Editorial

El asunto no es tanto contradecir aquí las mentiras de la ministra, sino tener claro la impunidad con la que ellas se extienden, y reflexionar sobre los enormes daños que terminan causando al país.

El relato izquierdista que pretende interpretar hegemónicamente la realidad social del país se construye con distintos aportes. Algunos de ellos provienen de los estudios sectoriales que el gobierno lleva adelante con agencias internacionales.

Por lo general, en esos informes se encuentran datos claves para analizar la evolución social del país. Las agencias que participan previenen que no se hacen institucionalmente responsables por las opiniones vertidas por los profesionales contratados. No obstante, como se trata de estudios que cuentan con amplios medios económicos y logísticos, y también con mucha difusión para extenderse como conocimiento legítimo entre periodistas, analistas y líderes de opinión, las posiciones políticas que allí se vuelcan son las que terminan armando el relato oficialista de la evolución social del país.

Un reciente ejemplo de todo esto lo ilustra el informe "Las políticas públicas dirigidas a la infancia. Aportes desde el Uruguay" preparado por la oficina en Montevideo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en convenio de cooperación técnica con el Ministerio de Desarrollo Social.

En las páginas iniciales del estudio, escribe la ministra Arismendi: "es obvio que el modelo de Estado prescindente que ha venido siguiendo el país desde los años 60 hasta bien entrado el siglo XXI no es más que un problema y no puede llegar a ser una solución.

Luego de décadas de desinversión en el área social (salud, vivienda, educación, etc.), ha cambiado la tendencia y con ella van cambiando los resultados. Hoy volvemos (…) a promover la construcción de un Estado comprometido con la situación social de toda la población y, especialmente, la de los más desfavorecidos".

La verdad histórica es bien diferente a lo que afirma el relato de Arismendi que, de alguna forma, termina contando con el apoyo legitimado de la Cepal.

En efecto, en el informado libro publicado en 2009, "¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX", se muestra claramente que nunca hubo en el Uruguay posterior a los años 60 un "Estado prescindente", como pretende Arismendi.

Así lo deja en claro la evolución del gasto público social que comprende los gastos en educación, salud, seguridad y asistencia social, vivienda y servicios comunitarios. Su prioridad macroeconómica en los años 90, por ejemplo, siempre estuvo en el eje del 20%. Su prioridad fiscal, es decir su importancia en el total del gasto público, siempre estuvo por encima del 70%. Y este último porcentaje es bien revelador, porque se trata de un índice que refleja la importancia que los gobiernos asignan al gasto social en las cuentas públicas y, por tanto, se trata de una cifra que ilustra sobre el sentido de las decisiones políticas para asignar esos gastos presupuestales.

Tampoco es verdad que antes de 2005 hubiera un Estado sin compromisos con los más desfavorecidos. La baja de la pobreza monetaria del 46% del total de la población en 1986 al 15% en 1994, por ejemplo, es una evolución elocuente que desmiente al relato de Arismendi.

Pero hay más datos. El peor resultado del índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos de la población, durante los cinco años de gobierno del Partido Nacional (1990-1995), fue de 0,418 en 1995. Pero en los treinta años que van de 1985 a 2015, los dos peores resultados en la desigualdad de ingresos ocurrieron durante la era frenteamplista: en 2006 y 2007 (y mucho peores que el de 1995). Atiéndase bien: ni siquiera en el peor momento de la crisis de 2002 la desigualdad de ingresos de los uruguayos fue tan alta como durante esos dos años de la primera administración de Vázquez.

Podrían acumularse muchos más datos, todos oficiales, que desmienten el relato de Arismendi que se difunde con el apoyo de la Cepal. Empero, el asunto no es tanto contradecir aquí las mentiras de la ministra, sino tener claro la impunidad con la que ellas se extienden, y reflexionar sobre los enormes daños que terminan causando al país, esencialmente por dos motivos. Primero, porque al hablar desde la falsedad histórica, distorsiona cualquier debate ciudadano serio. Y segundo, porque al alterar lo ocurrido impide valorar con pertinencia y ponderación la calidad de las políticas públicas que, en el pasado, dieron muy buenos resultados sociales.

Este ejemplo de Arismendi es uno más dentro del gran relato mentiroso frenteamplista que se ha extendido en estos años. Forma parte de la pesada herencia que la izquierda deja al país.