades y entre la propia comunidad se crearon categorías: propietarios y “ocupantes”; pobladores sujetos a derechos posesorios y especuladores inmobiliarios; buenos contribuyentes de un lado y “avivados que se niegan a pagar impuestos” del otro.

Aunque de acuerdo a la norma, la elaboración de un plan de manejo —que determine las reglas para equilibrar la conservación ambiental y arqueológica en convivencia con el paisaje cultural y su explotación turística— no puede insumir más de un año, la del Cabo llevó nueve. En el medio hubo asambleas caóticas, discusiones, amenazas y un largo silencio de cuatro años que se interrumpió abruptamente hacia fines de 2018, cuando las autoridades regresaron con un borrador bajo el brazo y la determinación de aprobarlo antes de que se terminara el período de gobierno, en 2020. Los pobladores lo sintieron como una imposición.

Finalmente, cuando la administración anterior lo aprobó en enero de 2019, los pobladores aseguran que se encontraron con un texto distinto al que habían analizado por última vez. Fue objetado por cada uno de los colectivos. Cuentan los polonienses que los guardaparques iban puerta a puerta, “como los mormones”, promoviendo la firma del plan. Los pocos que firmaron, asustados por quedarse con las manos vacías, luego fueron señalados como “traidores” por sus vecinos. El documento está vigente, pero arrastra una colección de agravios y recursos para lograr su anulación en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

¿Qué peligro representa esta oposición para el Estado? Tal y como lo ve Mauricio Fioroni, abogado experto en la temática ambiental, histórico asesor de los pobladores originarios, “es cuestión de tener una buena pluma” y argumentar que el texto así como está planteado resulta violatorio del derecho de propiedad y de libre circulación para conseguir un fallo favorable. Si eso sucediera, todo ese tiempo —y dinero— invertido podría perderse. Habría que empezar desde cero otra vez.

Eso es lo que nadie quiere. Ni los polonienses, ni la Intendencia Departamental de Rocha (IDR), ni el flamante Ministerio de Ambiente. Por eso, las nuevas autoridades propusieron pausar los recursos que promueven la nulidad y renegociar. Con la desconfianza a flor de piel, los pobladores y vecinos están atentos a las señales que los gobernantes les han dado como un guiño para recomponer la armonía. Aunque con recelo, aseguran que están dispuestos a concederles “el beneficio de la duda”.

Mirando hacia atrás, los representantes de los diferentes colectivos creen que este áspero escenario en el que se encuentran ahora fue producto de una relación dañada con las anteriores autoridades departamentales y nacionales, lo que generó una resistencia de “forma y de fondo” hacia el documento.

El desenlace —dicen— fue traumático.

—Fue un decretazo. Tras varias reuniones en 2018, nos enteramos por el Diario Oficial de que el plan se había aprobado y en vez de encontrarnos con un plan de manejo, con una propuesta centrada en la conservación ambiental y cultural del territorio, vimos un plan de ordenamiento territorial preocupado por la tenencia de la tierra. No hubo participación real de los pobladores y vecinos. Fue un proceso acelerado. La consulta era una pantomima —dice Alejandro Gallinares, poloniense desde hace tres décadas, representante de la ONG Pobladores Permanentes.

Eso por un lado. Pero también, en algunos relatos, se desvela algo de autocrítica. Mirándose en el espejo, los polonienses saben que si hay algo que expuso este proceso es la cantidad de intereses que los enfrentan entre sí. A esta puja del “todos contra todos” que emergió con el armado del plan, se le suma la particularidad de sus fuertes personalidades.

—Siempre buscamos la paz, el estar unidos. Pero pueblo chico, infierno grande. El Polonio es muy particular: acá juntás 10 personas y hay 10 ideas diferentes. Acá no hay un líder, hay 10 líderes —dice Gonzalo “Ajo” Núñez, un poblador permanente que integra la ONG Población Local.

Tras una década de batalla, estos capitanes confiesan estar cansados para una nueva, larga y dura batalla contra la autoridad. Quieren alcanzar la paz, pero se oponen a firmar el plan al que consideran un “cheque en blanco”, que trata de forma “genérica” cuestiones determinantes para su futuro.

Consciente del desgaste, el nuevo gobierno dio el primer paso para tomar las riendas de este conflicto eterno. Dos semanas atrás desembarcó una potente comitiva en el Polonio, encabezada por el intendente Alejo Umpiérrez (blanco) y el viceministro de Ambiente (también nacionalista), Gerardo Amarilla.

Los dos bandos se midieron.

Los polonienses vieron con buenos ojos que “hayan ido a dar la cara dos jerarcas de peso”. Y, como una ofrenda de paz, las autoridades desplegaron un menú de buenas noticias que respondían a viejos reclamos de los pobladores.

La más importante tiene que ver con el Impuesto a la Edificación Inapropiada que la comuna intenta cobrar desde 2011 (50 U.R. anuales). Con la excepción de los pobladores permanentes con una sola vivienda, todo el resto debería pagarlo, pero solo cumple una minoría. En medio de conflictos acerca de la fecha de origen de la deuda y del cálculo de la misma, la cifra había trepado a miles de dólares, impagables. Como respuesta, la intendencia había prohibido el ingreso de los vehículos de los pobladores permanentes deudores, lo que generó una demanda: otra de las tantas que se han presentado en estos 10 años.

—Hemos levantado la prohibición para el ingreso de vehículos porque nos parece una medida absurda. Para los deudores queremos que haya una tributación, porque me parece que es muy entendible que nadie puede pretender vivir en un lugar privilegiado por la belleza de la naturaleza sin pagar tributos —explica Umpiérrez, el intendente.

Se hizo un cambio en el criterio de imputación de la paga, que habilitó a que los polonienses puedan comenzar a pagar este impuesto a partir de 2021 dejando la deuda “en una bolsa”. Cada año que se cumpla como buen pagador, se cancelará un año de la deuda retroactiva (debido a que cada 10 años prescribe el pasivo). De esta manera, también se permitirá el ingreso de materiales para el mantenimiento de las casas, bajo advertencia de que los excesos serán castigados.

Por otro lado, Umpiérrez confirmó para este informe que también se modificará el destino en el que descienden los turistas al ingresar al Cabo. Tal y como pidieron los comerciantes locales, la bajada volverá a realizarse en la plaza para estimular el consumo, mientras que la partida se mantendrá en la terminal ubicada a 250 metros del centro.

Por último, propuso la creación de una mesa chica para atender las problemáticas cotidianas del Polonio, convocó nuevamente a la Comisión Asesora Específica (CAE) y anunció la designación de un administrador y un director para el parque, con el fin de retomar el plan de manejo y llegar a un acuerdo.

—Fue la primera vez en 10 años que sentí que había un diálogo con ánimo de sanear la problemática. Yo antes sentía que en cada asamblea iba a enfrentarme con el enemigo. Ya no queremos seguir así. Necesitamos que este tema se acabe —dice Daniel Machado, vocero de la comunidad de pobladores originarios, cuya familia lleva cuatro generaciones creciendo entre las dunas.

Hay un voto de confianza en las caras nuevas: sí. Pero en el Cabo ya empezaron a correr rumores de los planes que el gobierno tendría para ellos. Se habla de la posibilidad de darles o venderles el título de propiedad a los pobladores con construcciones en el padrón público, propuesta que la mayoría abrazaría pero otros temen que sea el inicio del fin de la comunidad vernácula.

Además, les asusta que el Estado haya iniciado los trámites para evitar que caduque la sentencia del juicio emprendido contra los ocupantes de este padrón en 1990, la que había resuelto que podría recuperar la posesión de la tierra siempre que indemnizara la construcción de cada vivienda. ¿Habrá algo detrás?, se preguntan. Va tomando forma, de a poco, una nueva turbonada.

El abogado Fioroni fue contundente con sus representados: que el plan de manejo exista es un avance y no se debe retroceder; en cambio deben concentrarse en armar una contrapropuesta con el fin de que la situación se resuelva durante 2021, “cosa de empezar el próximo verano en paz”.

—Soy muy optimista, lo sé —dice.

Aunque entre los colectivos coinciden en oponerse al plan, no hay unanimidad en los reclamos: estos varían según el padrón y los intereses de sus pobladores.

De un total de 463 construcciones, 294 están en el padrón del Estado. Allí se concentran los pobladores permanentes, muchos de ellos originarios, y las casas de los primeros turistas, que conforman el colectivo Vecinos Cabo Polonio. Según el plan de manejo, mediante un contrato de uso con el Estado, este les otorgaría un plazo de permanencia de 20 años a los pobladores permanentes y de 10 años a los que no lo son.

Dice el documento que este período de tiempo podrá ser “prorrogable”, pero lo deja en condicional y eso no les gustó a los afectados. El plan también indica que, “en caso de que se constaten impactos ambientales negativos”, las propiedades podrán ser demolidas bajo costo del Estado, sin posibilidad de reclamar costo de posesión. Martína Morales, representante del colectivo de vecinos, asegura que los estudios técnicos firmados por especialistas que contrató su agrupación confirman que derrumbar las viviendas provocaría un daño mayor.

Si la vivienda de un poblador permanente se encontrase dentro de la faja de 150 metros cercana a la costa, será demolida —a costo del Estado— y podrá ser relocalizada en el mismo padrón; aunque aclara que esto será válido para una sola vivienda por poblador (que suelen tener dos: una para vivir y otra para alquilar o con un comercio). Lo mismo sucederá para las construcciones ubicadas sobre el borde rocoso, con un margen de cinco años para ejecutar la demolición. La reubicación de los locales comerciales se resolverá caso a caso. La construcción nueva, en todos los casos, la paga el damnificado.

El texto culmina señalando que a quien se oponga, el Estado le pagará la suma correspondiente a la construcción, tal y como indica la sentencia judicial. Además se prevé el pago de un canon para contribuir al mantenimiento del parque.

Fioroni plantea que la propuesta es poco precisa: “No se sabe qué parámetros se usarán para fijar el costo del canon; no hay garantía de que el contrato de uso de la propiedad será renovable, ni se detalla cómo se estudiará el impacto ambiental”. Propone que habría que generar una especie de ciudadanía poloniense con un listado de pobladores que acrediten su pertenencia con el fin de asegurar que estos accedan a una construcción si quedan vacantes, como una forma de mantener a la comunidad original.

En cuanto al predio perteneciente a la sociedad anónima Gabasol —que tiene 80 construcciones—, el plan le otorga permiso para construir 43 propiedades pero en un perímetro de dos hectáreas, y lo condiciona al retiro de ocho casas del cordón rocoso. Para Medardo Manini, representante de esta sociedad, de concretarse ese volumen de viviendas en un espacio “tan reducido” se generaría una tugurización contraproducente para la ecología del lugar.

Además, considera que detrás de la decisión de demoler las ocho casas “no hay un fundamento técnico”. Es “una concepción de lo que son las ramblas en los balnearios tradicionales de las costas”, enfocado en el “uso público para el disfrute de cualquier persona, queriendo conectar playa sur y norte como si fuera un paseo, sin comprender que el turista lo que más valoriza es lo lúdico de caminar en una roca y encontrarse una casa escondida”.
Concluye así: “Fue una medida políticamente perversa. Porque para cumplir con el reclamo de 27 accionistas que esperan desde 2003 para construir su vivienda, debo abandonar a ocho que ya la tienen. Pero además, nos quisieron tentar con ese plus de viviendas para construir con el fin de que firmáramos el plan y que así sirviera de puntapié para que los pobladores también firmen”.

Por último, resta el padrón de la sucesión Tisnés, donde conviven los terrenos de algunos herederos, con el de sociedades anónimas (fruto de una venta fraccionada) y una centena de construcciones irregulares, de las que 14 son de pobladores permanentes. El plan otorga la posibilidad de construir más propiedades, prevé un plazo para retirar aquellas construcciones en las zonas prohibidas con posibilidad de relocalización, y le propone al privado mantener a esos pobladores permanentes firmando un contrato de uso similar al que planeó para el padrón público: es decir con una fecha de salida.

No se llegó a ese acuerdo y, según supo El País, los sucesores iniciaron un proceso de cesación del condominio que podría terminar en un remate.
Así, estos 14 pobladores están en la situación de mayor vulnerabilidad. Uno de ellos es “Ajo” Núñez.

—Queremos que nos incluyan en el padrón público, prometemos hacer un barrio modelo —pide.

Amarilla, el viceministro de Ambiente, cuenta cómo imagina el futuro del Polonio mientras arriba a la Quebrada de los Cuervos, el paisaje protegido cuya relación con la administración anterior también terminó al rojo vivo, tras una ampliación del área protegida que catalogaron de “impuesta”.

—Empecé mi gestión tomando las áreas complicadas porque no podemos iniciar un SNAP con juicios pendientes.

Reconoce que resolver el plan de manejo del Cabo “es una piedra en el zapato”, pero confía en que se logrará si se “desanda el camino de la imposición y la prepotencia” que “tanto criticaron los pobladores”. Pretende fijar la primera reunión con la CAE en marzo y llegar con una “hoja de ruta” y “algunas propuestas concretas”, analizadas previamente con la IDR, el otro gestor del parque.

Por estos días, el ministerio analiza con sus técnicos los agravios recibidos. Sin embargo, los pobladores entienden que codo a codo con la opinión técnica está la decisión política y, definir qué hacer con la permanencia de la comunidad que nació junto a la fama del Polonio es, sobre todo, una decisión política.

Umpiérrez, el intendente, coincide. Arrancó su mandato con una declaración de guerra “al imperio de la ilegalidad” en la costa rochense y advierte que “serán desalojados los predios públicos ocupados por especuladores privados en todo el departamento”. Pero tranquiliza y asegura que, en el caso del Polonio, el objetivo es mantener a la comunidad. Si bien el Estado tiene el reconocimiento de la Justicia sobre la propiedad del famoso padrón, “la contrapartida sería pagar las construcciones que equivalen a millones de dólares”: inviable.

En cambio, afila una idea que no cuenta pero anuncia como “la llave de salida” para la situación del predio estatal. “Tengo que convencer al gobierno nacional y a los pobladores de que este es el camino para regularizar, que las casas puedan tener el mantenimiento adecuado y no se conviertan en taperas, y para empezar a recaudar los impuestos”, dice.

Los pobladores sospechan que esta idea no es otra que el rumor que supone que querrán vender o entregarles la titularidad de las construcciones. Algunos creen que sería una solución mágica, pero otros temen que esto provocaría que, devenidos en propietarios, los pobladores terminen cediendo a las jugosas ofertas de compra de aquellos que sueñan con vivir o lucrar en el Polonio.

—Nos van a tentar de a uno y adiós: ahí el Cabo se convierte en un José Ignacio, más extranjero que otra cosa. Habría que ser celoso de que, si se adquiere el título en ese predio, sea con la condición de que haya que conservar esta joya que tenemos —dice Machado.

Mientras tanto, pobladores desgastados y descreídos de un futuro que los ampare ya empezaron a vender. Se marchan. Llegan desconocidos. Algunos arreglan la casa y la venden a un precio mayor. Vienen otros. Y así el paisaje tan querido del Polonio se encamina hacia un cambio irreversible.