Un informe sobre violencia de género

Es conocido el sesgo con el que organizaciones como ONU Mujeres manejan sus investigaciones sobre temas tan sensibles como la violencia contra las mujeres o la participación de ambos sexos en política o en el aporte económico al país. Sin embargo, el mes pasado esa organización sumó a la Universidad Claeh y a la embajada de los Países Bajos para presentar un documento sobre “denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay 2021-2023”.

Cuesta creer que investigadores serios estén detrás del informe en cuestión, cuando se constatan sus enormes problemas metodológicos. En primer lugar, se dice que se realizaron entrevistas en profundidad a 25 actores del poder judicial y que se siguió un criterio aleatorio para cada segmento de entrevistados. Pero a poco que se analiza el detalle del asunto, aparece una sorpresa: hubo, también, 13 personas que rechazaron participar y 14 que no respondieron. En total, fueron más los que se negaron a la iniciativa que los que la contestaron, por lo que obviamente la muestra quedó sesgadísima: ella no es representativa del conjunto de actores cuyas opiniones pretende auscultar.

En segundo lugar, se menciona que se llevó adelante “un relevamiento de la totalidad de los expedientes judiciales iniciados por Fiscalía en los años 2021, 2022 y 2023 por delitos de calumnia y simulación de delito y un análisis de la totalidad de las causas de calumnia y simulación de delito por denuncias falsas de violencia basada en género”.

Fueron un total de 89 expedientes judiciales. Resulta evidente, pero la torpeza del estudio en cuestión es tal que se hace necesario señalarlo: ¿acaso es suficiente para evaluar la extensión y gravedad de las denuncias falsas sobre violencia de género, analizar los casos que efectivamente llegaron a la órbita judicial?

Una buena investigación debiera atender otras complejidades. Por ejemplo, analizar las situaciones de padres que sufren los ataques de denuncias falsas y que a su vez no las denuncian por distintos motivos: no disponen de recursos para ello; prefieren no agregar otra instancia judicial a la situación de tensión -en un marco que suponen con mucha razón hostil por toda la práctica judicial que los pone en situación de culpable por el sólo hecho de ser hombres-; o privilegian razones sociales, sobre todo con relación a los niños de la familia.

Creer que el universo de las falsas denuncias es sinónimo del conjunto de expedientes judiciales que denunciaron esas falsas denuncias, es increíblemente sesgado y torpe.

Aquí importa entonces el sesgo investigativo del informe. ¿Quiénes presentan este informe tan mal planteado metodológicamente? Mujeres universitarias de la “cátedra de género y generaciones” del Claeh, cuya parcialidad ya se divisa en el mismo nombre de la cátedra.

Y para el trabajo de campo, se recurrió a un conjunto de 36 abogados que trabajaron de “forma voluntaria y honoraria”: la verdad, en tema tan importante no debiera delegarse en buena voluntad y gratuidad lo más sustancial de la información que se quiere analizar.

El estudio concluye que sólo dos de los expedientes sobre delitos de calumnia y simulación de delito tuvieron alguna vinculación con la violencia basada en género. Y eso fue lo que salió a informarse con bombos y platillos por parte de ONU Mujeres. Se procuró dar así la idea a la opinión pública de que no hay tantas denuncias falsas, que afirmar que son muchas es una exageración, y que lo demuestra un análisis serio y académico. Como escribe el informe: “es escasísima la incidencia de falsas denuncias por parte de mujeres por razones de violencia de género en el delito de calumnia y simulación de delito”.

La verdad es bien diferente. Si para poder sacar una conclusión favorable a su visión de las cosas, hay que presentar un informe metodológicamente tan endeble y con conclusiones tan estrafalarias, entonces lo más probable es que la situación sea completamente distinta a la que ONU Mujeres y la cátedra del Claeh afirman. Vergonzosa es, además, la participación en este asunto de la embajada de los Países Bajos: ¿acaso no sería mal visto por las autoridades de ese país que nuestra embajada en Amsterdam co-participara en estudios acerca del racismo woke de sus partidos políticos afines a la izquierda? ¿Qué tiene que participar sobre violencia de qué la embajada de un país extranjero, cuyos vínculos deben ser estrictamente diplomáticos en relaciones de gobierno?

Sobre un tema tan importante, definitivamente, Uruguay merece algo mejor que esto que se ha presentado de forma tan sesgada.