Otro 20 de mayo

Se cumplen hoy 48 años de los asesinatos en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, y 28 años del inicio de las manifestaciones ciudadanas que se convocan en torno al reclamo por el conocimiento cabal de lo ocurrido con el destino de los desaparecidos uruguayos en tiempos de dictadura.

Lo que debiera ser un episodio trágico de la vida del país alumbrado por la luz y la templanza de la Historia, como fueron los asesinatos de dos representantes políticos uruguayos en Argentina, infelizmente no termina de poder tomar ese rumbo a casi medio siglo ya de distancia. En parte ello es así porque nunca se lograron determinar claramente las responsabilidades de aquel episodio: no lo logró el Parlamento cuando pudo investigar a partir del retorno de la democracia, y tampoco lo logró luego la justicia.

Hay, claro está, esfuerzos personales de distinto tenor que han procurado alcanzar la verdad, y en particular se espera para este año la publicación de una investigación liderada por el reconocido periodista Álvaro Alfonso con elementos nuevos y entrevistas claves, que seguramente sumarán mucho al armado del rompecabezas de aquella tragedia, en la que parecería ser que directa e indirectamente participaron grupos represivos de ambos Estados del Río de la Plata.

En cualquier caso, es en la significación ciudadana de la multitudinaria marcha que todos los años y desde hace casi tres décadas reclama por la verdad sobre el destino de los desaparecidos, que ha ganado protagonismo esta fecha del 20 de mayo.

En primer lugar, porque desde aquel lejano 1996 todos los partidos políticos han pasado por el poder: incluso la izquierda, en distintas vertientes y por quince años, ha ocupado lugares claves en el Estado, de manera de poder hacerse de información determinante. Empero, a pesar de esos lugares de jerarquía pública y de disponer de elementos reales para la investigación, no logró desactivar el reclamo que la inmensa mayoría de sus simpatizantes realiza silenciosamente cada 20 de mayo. Y en vez de llamar a responsabilidad a sus dirigentes, para pedir cuentas acerca de la incapacidad o de la impotencia para alcanzar esa verdad histórica exigida, y como cuidando una herida llamada a no cerrarse nunca, el pueblo izquierdista prefiere seguir marchando en silencio.

En segundo lugar, porque por primera vez desde aquel inicio de las manifestaciones ciudadanas en 1996, hoy el gobierno con su mayoría de Coalición Republicana ha decidido abrir todos los archivos de ese período tan conflictivo de la historia del país a todos aquellos que quieran leerlos y analizarlos. Hasta hoy nadie sabe que haya habido un sistemático estudio, riguroso y objetivo, de tantas fuentes históricas, y por tanto no es posible saber si reposan allí algunas informaciones capitales que podrían arrojar luz, al menos parcial, sobre la exigencia de verdad que se invoca cada 20 de mayo. Por el contrario, cuando a la izquierda le tocó gobernar manejó con discrecionalidad y sesgo político y académico la información de archivo. Incluso hoy sigue el Frente Amplio argumentando que no deben abrirse las ventanas de la información para que el pueblo conozca directamente, si así lo quiere, lo ocurrido en tiempos de dictadura.

Mientras que todo esto ocurre y mientras que se congregan decenas de miles de uruguayos cada 20 de mayo en tan enormes como silenciosas marchas, no es posible seguir disimulando el manejo que en estos años se ha hecho en torno a causas judiciales sobre derechos humanos que, definitivamente, parecen responder mucho más a lógicas de venganza de guerra fría que a la aplicación real y estricta de la justicia.

Sobre todo, y nada menos, porque aquí se ha aplicado de manera completamente violatoria de todas las garantías elementales del debido proceso que nos hemos dado en Occidente, la retroactividad de la ley penal. Es por esa aplicación, tan contraria a derecho como de vocación vengativa, que se han condenado a uruguayos a injustas prisiones, ante la impávida indiferencia de la inmensa mayoría de la ciudadanía del país.

La apertura total de información y archivos del tiempo de la dictadura condice con el mejor espíritu de conmemoración del 20 de mayo.

Es tiempo ahora de que ese mismo espíritu se extienda a la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad: porque todos sabemos que las trayectorias políticas de Gutiérrez Ruiz y de Michelini jamás hubieran aceptado pacíficamente la bárbara aplicación de la retroactividad de la ley penal.