Editorial

Muchos de los que se rasgan las vestiduras con los disparates antidemocráticos del presidente electo brasileño, pasaron olímpicamente por alto el comentario del “Pepe” sobre la tortura.

Una de las características más comunes que exhibe habitualmente el populismo frenteamplista consiste en naturalizar situaciones que, vistas de manera objetiva, resultan francamente inaceptables.

Con el affaire del ministro Bonomi en Artigas, el gobierno recurre por tercera vez al escrache público de ciudadanos comunes que osan cuestionarlo. Primero fue el colono que tuvo aquel intercambio de palabras con el presidente, de quien un comunicado oficial posterior develó que tenía deudas con el Estado. Después, aquel padre con una hija pequeña a quien el Mides negó refugio. Como tuvo la osadía de quejarse por televisión, fue denunciado enseguida por el gobierno como una persona de comportamiento violento. Ahora tocó el turno a la exposición pública de los antecedentes penales de uno de los manifestantes que "molestaron" a Bonomi.

Con la misma mansedumbre de tantos personajes de las distopías de Orwell y Huxley, los uruguayos nos estamos acostumbrando a que desde el poder se escrache a los ciudadanos comunes, por el solo pecado de expresar su discrepancia con el gobierno. El expediente es típicamente dictatorial. Por suerte, la legalidad en vigencia no los autoriza a fusilar disidentes, pero menoscabarlos exponiendo públicamente sus falencias personales, les rinde como un ingenioso sucedáneo. "Pamí que te equivocaste", le dijo el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira al ministro del Interior. Si la patoteada la hubiera ejecutado un blanco o un colorado, la central sindical estaría paralizando al país.

Otra reacción tibia e indolente, en comparación con su extrema gravedad, fue la que generó hace unos días una de las tantas declaraciones del presidente más pobre del mundo. Quien ejerció la primera magistratura durante cinco años y podía haber dado pasos significativos en la develación del destino de los desaparecidos durante la dictadura, no tuvo mejor idea que exculparse diciendo que "hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad".

Muchos de los que se rasgan las vestiduras con los disparates antidemocráticos que ha dicho el presidente electo brasileño, pasaron olímpicamente por alto esta naturalización yorugua de una práctica tan aberrante. Y bueno, ya sabemos cómo es "el Pepe".

La táctica, si es que existe (porque también puede ser todo fruto del azar y la improvisación) consiste en acostumbrarnos a lo que debería provocarnos indignación.

En comparación con estos ejemplos, hay otro que podría considerarse menos relevante, pero también es grave. La Intendencia de Montevideo ha divulgado con bombos y platillos la realización reciente de un curso para cuidacoches, a los que parece que se les enseñó buenos modales y normas de seguridad vial.

Cuando alguien cuestiona el desempeño de tal oficio, lo más seguro es que desde el izquierdismo biempensante se lo trate de conservador, reaccionario, aporófobo, facho.

En realidad, es válido rechazar la idea por razones que tienen que ver más con el cuidacoches que con uno mismo. Se trata de una actividad cuya retribución depende del aporte voluntario de los eventuales "clientes". Son personas que no están en caja, que no perciben beneficios sociales, que pasan horas a la intemperie desempeñando una vigilancia para la que no están legalmente avalados ni protegidos. En realidad, lo que practican es una mendicidad encubierta. O tal vez explícita. Ordenar el estacionamiento en torno a lugares donde se realizan eventos de distinta índole es un oficio plausible, pero solo si lo ejercen personas debidamente contratadas por los organizadores y amparadas por la legalidad vigente. Pararse en una esquina pidiendo unas monedas a los automovilistas que arrancan su vehículo, en cambio, no es un trabajo digno. Aunque la IMM lo quiera presentar como tal, no lo es.

El Estado cobra impuestos a todos los ciudadanos en actividad para fortalecer al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que tiene la finalidad expresa de capacitar a las personas en situación de vulnerabilidad laboral, de manera de que se reinserten en el mercado de trabajo con las habilidades que este demanda.

En lugar de impartirles buenos modales para que ejerzan una tarea semimendicante, valdría más la pena que les enseñaran habilidades de provecho para la sociedad y para sí mismos, capaces de generarles remuneraciones estables y condiciones laborales dignas.

Pero así son las cosas en el maravilloso mundo del populismo frenteamplista: procuran que ser pobre se vea como una virtud a ensalzar y no como una injusticia a corregir.