Cuando se observa cómo otros países, algunos de razonable trayectoria democrática, descuidan sus instituciones, es fácil sentirse complacidos por cómo nos ubicamos los uruguayos en esos temas. Observar esas realidades debería servir para tomar nota y no ser tentados a tomar esos caminos.

En estos días, tanto en Argentina como en Estados Unidos se dieron situaciones que hicieron crujir al Poder Judicial. Si bien los episodios no fueron iguales, sí dieron una muestra de esta moda por la cual algunos gobernantes quieren someter a sus respectivas Supremas Cortes, en una clara desviación de lo que debe ser un Estado de Derecho.

La semana pasada el Senado argentino rechazó el pedido de dos nombramientos para la Suprema Corte, lo cual significó un duro revés para el presidente Javier Milei.

En febrero pasado, viendo que no sería fácil lograr que sus dos can- didatos fueran aceptados, el presidente argentino firmó un decreto por el cual designaba de hecho a ambos, dado que el Senado estaba en receso.

La decisión generó controversia porque la sola idea de que un juez de la Corte fuera designado por decreto iba contra todo criterio constitucional. En cualquier democracia del mundo que se precie de serlo, esas designaciones necesitan aval parlamentario y Argentina no es una excepción.

La justificación, algo forzada, es que se recurría al decreto porque había que llenar vacantes que venían desde hace tiempo, y en ese momento el Congreso estaba en receso. Eso implicaba reconocer, aunque quizás no fuera la intención de Milei, que una vez que el Senado retomara sus sesiones, las designacio-nes pudieran ser rechazadas. Y así ocurrió.

Milei reaccionó con virulencia ante la votación, acusando a los kirchneristas y a los macristas de haber llegado a un acuerdo para hacerle daño a su gobierno.

No era necesario llegar a ningún acuerdo ya que la candidatura de uno de los jueces vetados, Ariel Lijo, era resistida por muchos y muy diversos sectores del país y por lo tanto era difícil imaginar que fuera elegido. Por eso no era necesario un pacto, bastaba que cada grupo votara lo que parecía para que esa mayoría se alcanzara.

La ministra Patricia Bullrich fue aún más lejos y denunció un “golpe de Estado” por parte del Senado. Sin embargo, cuántas veces en tantos países algún candidato a la Corte propuesto por el Ejecutivo fue rechazado por el Legislativo. Así funcionan las democracias y eso nada tiene que ver con golpes de Estado.

El otro caso interesante es el que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchas de las drásticas medidas tomadas por Trump son por decreto presidencial. No pasan por el proceso legislativo en el Congreso. Por lo tanto, un juez puede trabarlas si entiende que ellas no derogan una ley vigente o si van contra la propia Constitución norteamericana.

Ante uno de esos fallos, Trump pretendió llevar al juez a juicio político en el Congreso. Con calma y firmeza, el presidente de la Suprema Corte de Justicia le recordó que lo normal cuando alguien discrepa con un fallo judicial, no es pedir un juicio político sino apelar. De alguna manera también le estaba dando a entender que el Poder Judicial no iba a ser amedrentado.

Ya antes que Trump y Milei, hubo quienes establecieron como prioridad controlar al Poder Judicial. Sabían que aún habiendo jueces con sus simpatías partidarias o ideológicas, al final predomina el cuidado a la hora de fallar. No es fácil ir en forma alevosa contra la ley y menos aún contradecir la Constitución. Para terminar con eso, los gobernantes populistas se proponen como primer objetivo, adueñarse de ese Poder. No entienden, o no quieren entender, que los integrantes de una Corte Suprema son pares del presidente, no sus subordinados.

Uruguay figura, y esperemos que lo haga por un largo rato, entre los pocos países donde predomina la democracia plena. Es de desear entonces, que ante estos episodios, nuestros líderes tomen nota y tengan claro que por ese camino nunca se debe ir.

Otra discusión crucial en nuestro país, pero diferente a la planteada aquí, es lo que está ocurriendo en la Fiscalía, que si bien es parte del sistema judicial, no está bajo la órbita del Poder Judicial.

Hay preocupantes señales que muestran una creciente desconfianza hacia la actuación de algunos fiscales. Eso exige una discusión, firme, rigurosa y desapasionada para corregir sus disfuncionamientos.