Ante una sociedad anestesiada por el bombardeo de información y desinformación, hay cosas que pasan desapercibidas. Pero que es clave poner sobre la mesa, aunque sea para que el día de mañana, cuando cosechemos los frutos amargos de ciertas siembras, nadie se sorprenda tanto

Uno de estos temas que ocurren hoy en la sociedad, de alguna forma veladamente, es la cooptación por parte de ciertas visiones ideológicas, y de personas inescrupulosas, de instituciones creadas para el beneficio general, y financiadas por todos los uruguayos. Ocurre a muchos niveles, pero hay un episodio particular que está ocurriendo en la Universidad de la República, más en particular, en el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho.

En los últimos años hemos visto cómo algunos episodios bochornosos de la realidad del país, han tenido a esta institución como actor (llamativamente) de primer grado.

Hablamos de casos como el de la supuesta violación grupal del barrio montevideano del Cordón, o las denuncias de la activista “trans”, Romina Papasso. En todos ellos, abogados que son docentes en el Consultorio Jurídico, han ocupado generoso espacio en la agenda pública, dentro del rol bastante polémico que ha asumido esa institución a la hora de defender a víctimas de delitos de naturaleza sexual.

Esta participación ha generado ruido en varios sectores, tanto por la naturaleza de la misma en casos como el del Cordón, donde se ha buscado seguir en ámbitos internacionales lo que quedó aclarado sin mayores márgenes de duda en los nacionales. También por el tono partidista de algunas actuaciones, y en general por el notorio afán de protagonismo de algunos profesionales, y su actuación reñida con la ética al contribuir a la circulación intencionada de información reservada que se encuentra en los expedientes.

Incluso el Colegio de Abogados ha manifestado su crítica al funcionamiento de esta oficina universitaria, lo cual ha derivado en la creación de un consejo asesor, para supervisar la tarea del Consultorio Jurídico. Esto ya comienza a generar resistencia de algunas voces que parecen haberse apropiado de esta oficina pública, para usarla como agencia promocional de sus figuras.

Días atrás en un programa del canal de la intendenta Cosse, TV Ciudad, los abogados Juan Ceretta y Juan Raúl Williman, comparecieron con expresión docta y socialmente pura, tal cual es su costumbre, a dar su visión sobre el tema.

En particular resultó digna de destaque la postura del Dr. Ceretta, que dijo: “Yo soy de la idea de que una universidad comprometida es una universidad proactiva. Y una universidad proactiva, va hacia donde están los problemas”.

Conceptos que parecen muy profundos, muy elevados. Pero que en los hechos no dicen absolutamente nada. ¿Qué significa “ir a donde están los problemas”? Porque en una sociedad hay muchos problemas, y están en lugares muy distintos. ¿Quién elige cuáles y a dónde ir a buscarlos? ¿Un docente estatal?

No contento con eso, Ceretta agregó que “esto no es solo un servicio para la gente. Nosotros estamos en un proceso de formación de estudiantes. Un verdadero egresado de la Universidad, según nuestra visión, es alguien que está comprometido con la sociedad en la que vive. Y que usa los conocimientos que adquiere para el bien”. O sea, Ceretta cree estar en condiciones no solo de enseñar leyes y códigos, sino de separar el bien del mal. ¡Pavada de amor propio!

Para concluir, sostuvo que busca que sus alumnos usen la abogacía “como herramienta para cambiar el mundo”, y que cuando eso sucede, “molesta al poder”. De nuevo, el ego del Dr. Ceretta es digno de algún libro de autoayuda. Pero sus declaraciones son más que discutibles.

Primero, porque parecen estar rozando una violación de la laicidad, ya que la sociedad, el contribuyente, los uruguayos, financian una Universidad, un servicio público como el Consultorio Jurídico, con un objetivo bastante menos ambicioso. Que es el de satisfacer una necesidad educativa, y de apoyo legal. Ceretta tiene todo el derecho a creer lo que quiera, pero no a usar recursos de todos los uruguayos, para impulsar determinada ideología o agenda, que son suyas, no de todos.

Por último, porque a vista de lo que ha ocurrido estos años, esos recursos más que usarse para el bien general, se están usando para fomentar el autobombo de algunos abogados, que después ven crecer su facturación en la actividad privada, o en el desarrollo de una carrera política. ¿Es eso usar los recursos de todos los uruguayos para “el bien”?