El plan contra el abuso

Más que un récord de formalizados (32) y de víctimas detectadas (18), la Operación Océano se convirtió en un hito en la persecución de los delitos sexuales. Su magnitud jurídica y social “es la de un tsunami”, sostienen operadores judiciales y especialistas en vulneración de derechos.

En las últimas semanas, además del anuncio de nuevos imputados en este caso y del eco que tuvieron los cientos de escraches en redes sociales de personajes más o menos públicos acusados de ejercer diferentes tipos de violencia sexual, las autoridades a cargo de organismos mandatados a prevenir y condenar estos delitos elaboraron nuevas estrategias de acción.

El objetivo es estimular la proactividad en la investigación para llegar a las situaciones que no son denunciadas. Esto involucra a los inspectores de Espectáculos Públicos del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) que fiscalizan y controlan la presencia de menores en espacios de comercio sexual; implica una planificación de la inteligencia policial que incluya nuevas metodologías, como el trabajo encubierto, y posicionar a la Fiscalía como un puente confiable para la víctima. Así se pretende frenar la sensación de impunidad que rodea estas agresiones y acortar la brecha entre las denuncias públicas y el número de formalizaciones.

Pero para eso se necesitan recursos, más presupuesto y confianza; especialmente la de las víctimas y la de los referentes de los servicios que trabajan con ellas. Tanto Fiscalía como el Ministerio del Interior aspiran a que les trasladen información clave para investigar.

Concretarlo no será fácil. Si bien el país atraviesa un momento histórico, con una nueva institucionalidad amparada en un conjunto de normas —nuevo Código del Proceso Penal, ley de violencia basada en género, de violencia sexual comercial y no comercial contra menores, ley de trata, la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia— que tipificaron delitos que no existían (como el del abuso sexual y el de la trata de personas) y ubican a la víctima en un lugar de protección, desde la Fiscalía saben que deben derrocar el recuerdo de malas prácticas basadas en el antiguo lugar que el sistema penal le otorgaba, como un mero objeto de prueba. Además, luchan contra el desconocimiento general de qué puertas se deben tocar frente a un hecho de estos.

No solo es eso. Los delitos sexuales son múltiples y si hay algo que dejó en claro la Operación Océano es que ocurren entre víctimas y victimarios de distintas clases sociales, y la negociación gana terreno en internet. Los medios digitales son más invisibles para los técnicos que suelen trabajar la temática, pero por otro lado aportan las pruebas judiciales que habitualmente en estos casos faltan.

El otro problema es que muchas veces el abuso y la explotación ocurren en el interior profundo y de forma naturalizada. “Es una explotación artesanal. Se entrega una hija a alguien a cambio de algo. Ahí no solo estás combatiendo a una red, estás combatiendo una cultura”, plantea Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Incluso considerando las redes de explotación y trata organizadas, los expertos señalan que a falta de técnicos especializados en el territorio y de servicios de recepción de víctimas, es complejo idear un plan de inspecciones sorpresivas y que trabajen policías encubiertos sin levantar una alerta.

“Se enteran de que vienen los inspectores del INAU apenas entran al pueblo, se avisan entre ellos y los menores desaparecen en el acto de los lugares de explotación. Nos ha pasado más de una vez. Hay que sacarle la chapa oficial al auto, dejar de usar una camioneta llamativa. El desafío está también en la construcción de esos dispositivos: habría que quitarles una mirada centralizada en Montevideo, porque en algunos lugares del interior el anonimato no existe”, dice Diego Pailos, de Gurises Unidos, organización que trabaja para INAU con la población vulnerable fuera de la capital.

En el Ministerio del Interior también se les infla el pecho cuando hablan de la Operación Océano. “Es el caso más importante del departamento de Investigación de Delitos Especiales en los últimos años; marcó un antes y un después. Ahora nos proponemos llegar a esos delitos que están intramuros y no se denuncian”, dice una fuente.

Este cambio ya se ve en los números. Entre enero y julio de 2019, Delitos Especiales investigó 35 denuncias relacionadas a delitos sexuales, pero un año después ascendieron a 44. En tanto, Delitos Informáticos recibió 77 denuncias de este tipo en 2019, mientras que en lo que va de 2020 suman 171.

Si bien el nuevo Código del Proceso Penal indica que son los fiscales quienes guían la estrategia de investigación, la fuente consultada afirma que el ministerio tiene potestades como para iniciarlas. De hecho, detalla que el puntapié de la Operación Océano empezó con una investigación en el departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes —de la menor que luego apareció ahogada—, cuando interrogando a su entorno cercano (como indica el protocolo) se detectaron indicios de un delito de violencia sexual comercial.

“Gracias al olfato de ese policía, se trasladó el caso a Delitos Especiales, que encontró una denuncia de delito sexual presentada en 2019 por uno de los contactos de la menor. Ahí se dio cuenta a Fiscalía, que ideó la estrategia de investigación”, indica.

Otras pesquisas surgen a través de información que les pasan organizaciones civiles, el INAU o por el cyber patrullaje, analizando publicaciones que puedan indicar una situación de explotación.

Ahora, el departamento tiene proyectos de inteligencia para llegar a los delitos de trata, que no suelen denunciarse. Pretende trabajar de forma encubierta. “Primero hay que identificar los lugares de riesgo. Eso ya lo tenemos. Luego, pensar en cómo recopilar información en el terreno. Trabajar encubiertos es un camino. Es complejo, porque implica riesgos, costos; hay que determinar la permanencia en la vigilancia y hay que planificarlo muy bien para no despertar sospechas. Pero no es imposible”, confía este analista.

Según han recabado los investigadores, en el país no operan grandes redes internacionales de trata, sino más bien grupos pequeños con distintos cometidos (captar, trasladar, alimentar, alojar) que funcionan en comunión. “En tiempos de post pandemia estamos localizando los sitios donde se hacen fiestas clandestinas, pero también esos otros lugares en los que se está ejerciendo la explotación, que sabemos que están bien ocultos y tienen sus propios sistemas de seguridad”.

Para no correr detrás de la denuncia y conseguir resultados a corto plazo, esta fuente plantea que se deben adquirir herramientas informáticas de mejor nivel y duplicar el personal. Hoy en Delitos Especiales trabajan 14 personas. Además de los delitos sexuales, investigan el contrabando, el tráfico de obras de arte y las denuncias de propiedad intelectual.

En una oficina apretada, en la que apenas entran un escritorio y tres sillas a la fuerza, el director de Espectáculos Públicos del INAU, Edgardo Rodríguez, se esmera por explicar cómo planifica de forma mensual la fiscalización y el control de las actividades con ingreso de público a lo largo y ancho del país, sin revelar detalles que perjudiquen sus estrategias para detectar delitos de violencia sexual comercial, explotación y trata.

Está acostumbrado a manejarse con lo mínimo: para organizar esta tarea cuenta con apenas 22 técnicos ubicados en solo nueve departamentos. Las inspecciones se hacen en horario diurno y nocturno. El primero es importante para llevar a cabo tareas de prevención, recabar información y hacer un reconocimiento del territorio y de sus locales comerciales, ya que no todos se registran ante el INAU como deberían.

De día, los inspectores asisten solos, pero por las noches lo hacen en dupla; a veces con respaldo policial. Para cubrir las localidades sin técnicos residentes, se trasladan especialmente hacía allí; en ocasiones desde Montevideo a cualquier punto del país: esta logística genera un acumulado de horas extras que encarece el programa.

Los equipos deben cumplir al menos una cobertura nocturna mensual, pero a falta de personal hay localidades que no se visitan en horario diurno desde hace un año, y zonas fronterizas como Rivera y Artigas, con un prontuario duro en delitos sexuales, que no cuentan con esta supervisión permanente que se encarga de visitar los prostíbulos y whisquerías en busca de adolescentes.

“Hemos encontrado menores en whisquerías. Y también en locales que tienen otro rubro pero ponen una habitación en el fondo con adolescentes. Vamos tres casos desde que retomamos las salidas, el pasado 2 de mayo”, dice Rodríguez.

En total los comercios multados en este período son 27, dentro de un universo de unas 2.000 inspecciones concretadas.

Desde una oficina más holgada que la de Rodríguez, pero tampoco tanto, el flamante director del INAU, Pablo Abdala, reconoce que la supervisión, el control y la inspección de los programas son una “gran debilidad”, aunque asegura que se actúa ante el 100% de las denuncias.

La buena noticia —anuncia— es que el INAU quedará por fuera de las pautas generales de ahorro que se fijó el gobierno, y su presupuesto se verá incrementado. Parte de esta inversión se gastará en mejorar la supervisión. Abdala proyecta sumar 50 técnicos, una decena para Espectáculos Públicos, y así asegurar la presencia en cada uno de los departamentos.

Por otro lado, en la Ley de Presupuesto propondrá dos modificaciones para ser más agresivos en la fiscalización: duplicar el valor de la multa (de 50 unidades reajustables) para el infractor que reincida, y que la sanción de clausura por determinada cantidad de tiempo se cumpla en los días de actividad efectiva. Esto quiere decir que si se trata de una discoteca que abre los fines de semana, solo esos días computen como válidos.

Además, Espectáculos Públicos prepara el proyecto de prevención Primeras Salidas. Se va a generar un monitor en el que quedarán expuestos los locales que fueron multados por transgredir la norma y se procurará que los adolescentes también puedan calificarlos online.

Algunas semanas atrás, Abdala se reunió con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. El asunto del encuentro era mejorar las rutas de la información que recibe Fiscalía para iniciar investigaciones de delitos sexuales. “Yo creo que al menor indicio hay que judicializarlo, y que el nuevo sistema da garantías. Reconozco el riesgo de la revictimización, pero también considero que la Unidad de Víctimas ha sido un gran acierto y que el sistema prevé las barreras de contención y mecanismos de protección”, dice Abdala.

Por eso, si el directorio tiene conocimiento de una sospecha criminal, “da cuenta a Fiscalía”. En los últimos días el INAU presentó una denuncia sobre una presunta explotación en Cerro Largo y otra en Montevideo. Sin embargo, este no es el camino que siguen habitualmente El Paso y Gurises Unidos, equipos contratados para trabajar en el interior asesorando a los referentes.

Ambos equipos entienden que “se han dado pasos gigantes en el sistema penal”, y coinciden en no desestimular la denuncia, pero advierten que presentarla no es sistematizable a todos los casos. “El tema es cuál es el requerimiento para iniciar una investigación penal. Nosotros ya hacemos eso de consultar si la información de la que disponemos es sólida para empezar un proceso, pero a veces lo que te piden implica un trabajo detectivesco, que en el interior es difícil de concretar: nos piden nombres, teléfonos, direcciones. Con el tiempo puedo trabajarlo con la víctima, pero con mucho cuidado porque si la apuro, en el proceso no consigo nada. Y otras veces, a los que llegamos no tienen el perfil de la Operación Océano donde existe un registro en chats. En la mayoría de los casos que ocurren en el interior solo hay un relato y el intercambio suele ser por una garrafa, por un surtido, por championes”, explica Fernanda Caballero, de Gurises Unidos.

Además, si en Montevideo la creación de fiscalías especializadas en delitos sexuales ha sido un punto de inflexión y se está por crear la séptima, fuera de la capital no existe esta diferenciación. Andrea Vitalis, abogada de Gurises Unidos, cuenta que suelen enfrentar el problema de que ante la solicitud de medidas de protección para un menor en un juzgado de familia los explotadores las incumplan. Aunque se incurra en un delito de desacato, no se le da un tratamiento penal. “Vamos a hablar con los fiscales, pero no pasa nada”, dice la patrocinadora. Esta falta de garantías resta confianza ante la posibilidad de denunciar.

Una postura similar plantea Bottero, desde Inmujeres, servicio que en 2019 atendió a 83 mujeres víctimas de trata y en la actualidad tiene a una decena en el sistema de protección de 24 horas. “La denuncia de la víctima no se plantea. Son mujeres que llegan a pedir ayuda, en su mayoría del interior, con miedo. Además, que asistan al servicio no implica que ya hayan abandonado la red”.

Descontado el testimonio, Inmujeres tampoco pasa la información que aportan las víctimas a la Fiscalía. ¿Por qué? “Para preservar su seguridad”, insiste Bottero. Sin embargo, tras una reunión con el fiscal Díaz y la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos Protegidos, Mariela Solari, admite que comenzar a hacerlo está en discusión. “Es un dilema, porque la ley dice que no se pude obligar a la víctima a denunciar, pero los funcionarios públicos sí están obligados a hacerlo si tienen conocimiento”, señala.

Desde El Paso, ong que trabaja con INAU e Inmujeres, Andrea Tuana plantea que la denuncia implica otros riesgos. “No alcanza con la atención de la Unidad porque se limita a la duración del proceso. Acá hay servicios de orientación en violencias sexuales, pero estamos muy lejos del ideal. Trabajamos con los equipos de referentes de INAU, con maestros, médicos, policías; los asesoramos y orientamos, pero no son servicios especializados en delitos sexuales. Siempre que tenemos un caso terminamos concluyendo que se necesita un servicio de atención especializado y los que hay son mínimos. Todavía hacemos agua”.

Bajo la órbita de INAU funciona el equipo especializado en delitos sexuales Travesías, pero únicamente en Montevideo. En tanto, Inmujeres cuenta solo con dos funcionarias para pensar en políticas para las víctimas de trata. Los servicios están localizados únicamente en Montevideo y en Cerro Largo, y aquellas mujeres que necesiten protección 24 horas deben esperar porque los cupos son limitados. “Acá, para estos temas, no hay expertise. Incluso nos ha pasado de encontrarnos con fiscales en el interior que desconocen la existencia de nuestros servicios”, admite Bottero.

Los escraches en redes sociales como mecanismo de denuncia no son nuevos. En el interior esta herramienta se ha sistematizado en páginas de Facebook. Entre quienes los gestionan se argumenta que se recurre a esta vía como una alerta, porque en la mayoría de los casos no se hace la denuncia por desconocimiento, falta de pruebas, temor o descreimiento en el sistema judicial.

Tiene sus amargas consecuencias. “Para empezar, esto no es una denuncia. Denunciar se hace ante la Fiscalía o la Policía; esto es poner en conocimiento a la sociedad, pero si nadie agarra la sartén por el mango se te puede volver en contra porque además de sufrir amenazas, te denuncian a vos por difamación y terminás pidiendo disculpas. Lo ideal sería buscar otros canales para las denuncias y además, hay algunos relatos que no tienen que ver con delitos, sino con situaciones de machismo estructural que requieren otro pienso”, opina Soledad González, de Cotidiano Mujer, organización que recientemente lanzó una guía dirigida a las víctimas de abusos sexuales.

En ese sentido, la Fiscalía replicó con Varones Carnaval la misma metodología que usó para recibir más denuncias en la Operación Océano: una línea telefónica que recolecta información para generar una estrategia de investigación. La primera vez funcionó: llegaron nuevas víctimas, testigos y se denunciaron otros delitos que derivaron en nuevas pesquisas.

Detrás de esos teléfonos están los 27 técnicos que trabajan en la Unidad de Víctimas y Testigos, encargada de asesorar y sostener a quienes quieran participar de un proceso penal. Más del 60% de sus atendidos surgen de delitos sexuales y de violencia doméstica.

“Vemos a mucha gente que llama a líneas telefónicas que son de asesoramiento o de un servicio de atención y cree que eso es sinónimo de denuncia, y asocia la palabra denuncia a que la Justicia va a hacer algo. Pero si esa línea no pasa la información, la Justicia no sabe que ese delito existe”, plantea Solari.

Cree que se debe “hilar fino” cuando se excusa en el riesgo de vida para no trasladar información. “Si vos no hacés una investigación penal para llegar a los indagados, van a seguir captando más víctimas. ¿Cómo estamos protegiendo a esas víctimas con riesgo de vida si el Estado no les está dando ninguna medida de protección? Esa es mi pregunta desde que empezamos acá, y es mi desvelo. ¿El mensaje es que la víctima tiene que seguir viviendo con miedo?, ¿el mensaje es que nadie la va a poder proteger? Hace falta entender que cambió el modelo de trabajo. Y confiar en él”.