CAOS EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA

La Dirección de Cultura vive una situación caótica. Luego de un conflicto con ocupación en 2017 por trabajadores que exigían que no les pagaran más con horas docentes, se llevó adelante un plan de regularización de los funcionarios que, aunque empezó bien, ahora derivó en una batalla campal.

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Una enorme tela negra colgaba de la fachada del edificio de la Dirección Nacional de Cultura, en la calle San José. “Ocupado”, decía con enormes letras blancas. Otras telas más pequeñas denunciaban “salarios sumergidos” y “contratos precarios”. Luego de una luna de miel de casi dos años con las autoridades del ministerio de María Julia Muñoz, los trabajadores estallaron en agosto de 2017, denunciando una fuga del personal, diferencias con la dirección y, sobre todo, exigiendo que no se les pagara más con horas docentes porque ellos no lo eran, y aduciendo que así se los podía despedir en cualquier momento sin pagarles nada.

Las remuneraciones con horas docentes es algo que atraviesa a todo el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) -no solo a esta dirección-, y también es una situación que se repite en otras carteras, como las de Defensa e Interior. El truco consiste en contratar a alguien como si fuera profesor, y entonces evitar los trámites que implica en el Estado emplear a alguien por la tarea que realmente desempeña, como hacer un concurso, por ejemplo.

Así puede ser que el recibo de sueldo de un funcionario que trabaja en un museo diga que es profesor de historia, o que un gestor cultural figure como uno de literatura, o más raro aún, como uno de física o de matemáticas. Esto no es nuevo, es histórico; pero el hartazgo de los trabajadores de la Dirección de Cultura, muchos de ellos con 20 años en esas oficinas, obligó a las autoridades a buscar una solución.

Desde agosto a diciembre de 2017 negociaron en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra). El director de Cultura, Sergio Mautone, no participó de las discusiones. Las conversaciones fueron entre miembros del sindicato y delegados del ministerio, y tuvieron el acaloramiento típico de este tipo de instancias.

Para pasar a pagarles por lo que realmente eran y para que no figuraran más como docentes, se los debía tomar de nuevo, pero como las contrataciones directas no están permitidas, todo se complicó. La solución que las autoridades encontraron y comunicaron a sus trabajadores fue la de hacer llamados a concurso por esos cargos. Para los funcionarios esta opción no era viable, puesto que no estaban de acuerdo con poner sus puestos en juego. ¿Qué hicieron entonces? Realizaron sí los concursos pero a medida de los trabajadores para que ninguno de ellos quedara afuera.

Así fue que pidieron, por ejemplo, un gestor cultural que tuviera experiencia con población de calle, ya que difícilmente hubiera muchas personas que estuvieran en esa situación. Si uno mira los llamados, que fueron colgados en la página web Uruguay Concursa, también notará ciertas incongruencias en cuanto a los perfiles de los trabajadores: a algunos se les pide la carrera completa, a otros el 30% de las materias aprobadas y a otros solo experiencia laboral en tal o cual área.

Los propios trabajadores sindicalizados pidieron en la Dinatra que los llamados no fueran públicos, sino internos, para evitar que se presentaran personas que evidentemente no iban a quedar. Así lo contaron a El País tres funcionarios que ganaron. Uno de ellos relató: “Pedimos que no fueran llamados abiertos, pero nos dijeron que no había otra opción, entonces todos los que teníamos contratos docentes, concursamos. Negociamos cuáles iban a ser los perfiles de requerimientos, porque quién mejor que nosotros para saber cuál tarea es la que realizamos”. O sea que los trabajadores colaboraron en los armados de sus propios llamados.

La consecuencia fue la lógica. Se hicieron en 2018 en las oficinas de la Dirección de Cultura, de la calle San José, 15 llamado, y en 14 ganaron los trabajadores que ya tenían allí sus escritorios. El único funcionario nuevo que ingresó al sistema lo hizo en un concurso en el que quien hacía esa tarea decidió no presentarse.

Pero hubo un error de cálculo: los trabajadores tenían un régimen de 30 horas por semana y los llamados debieron hacerse por 40. Esto sucede porque el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central, regido por la ley 19.121 del año 2013, establece en su artículo 6° que “la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios públicos (…) será de ocho horas diarias efectivas de labor y cuarenta semanales”.

Hoy por hoy los trabajadores de la Dirección de Cultura están en conflicto. Ya fueron a hablar con la ministra Muñoz, quien les dijo que si los contratos son por 40 horas, deben trabajar 40 horas. “Son salarios bajos y entonces muchos tenemos otro empleo. Si tenemos que estar 40 horas acá, tenemos que renunciar”, se queja otro de los funcionarios.

Lo que pasa, también, es que con la última ley de presupuesto se logró una equiparación de la tabla salarial, por la cual en la Dirección Nacional de Cultura el salario mínimo pasará a colocarse en el entorno de los $ 32.000 -hoy está en $ 20.000-. Esto espera por la aprobación de la Contaduría General de la Nación, y cuando suceda los funcionarios cobrarán además un retroactivo por todo 2018 y lo que va de 2019. Parece una buena noticia.

Sin embargo, genera una injusticia a nivel interno, porque los trabajadores que ya concursaron por sus cargos lo hicieron también por sueldos que rondan los $ 32.000, y ganarán así lo mismo que los que no concursaron y siguen trabajando seis horas diarias. William Martínez, de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, es la voz oficial de los funcionarios y matiza un poco lo sucedido. Advierte que los que quedaron en los llamados se merecían los cargos, porque el trabajo que cada uno de ellos realiza es muy específico. “En realidad no fue una cuestión de que se direccionaran los llamados, sino que quienes estaban allí eran realmente los más capacitados. Vienen desarrollando esas tareas desde hace varios años; entonces, evidentemente, con la expertise que tienen en los cargos, corrían con ventaja. Es una cuestión de objetividad”, advierte.

Quienes se presentaron, además, debieron entregar proyectos. Uno de los trabajadores del área sostiene que también pidieron a la Dinatra que esto no se haga así, puesto que “no estaba bien” que una persona le dedicara tiempo a la realización de un proyecto cuando en realidad ya estaba claro que no iba a entrar. Sin embargo, las reglas de la administración pública establecieron que el proyecto lo tenían que hacer. “Todo un circo”, dice.

Respuesta. Mautone, el director de Cultura, dice que no sabe cuántos se presentaron a los llamados por los que entraron estos funcionarios, aunque reconoció que “siempre se presentan muchos”, pero a la etapa final, “que es cuando se entregan los proyectos, no suelen llegar tantos”.

De todos modos, sostiene que él no participó de las negociaciones en Dinatra y que no ha constatado irregularidades en los concursos. Sin embargo, sí reconoce que se decidió no hacer un sorteo para que así todos los trabajadores de la Dirección de Cultura pudieran presentarse. También advierte que los tribunales de los concursos estaban conformados, además de por el MEC y la Oficina Nacional de Servicio Civil, por integrantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), o sea, por los mismos trabajadores.

“Es histórica en el ministerio la contratación de funcionarios con horas docentes, y nosotros trabajamos para regularizarlo -señala Mautone-. Lo que pasó es que en la Ley de Presupuesto se incluyó la transposición de los fondos que estaban como horas docentes para crear llamados a provisoriatos. Se establecieron las bases y es verdad que se resolvió que no hubiera un sorteo, de manera que los funcionarios que estaban pudieran presentarse sin riesgo a que quedaran afuera. Después se hizo un llamado de oposición y méritos. Lo que se hizo, también, fue tener en cuenta la experiencia, que los funcionarios que estaban acá la tenían, y además se evaluó un proyecto que debió presentar cada aspirante”.

Mautone sostiene que “es real que había horas docentes, que nosotros siempre tuvimos la voluntad política de regularizar esto, que preferíamos que todos aquellos que se venían desempeñando desde hace ya tanto tiempo se regularizaran; pero también es cierto que el concurso se hizo con las garantías del caso, y si alguien entiende que el llamado no tuvo las características de seguridad que debió haber tenido, deberá denunciarlo y supongo que no va a ser la primera vez en la vida que se anule un llamado”.

El director de Cultura dice no entender que los propios concursantes estén advirtiendo que hubo irregularidades, e insiste con que “si se comprueba que el procedimiento no fue el correcto, los concursos se anularán y se cesarán los puestos de trabajo”.

En cuanto a las 40 horas de trabajo, en vez de 30, Mautone advierte que los funcionarios que concursaron ahora deben trabajar ocho horas por día y que quien esté yendo menos deberá recibir los descuentos correspondientes.

Cuando Mautone ingresó a la Dirección de Cultura, en 2015, tuvo una reunión con los funcionarios en la que les expresó sus objetivos de gestión. En cuanto a los trabajadores, prometió un plan por el cual se iba a terminar con los contratos precarios. Estos eran de dos tipos: los artísticos -alguien que hacía una tarea equis y se le pagaba como si fuera un artista, cuando no lo era- y los de horas docentes. Los artísticos ya fueron erradicados, mientras que los otros empezaron a regularizarse el año pasado con estos concursos.

La situación de caos dentro de la Dirección de Cultura va más allá de esto, puesto que los trabajadores advierten que el área está desfinanciada y que hay funcionarios que ni tareas tienen para hacer. Desde la dirección, en tanto, se sostiene que muchos de ellos no tienen flexibilidad laboral, y que incluso les ha costado convencer a algunos para que trabajen en la muestra de Pablo Picasso, que abrirá sus puestas la semana que viene en el Museo Nacional de Artes Visuales.

“Lo del presupuesto es todo un mito. Sé que hay gente que está manejando ese argumento, pero es falaz. Por poner un simple caso, estamos trayendo la muestra de Picasso a partir del 29 de marzo y hemos reunido a un grupo de gente para ver qué actividades se pueden enhebrar con respecto a esto, y ellos dicen ‘Picasso no, yo quiero hacer tal cosa, ustedes no tienen presupuesto’. ¡Y estamos trayendo a Picasso!”, se defiende Mautone.

El jerarca advierte que todavía no están cerrados los números y que por eso no puede decir cuánto saldrá la muestra, aunque adelanta que no fue nada barata. Será la primera en la historia del Museo Nacional de Artes Visuales por la que se pagará entrada. El costo será de $ 250, y habrá beneficios para jubilados y otros colectivos. “Es un cambio de paradigma, porque si queremos acceder a este tipo de cosas hay que pagar, como se hace en los mejores museos del mundo”.

En tanto, la cartera debe aún el pago de los premios Nacional de Música y de Artes Visuales del año pasado, que equivalen a unos $ 2.500.000. Artistas consultados por El País dijeron que prometieron pagarles en febrero, luego les dijeron que lo harían en marzo y hace una semana los notificaron de que recibirán el dinero recién en abril. Algunos músicos también dijeron que les deben dinero de shows que hicieron para la cartera.

Mautone sostuvo que el pago “a veces se atrasa”, pero “ya está por salir”. También advirtió, para evitar suspicacias, que el dinero no se usó para otra cosa.

Con este panorama, la conclusión podría ser: la cultura, no paga; y si paga, lo hace de forma irregular.

El enojo de los funcionarios por la muestra de Picasso

“Se fue mucho dinero en la muestra de Picasso. En una muestra a la que, además, se va a cobrar entrada. ¿Por qué cobran entrada en algo que siempre fue público?”, se queja un funcionario de la Dirección de Cultura, que prefiere hablar de forma anónima. La muestra del cubista español está en la mira de los trabajadores debido al dinero que ha costado -cifra que no ha sido dada a conocer aún por las autoridades-. Son 45 las obras de Picasso que se expondrán a partir del 29 de marzo en el Museo Nacional de Artes Visuales. Las entradas costarán $ 250, pero los jubilados pagarán $ 150 y los menores de 12 años entrarán gratis. El valor de las obras que se exhibirán asciende a los 280 millones de euros, según declaró a El País el director del museo, Enrique Aguerre, en una nota publicada el miércoles. Este advirtió también que se trata de la exposición más importante desde Los tesoros de El Vaticano, sucedida en 1998, a la que asistieron 400.000 personas. Se espera una cantidad de público similar.