Libertad de prensa amenazada

Durante el gobierno pasado, ocurrió un fenómeno muy extraño. Justo en la previa de un gran evento sobre libertad de prensa organizado por Unesco en Punta del Este, para el cual el gobierno de Lacalle Pou había hecho una apuesta muy fuerte, apareció un informe de Reporteros Sin Fronteras que golpeaba en la línea de flotación de esa gestión.

Allí se afirmaba de manera llamativa, que el clima de libertad de prensa en Uruguay había caído drásticamente, al punto que el país se derrumbó 26 puestos en el ranking global, quedando por debajo de países como Burkina Faso, y apenas superando a Sierra Leona. ¿Qué pasó? La realidad es que la organización no supo explicarlo, y se escudó en la excusa de un “cambio metodológico”, que no convenció a nadie.

Bajo cuerda, la explicación era otra. Algún ex periodista que gracias a sus contactos políticos ocupó un cargo muy relevante a nivel regional en la materia, habría hecho un informe muy negativo sobre el país. Y eso habría sido determinante para el derrumbe. Vale señalar que para potenciar las sospechas, ese mismo ex periodista ahora ocupa un cargo internacional muy alto en representación de Uruguay.

El tema viene a cuento, porque en aquel entonces muchos dirigentes del Frente Amplio se rasgaron las vestiduras, y con tono emotivo lanzaron arengas conmovedoras en defensa del periodismo libre y la libertad de expresión.

Parece que en apenas tres años, se les han olvidado.

Hace unas semanas, y tras una investigación sobre el caso de una ONG que usufructúa millonarios bienes públicos con el supuesto fin de rescatar animales marinos, El País publicó un informe al respecto. Informe que claramente no gustó a algún jerarca policial de la zona, que movió sus influencias para llevar conducido por la fuerza pública, a un periodista de esta casa a declarar durante horas a una comisaría.

El hecho es totalmente irregular, y configura una violación flagrante a los convenios y acuerdos que tiene firmado el país para defender el derecho a la libertad de expresión.

No pasó por un fiscal ni por un juez, y todo se limitó al capricho de un jerarca policial, en lo que representa un antecedente alarmante para cualquier periodista que pretenda desafiar el poder a futuro en Uruguay.

No se trata de un hecho único y aislado. Apenas unas semanas antes, una carta oficial del Ministerio de Educación, intimaba a las autoridades de este diario a informar quién había sido la fuente de una investigación, que ponía la lupa sobre denuncias de abuso en el SODRE. Tan deplorable era esa requisitoria, que el ministerio hasta nos pedía una copia en papel del informe periodístico, ya que se ve que ni compran el diario, ni lo habían leído a fondo.

Pero la situación les resultaba suficiente como para pretender que un periodista, violando un derecho sagrado que está hasta en la constitución, les dijera quien era su fuente dentro del ministerio.

Se trata de apenas dos hechos, ocurrido en menos de un año de gobierno, y respecto de un mismo medio de prensa.

Si en el gobierno anterior, Uruguay cayó 26 puestos en el ranking de libertad de prensa, sin que hubiera ni un episodio similar en relevancia y gravedad a estos, es de imaginarnos lo que pasará este año. Empataremos con Venezuela o Zimbabwe. Eso a menos que ese ranking no tenga ninguna seriedad. Y quede probada así la participación maledicente de alguien más preocupado por sus objetivos políticos que por la reputación del país.

Pero vamos a dejar la ironía y el sarcasmo de lado por un momento. La verdad es que no creemos que estos hechos sean una amenaza real a la libertad de expresión, y más bien que representan las consecuencias de tener a funcionarios mediocres y soberbios en cargos que no merecen. Pero sí hay un tema grave de fondo que hay que remarcar.

Es inaceptable que tras ocurrir todo esto, no se haya escuchado ni una voz del gobierno, ni del presidente, ni de un ministro, ni de nadie, condenando estos atropellos, y dando garantías de que ni son planificados, ni serán amparados a futuro.

Pasada ya más de una semana de la denuncia del tema, ni siquiera el ministro Negro, que es un ex fiscal, ha salido a hablar del tema. No pedimos una sanción ejemplarizante al jerarca policial involucrado, lo cual sería de orden. Pero al menos un mensaje claro de su jerarquía de que esto fue un error lamentable, y que no volverá a ocurrir.

En este caso, el silencio del gobierno es más explícito que ningún ranking, que ninguna denuncia.