El precio del silencio

Este título merecía ser más el de una novela que el de un editorial, y si bien existe uno parecido en la obra de un bávaro del siglo pasado, es oportuno rescatarlo teniendo en cuenta las expresiones de la senadora Lucía Topolansky donde critica a un Consejero de la minoría en ANEP por unas consideraciones formuladas públicamente a una iniciativa del organismo.

Esa actitud, dijo la senadora, "no fue leal" ya que nosotros desde el gobierno le dimos un lugar a la oposición en el Codicen, pero no para que saliera a atacar ningún documento, agregando, con ese informalismo que caracteriza a la pareja real: "Entonces, ¿en qué quedamos? O sos miembro del organismo o no lo sos, porque si vas a actuar así más vale que no estés como Consejero". Lo que significa decir que para ocupar un cargo de gobierno, el FA exige someterse al precio del silencio y al tributo de un verticalismo tipo marxista, que no estuvo bien para ser enarbolado durante la mal llamada revolución de octubre ni puede estar bien para aplicarlo a sus militantes, salvo que estén dispuestos a vender su independencia al bajo precio de la necesidad; pero que es inadmisible reclamarlo a aquellos que, por su calidad de técnicos o de representantes de otros partidos políticos, asuman la pesada carga de integrar órganos de administración, en un gobierno como este, que envilece a través de su gestión o que avergüenza diariamente con las barbaridades que comete o la sumisión en que se mueve, tanto frente al Sarkozy como a la presidenta Cristina Fernández.

Esa tesis además, es y totalmente inconstitucional, y aunque al Frente le importe muy poco la Constitución, no se puede dejar que ese modo de actuar siga prosperando. Una mancha más no le hace nada al tigre, puede sostener algún lector, pero es grave para un régimen democrático, cercado por una intolerancia que amenaza invadirnos por quienes respetan más los derechos de los muertos que la dignidad de los vivos y desconocen lo que es un Estado de Derecho.

En ese sentido la Constitución establece el principio de la autonomía en los Entes y Servicios, disponiendo en su artículo 185 que los diversos servicios tendrán el grado de descentralización que determinen las leyes, agregándose que la enseñanza pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística serán regidos por uno o más Consejos Directivos Autónomos, con lo cual prohíbe toda injerencia política o ideológica, como la que pretende aplicar el Frente Amplio y a la cual quiere someter a quienes ocupen cargos en ellos. Un principio que fue establecido en la Carta de 1918 y respetado hasta la fecha por todos los gobiernos blancos y colorados, aparece así groseramente desconocido por alguien que figura en un lugar destacado en el orden de sucesión, sin que nadie haya salido hasta la fecha a reclamar por esa barbaridad.

A la luz de las expresiones citadas, cuesta además confiar en que el gobierno aparezca liderando una modificación a la ley Vázquez de educación -no hay que olvidar quien fue el padre legítimo y no natural de esa ley que ahora se quiere modificar-, llamando la atención que nadie haya protestado por este nuevo exabrupto con que se han descargado. Ello obliga a tratar con pinzas todas modificación que se pretenda introducir, cuidando que nadie ni nada afecte ni la autonomía ni la independencia de la enseñanza, que se ha vuelto a manosear reavivando groseras interpretaciones del pasado reciente, sobre todo teniendo en cuenta declaraciones recientes del Vicepresidente El precio que pretenden cobrar, que se lo facturen a los representantes oficialistas, pero que no pretendan extenderla, al menos al Partido Nacional, que no debe permitir más atropellos de los que ya se han cometido.

El daño que cometen con sus actitudes se extiende para todo el futuro de la enseñanza mientras que los frenos que se impongan ahora pueden salvar al menos el pasado, para que cada uno lo juzgue y lo interprete libremente y no cegado por quienes tienen un alto grado de responsabilidad en todo lo que ha ocurrido. En el Uruguay, al menos, con los cargos no se compran conciencias y el que esté dispuesto a venderlas, que se vaya a Cuba, a Venezuela, a la dictadura hereditaria de Corea del Norte o a la corrupta Moscú. Entre nosotros no hay lugar para ellos.

Curiosa tesis de la senadora Topolansky: el gobierno le dio un lugar a la oposición en los organismos, pero no para que salgan a discrepar o marquen sus diferencias en la conducción".