¿ACCIDENTE U HOMICIDIO?

Este lunes, cuando pasen 34 minutos de las dos de la mañana, se cumplirá un año del impacto fatal que terminó con la vida de Franco García y Joaquín Voltolini, y cuyas circunstancias aún tienen en vilo a la ciudad de Minas. El aniversario se da a días de concluir el juicio oral de los dos menores de edad que participaron del accidente -amigos de los fallecidos-, y cuya responsabilidad en la muerte deberá establecer la jueza Lucía Granucci. Si bien las audiencias terminaron el pasado viernes 10, la magistrada hizo uso del plazo que le concede el nuevo código y dictará sentencia (en primera instancia) el miércoles 29 a las 15 horas.

T.C., que conducía la camioneta que hizo colisión con el auto que manejaba Joaquín, y que llevó al vehículo a desviarse hasta terminar incrustado en la entrada de cemento de una casa, está imputado por homicidio y omisión de asistencia. J.P., que también iba en la camioneta, fue acusado de omisión de asistencia y encubrimiento. Ambos tenían 17 años al momento del hecho. A su vez, hay dos mayores de edad imputados por Fiscalía, aunque el juicio de los adultos aún no comenzó: un tercer joven que iba en la camioneta, M.T., imputado por omisión y encubrimiento; y la mamá del conductor, L.M., que enfrenta a la Justicia por el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Se esperan más denuncias a adultos involucrados, al menos tres.

Ni en Fiscalía ni en el juzgado, alguno de los cuatro ya imputados asumió culpas. Se mantuvieron firmes en declarar que no sabían quién estaba en el otro auto, que no se dieron cuenta de que había habido un accidente y, menos aun, de la gravedad del mismo.

Laura Beltrame, la mamá de Franco, podría “repetir el cuento 80 veces”, por más doloroso y cargado de “detalles morbosos” que sea. Imagina que es una película de terror hasta que debe ubicar el rostro de su hijo y el amigo en el auto, muriendo en la ruta sin asistencia, y entonces ya no puede seguir. Mara Machado todavía se engaña dos por tres cuando le cae un mensaje y su inconsciente le lleva a pensar que es de su hijo Joaquín. Llegan los viernes y lo espera. Se rearma y sigue.

En el año que pasó, Laura y Mara han estado siempre juntas, igual que murieron sus hijos. Y si miran para atrás, aseguran que no hubo un solo día en que no recibieran una llamada, un mensaje, un dato nuevo, un testimonio clave. “Nosotros fuimos parte activa. Nos volvimos detectives, fiscales, abogados”, dice Laura, que “de no saber nada” de derecho penal, pasó a usar términos específicos.

A pesar del dolor y los ataques de pánico, llegaron al juicio concentradas en transmitir a la jueza toda la información y creyendo conocer a fondo cada una de las pruebas reunidas por Fiscalía y por sus abogados particulares, Rossana García y Juan Raúl Williman. Sin embargo, había más: audios y mensajes de Whatsapp entre los tres jóvenes que iban en la camioneta, hablando luego del siniestro, recopilados por uno de los investigadores policiales. No pueden revelar el contenido porque este juicio, al ser de adolescentes, se rige por el Código de la Niñez y la Adolescencia que estipula reserva. Pero sí dicen que al oír ese intercambio, sintieron que el esfuerzo por contar la historia por vez número 81 se había vuelto innecesario. Esos mensajes “los hunden”, dice Laura: “Prácticamente, de boca de ellos, salió toda la maniobra de encubrimiento”.

Lejos de alegrarse, las voces se oyeron como un ruido. Un año no alcanza para digerir una verdad tan traumática.

Apenas llegó desde Montevideo, Juan Williman lo sintió claramente: no hay otro tema en Minas, y el ambiente está “enrarecido”.

Para este abogado penalista que adquirió más notoriedad en los últimos años -logró destrabar la investigación por la muerte de Lola Chomnalez, por ejemplo-, el caso tiene “muchas particularidades”. Se encontró con una ciudad conmocionada, sensible, y con una Policía precavida al punto que el juzgado estuvo vallado durante los días que duró el juicio, por sus dos calles principales, y se dispusieron efectivos en cada una de sus puertas. El lunes 29, antes del inicio de las audiencias, hubo una marcha de más de mil personas reclamando justicia para Joaquín y Franco, y la Policía también desplegó un fuerte operativo.

Una semana antes, en el control de acusación, la jueza de garantía dictó el sobreseimiento de dos de los delitos imputados -omisión para T.C. y encubrimiento para J.P.-, lo cual fue revocado a último momento por el Tribunal de Apelaciones. “El día previo no sabíamos cómo arrancábamos”, dice Williman, que lo considera “una muestra de lo compleja que es la situación”.

El juicio finalmente empezó el martes 30, después de meses de postergación por la feria sanitaria excepcional. Y la angustia y la presión de la sociedad se trasladaron a la sala, con audiencias de ocho horas, durante siete días, donde prácticamente cada pregunta fue objetada y donde denunciantes y denunciados no pudieron compartir ni siquiera el espacio físico: cuando coincidieron en el juzgado, declararon por Zoom en salas adyacentes. Algo que, según Williman, solo se ve con testigos protegidos o frente a delitos sexuales.

Además, se viene librando una batalla paralela en redes sociales que en las últimas semanas recrudeció. El segundo día del juicio, el padre de T.M. denunció en Delitos Informáticos un posteo del padre de Franco que consideraron una amenaza para sus hijos. El comentario estuvo solo minutos online, pero en esta guerra de familias, con la sociedad tan dividida, las capturas de pantalla nunca escasearon.

El denunciante dijo en el canal local Vivo Noticias: “Hubo en redes sociales mucha agresión, mucha campaña social en contra para hacer una presión social sobre la judicial, que creo que no estuvo bien. Yo personalmente me mantuve en silencio hasta ahora, porque obviamente el dolor de los padres de perder un hijo no es fácil, y uno no sabe cómo actuar. Pero bueno, ha pasado casi un año y las agresiones se han incrementado”.

Las familias de los fallecidos también han denunciado varias publicaciones en redes que han considerado faltas de respeto: desde T.C. alardeando de ir en un auto a gran velocidad el verano pasado, hasta J.P. anunciando en Instagram que al día siguiente arrancaba “lo lindo” (el juicio) y era momento de “cerrar ortos”. Aseguran que la madre y la hermana de T.C. han exhibido actitudes “agresivas” y fuera de lugar, que ninguno de los involucrados en el hecho les dijo “lo siento mucho”, y que ellos en cambio les pidieron a sus hijos que se aislaran para evitar conflictos.

Las denuncias cruzadas por incitación al odio y difamación se tramitan en paralelo. Extraoficialmente se maneja que al haber de ambos lados, se archivarán.

Con este telón de fondo, con los acusados asegurando ser también víctimas y con las víctimas acusando a los otros de victimizarse como “último recurso”, se presentaron unas 45 pruebas, testimoniales y periciales. El hermetismo que reclamó la jueza no pudo con la ansiedad, y algunas de ellas fueron comentadas en la prensa y la televisión de Minas.

En particular, un asunto se llevó buena parte de la indagatoria y motivó al padre del conductor de la camioneta a radicar una denuncia (otra) por falso testimonio. Los denunciados son tres adolescentes que declararon que T.C. y J.P. habían estado en la tarde previa al siniestro en la rambla, junto con Franco y Joaquín, cuando este último les mostró a todos su auto nuevo. La importancia del testimonio radica en que, de haber estado allí, los ocupantes de la camioneta tienen que haber reconocido el auto y, así, el argumento de que no sabían quién viajaba allí se caería.

La defensa de T.C., ejercida por Gustavo Bordes y Gastón Chaves, presentó pruebas de que el joven estaba en viaje a Minas cuando se dio el encuentro en la rambla. “Los testigos se contradicen. Alguien está mintiendo y está mintiendo feo. Este punto no cambia el caso, pero sería, a mi modo de ver, muy grave. ¿Por qué mentirían?, cuestiona Bordes, que cree que Fiscalía, por el principio de objetividad por el que se rige, debería haber “al menos haber investigado el punto”.

En este juicio las imágenes fueron claves para detectar la presencia de varios vehículos en lo que en un principio había parecido un simple accidente. Gracias a las cámaras se vio la camioneta de la madre de T.C. y a distintos adultos observando el daño de la misma al llegar al hogar materno. Pero también gracias a las cámaras aparecieron dos nuevos elementos: un taxi y una camioneta más. El taxista involucrado declaró haber trasladado a los tres jóvenes a un lugar cercano al sitio del accidente; las familias de Franco y Joaquín creen que fueron a observar si la escena permanecía incambiada, lo cual refuerza la omisión de asistencia. Y la camioneta, si bien no pudo ser identificada -aunque hay sospechas de a quién pertenece-, antes de que llegara la ambulancia se dirigió al lugar, apuntó con los faroles como observando el accidente, dio la vuelta y se estacionó cerca de allí. No se llega a divisar bien la matrícula, pero ambas partes reclaman investigación al respecto.

Williman y García quedaron conformes y, en el alegato final, le plantearon a la jueza que al igual que la sociedad minuana, a partir de la “abundante prueba” ella ahora “conoce la verdad”. Según Bordes, la verdad que todos buscan es “una verdad jurídica y no científica”, porque no hay forma de saber exactamente qué sucedió. Asegura: “La verdad siempre se construye”.