Un interesante programa en canal 12 el domingo pasado, Séptimo Día, se centró en un tema clave para la convivencia, y que hasta hace poco era tabú en la mayoría de los medios masivos de comunicación: la gente que vive en la calle.

Se trata de un problema serio, con raíces profundas, y que requiere un análisis lejos del estruendo, como se vio efectivamente en ese programa. Con la participación llamativamente mesurada y racional del nuevo ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, alguien que suele tener discursos ideológicos bastante extremistas. E, incluso, de dos personas que transitaron por el drama de la vida en la calle, pero que han logrado salir de eso gracias a su esfuerzo y al apoyo de ciertas instituciones.

Pero antes de decir nada más, es necesario hacer un paréntesis. Porque este tema, que como decíamos era literalmente tabú para la mayoría de los medios y periodistas hasta hace algunos meses, se legitimó en su encare público a partir de un hecho tan puntual como revelador. Que fue cuando la exintendenta Carolina Cosse, para justificar el nivel de mugre que padece Montevideo, dijo que era imposible mantener la capital limpia, cuando hay un contingente de 3 o 4 mil personas que están sistemáticamente tirando en la calle todo lo que se acumula en los contenedores.

Lo que dice Cosse es estrictamente verdad, aunque suene raro. Pero lo revelador es que hasta que una dirigente del Frente Amplio puso el tema sobre la mesa, la mayoría de los comunicadores y medios tenían como miedo de abordar esta problemática. Ante la amenaza siempre latente de que el batallón de opinólogos y bienpensantes que vegetan en las redes sociales y en medios compañeros, salieran en masa a acusar al audaz de “facho”, “insolidario”, “malnacido” o algo similar. Por una vez, habrá que agradecerle a la ingeniera Cosse un aporte positivo al debate público, más allá del tema de no tomar agua en botellas de plástico descartables.

Volviendo al programa Séptimo Día, quedó muy claro que la situación angustiante que se vive hoy en la capital del país tiene raíces muy profundas, vinculadas a los problemas en la educación, en el sistema carcelario, en el fracaso absoluto del Estado en las instituciones que deben tutelar a la minoridad vulnerable, y muchos otros ambientes. Esto, claramente, no podrá ser resuelto de un día para otro, y se requerirán años de políticas muy diferentes a lo que se ha hecho en las últimas décadas, para frenar y revertir el proceso, por el cual miles de compatriotas terminan en las calles, entregados al consumo de drogas y a la marginalidad.

Pero lo que tal vez no quedó tan claro, es que la sociedad en general no puede esperar 10 o 20 años a percibir el efecto de estos cambios. Si es que llegan. Hace falta que el Estado, que las autoridades tomen medidas contundentes ahora mismo, para encauzar la feroz crisis de convivencia que afecta principalmente a la capital del país.

No es sustentable una convivencia donde 3 o 4 mil personas viven, comen, hacen sus necesidades, consumen drogas, y realizan su existencia cotidiana en la puerta de las casas y comercios de los montevideanos. Si ya padecemos una situación de pérdida de humanidad, de conflictos de baja intensidad, la inacción del Estado solo terminará agravando esta crisis, con consecuencias tan graves como previsibles.

¿Hasta cuándo se le puede pedir al ciudadano que paga sus impuestos, al comerciante, al que depende del turismo o de la vida corriente en las zonas céntricas, que mantenga la calma, la moderación, y el espíritu humano, frente a esta situación? Frente a casos donde grupos de adictos se instalan de manera prepotente frente a su casa o comercio, extorsionan de manera nada velada a los conductores con la excusa de cuidarles el vehículo, o directamente se enfrentan a cuchilladas a plena luz del día. Cosas que vemos todos los días en Montevideo, y que los ciudadanos hemos ido incorporando a nuestra vida cotidiana. Pero este potencial de violencia que está siempre latente ante el fracaso del Estado de dar soluciones a esta crisis de convivencia, no es la única consecuencia del problema. Hay que sumar el éxodo masivo de población y comercio hacia la zona este, forzando al Estado a invertir en servicios en zonas nuevas, mientras se vacían de forma lamentable las que tienen ya cubiertas esas necesidades.

El nuevo gobierno debe dar muestras de ejecutividad y creatividad para enfrentar este problema ya. Las consecuencias de no hacerlo, serán mucho peores.