El cambio en política de vivienda

Una de las amenazas más claras a la inversión directa que había en el documento “bases programáticas 2025-2030”, que el Frente Amplio (FA) se comprometió el año pasado a implementar si llegaba al gobierno, refería al régimen de vivienda promovida. Sin embargo, parece que hubo un cambio discreto en la administración Orsi, y que aquellas promesas quedarán en nada.

La izquierda había hecho un diagnóstico muy negativo de ese régimen. En efecto, consideraba que había generado “operaciones inmobiliarias meramente especulativas” y que para revertir aquello había que crear un sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al que existía y que seguiría funcionando. El planteo del FA implicaba pues aplicar una política que evidentemente iba a dañar las expectativas de inversión, tanto de quienes esperan para poder hacerse de los apartamentos que hoy se están construyendo, como de quienes ya gozan de su bien inmobiliario y allí residen o lo utilizan para alquiler.

En mayo pasado, el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó en el Congreso de Intendentes los lineamientos estratégicos de su cartera y allí insistió sobre el asunto. Dijo que su objetivo más importante era concretar esa política nacional de alquileres para facilitar el acceso de los hogares a precios acordes a sus sueldos, incluyendo un sistema de alquiler social paralelo al actual, que se lograría, como afirmaban las bases programáticas, con un parque de viviendas de propiedad estatal.

Al parecer en este invierno el viento cambió. Cuando la ministra Paseyro compareció hace unas semanas a la comisión de vivienda y territorio de la Cámara de Diputados, quedó claro que el régimen de vivienda promovida en general habrá de mantenerse tal como está, sin modificaciones de los beneficios que vienen del gobierno de la Coalición Republicana. El oficialismo reconoció allí que se trata de un régimen exitoso, con récord de proyectos presentados y generación de un desarrollo inmobiliario importante.

Ciertamente, la ministra anunció algunos cambios, como por ejemplo, la unificación del régimen de subsidios con el sistema público de vivienda, garantizando su revisión y adecuación a la realidad familiar; la limitación de la escala de los proyectos a un máximo de 100 unidades; o la priorización de desarrollos ubicados en suelo urbano con adecuada conexión a servicios, en la que se incluye además un mayor énfasis para proyectos en el interior del país. Pero ninguno de estos cambios hace a lo esencial del mecanismo de promoción, y sobre todo, ninguno implica como prioridad crear un sistema de alquiler social regulado que compita abiertamente con las inversiones generadas a partir del régimen de vivienda promovida.

Estamos así ante uno de los ejemplos típicos de disparates prometidos por el FA en campaña electoral y que luego, cuando le toca ser gobierno, terminan siendo dejados de lado. Se trata de saludos a la bandera izquierdista más radical, basados en este caso en el equivocado diagnóstico de las “operaciones inmobiliarias meramente especulativas” y que obviamente nada entiende sobre cómo funcionan las inversiones y la economía.

El problema es qué ocurrirá ahora con las bases frenteamplistas. Ellas naturalmente se sentirán traicionadas por esta marcha atrás de la administración Orsi. Como en el caso, por ejemplo, de la decisión de este gobierno de conservar la vigencia de la obligación de que los niños concurran a los centros de estudios para mantener la asignación familiar, que implicó que más de 3.000 asignaciones fueran suspendidas hace algunas semanas, una vez más esas bases izquierdistas constatarán que el FA en el poder cambia radicalmente de política con relación a lo que anunció en su campaña electoral.

Hay muchos que con la actual posición del FA dirán: menos mal que es así, ya que en definitiva prima la cordura. Empero, el problema es doble. Por un lado, como el discurso radical ocurrió cuando el FA estuvo en la oposición, se verifica una enorme inmadurez izquierdista, ya que poco le importó entre 2020 y 2025 perjudicar al país con su crítica inconducente. Por otro lado, al prometer a los suyos algo que incumple, el FA genera una frustración ciudadana que a la larga daña a la democracia.

Al final, el régimen de vivienda promovida llevado adelante por la administración Lacalle Pou fue un éxito. Lo termina reconociendo ahora el FA en el poder, que le hace pocos cambios y no toca su esencia. Así es la izquierda uruguaya.