El domingo pasado El País dio cuenta de uno de los varios efectos positivos de la Ley de Urgente Consideración. Bajo su vigencia se desactivaron nada menos que 163 ocupaciones y piquetes en los últimos 42 meses. Desde que rige esta legislación hubo que defender a un ritmo de una vez cada 8 días, la libertad de la gente cuya voluntad era asistir a su trabajo o a su centro de estudio. Las protestas se aceptan y se respeta el derecho de huelga, pero de ninguna manera es tolerable que los derechos de las personas que piensen distinto, de quienes no comparten el llamado a las medidas de lucha, ni acompañan los reclamos o reivindicaciones sean vulnerados. Que el sindicato, por distintos métodos los presione o les impida el paso.

El Frente Amplio y diversos sectores afines como el de la educación o el sindicalismo, montaron una tremenda campaña de mentiras y desinformación a lo largo de los meses, a fin de lograr a través de un referéndum, derogar 135 artículos de la voluminosa LUC. Una ley calificada como columna vertebral de este gobierno, fruto de una larga y profunda labor cuyos orígenes se retrotraen al menos al año 2017, cuando por primera vez el presidente Lacalle hizo referencia a esta idea y su futura proyección.

El reciente informe elaborado por el Ministerio de Trabajo se enfoca principalmente en ciertos artículos. El 392 que consagra la libertad del trabajo al garantizar el ejercicio pacífico de la huelga, lo mismo que el derecho de los otros a acceder a sus lugares de trabajo. Así como el libre ingreso de los dueños o el personal de dirección a las instalaciones. Por otra parte, el 468 que declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público”. Y el 469, que justamente habilita al Ministerio del Interior a disponer las medidas pertinentes para garantizar el orden público.

Esta sección de la LUC buscó terminar con las absurdas e indignantes situaciones prohijadas, primero en un decreto firmado por el presidente Vázquez, cuya redacción dio amparo a la ocupación de los lugares de trabajo, consideradas esas acciones como una extensión del derecho de huelga. El exmandatario fue aún mas lejos que la OIT, donde no figuraba semejante criterio. Pero el tiro les salió por la culata tras ser ocupado un organismo del Estado. Entonces, el otro presidente del FA, José Mujica, rápidamente firmó otro decreto, en diciembre del 2010 que permitía el desalojo inmediato de ocupaciones en oficinas estatales. De un plumazo desconoció el principio de que todos son iguales ante la ley con notoria discriminación en detrimento de la actividad privada.

En el año 2022, ratificada la LUC y la oposición ya en campaña para intentar derogarla, el fenómeno tomó cuerpo y se llegó en octubre del 22, al extremo de que en esa primera quincena, 19 centros de Secundaria, 5 dependencias de UTU y el Instituto de Profesores Artigas (IPA) tuvieron que ser desalojados. Felizmente ocurrieron en forma pacífica, a excepción de una cierta violencia en el primer caso y en uno de los piquetes a la entrada al puerto. Los ocupantes que al principio se retiraban ante el primer aviso, luego comenzaron a retirarse solo una vez que llega la policía con la orden correspondiente.

Pero la LUC no solo en el ámbito laboral ha sido cosa buena, sino en muchos otros aspectos que hacen a nuestra sociedad. Por ejemplo, lo ocurrido con las adopciones. Rompía los ojos, la lentitud sumada a la desidia y otros factores; como una especie de actitud posesoria de ciertos responsables del INAU respecto de los infantes. Bajo el nuevo régimen impuesto por esta Administración quedaron atrás las largas demoras y por fin se agilizaron las adopciones. Lo cual no es algo baladí, ya que cuanto más tiempo en la institución, más difícil será una posible adopción. Había parejas que debían esperar años para ofrecerle su hogar a un niño y muchos, demasiados menores, nunca llegaban a ser parte de una familia. Ahora se generó un sistema que permitió acelerar los trámites en forma seria y eficaz.

Aunque una de las críticas de los opositores era que no se había dado tiempo para conocer el proyecto, fue discutido por más de 270 delegaciones entre ambas cámaras, el borrador se repartió en enero de 2020 y previamente se informó a todos los partidos políticos. Sirvió para respaldar a la policía y dar mayor protección a los ciudadanos, para hacer mejoras en la educación. La regla fiscal pone orden en el uso de los dineros públicos y no daña el gasto en la cuestión social, donde se han invertido más de US$ 1700 millones.