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El cambio de gobierno no termina de ser aceptado por algunos actores de la realidad nacional. Y eso que ya han pasado casi dos años desde la asunción del presidente Lacalle Pou.
Y que todas las encuestas de opinión (todas), muestran que cuenta con un apoyo popular mucho mayor que el que tuvieron a esta altura cualquiera de los mandatarios de los últimos años.
La cuestión es que si hay un sector que ha decidido usar todas las armas posibles para buscar el fracaso de esta administración, es el llamado poder sindical. Un poder que camina a tomar control absoluto del principal partido de oposición, en la medida que gracias al apoyo del Partido Comunista y el MPP, Fernando Pereira parece encaminado a ser el nuevo presidente del FA.
Hasta ahí, parte de las reglas de una democracia. Lo que no parece tan consistente con una democracia funcional es lo que está haciendo este poder sindical para intentar entorpecer de manera cruenta la marcha del gobierno. Y decimos cruenta, porque implica causar un daño sustancial a la propia ciudadanía, con tal de obtener una ventaja política.
En las últimas semanas, el país ha sido testigo de tres conflicto sindicales virulentos, que no parecen tener otra razón de ser que golpear al gobierno en su línea de flotación económica. Y que muestran un radicalismo, y una lejanía con lo que debería ser una conducción sindical constructiva, que obliga a encender las alertas institucionales.
El primero ocurrió en el Puerto de Montevideo. De forma intempestiva, y sin atender razones, se paralizó la principal terminal portuaria del país con una justificación doble tan incomprensible como desproporcionada. Por un lado, se decía que era para obtener mejoras salariales de parte de la empresa concesionaria de la terminal especializada de contenedores. Pero, por otro, se reclamaba contra un acuerdo celebrado por el gobierno con esa misma empresa.
Un gobierno democrático, legítimo, que firma un acuerdo cumpliendo con las normas con una empresa, no tiene por qué aceptar la presión indebida de un gremio, que apenas representa a algunos cientos de personas. Y menos cuando ese gremio, se siente con derecho a poner de rehén a todo un país. Ese paro injustificado, ocurrió en medio de una situación única en la historia, donde el mundo entero enfrentaba una trabazón logística sin precedentes, a raíz de la salida de la pandemia. Las pérdidas y problemas que ese paro generó en el tejido industrial y comercial del país, llevará meses simplemente evaluar.
Como si eso fuera poco, en las últimas horas ha explotado un paro sorpresivo en la industria frigorífica. El paro se hizo, incluso reconocido por los propios gremialistas, para generar el mayor daño posible a todos los actores de la cadena. Los productores, que tenían el ganado ya en los corrales, y las industrias, que no podían procesarlo. Eso en una semana clave, en la que se rompería el récord de faena. Todo pese a que ya estaba arreglado el acuerdo de “recuperación” salarial. Y en reclamo de una insólita partida que implica el valor de un litro de combustible por cada día trabajado.
Los propios gremialistas reconocieron que el paro se hizo de sorpresa, ya que debido a la LUC, ahora no pueden impedir “de pesado” que quienes no adhieran al mismo, puedan ingresar a trabajar. Razón más que suficiente para valorar lo positivo de esta norma.
Y ahora vamos por la tercera. Resulta que el gremio de la industria láctea se encuentra en una especie de preconflicto, trabajando a reglamento, y amenazando el suministro de este producto vital para toda la sociedad. ¿La excusa? Que Conaprole adelantó una hora el horario de trabajo de UN trabajador. Así las gasta el gremio de esa empresa, uno de cuyos dirigentes se refirió no hace mucho a los productores que generan su trabajo como “canarios comebosta”.
Los propios gremialistas reconocieron que el paro se hizo de sorpresa, ya que debido a la LUC, ahora no pueden impedir “de pesado” que quienes no adhieran al mismo, puedan ingresar a trabajar.
Ese es el panorama actual de las relaciones laborales en el país. Esto luego de una pandemia cuyo abordaje por parte del gobierno ha sido considerado ejemplar. Alcanza leer las declaraciones de ejecutivos extranjeros, como recientemente el gerente general del Hotel Enjoy, que no se cansan de elogiar la forma en que el gobierno gestionó el impacto sanitario. Claro que eso no es digno de elogio para gente que cultiva eso de “cuanto peor mejor”. Que no tuvieron pudor en organizar un caceroleo a 15 días del estallido de la pandemia, para exigir una cuarentena forzosa. Y ahora buscan quebrar el brazo al gobierno, para facilitar el regreso al poder de sus socios políticos.
Pero los uruguayos no son tontos. Y tienen claro quien pelea por el bienestar general, y quienes por obtener pequeñas ventajas a costa de toda la sociedad.