EDITORIAL
diario El País

Día mundial de la trata de personas

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre del 2013, se estableció como día Mundial de la Trata de Personas el 30 de julio. Para qué sirven estos días especiales, es una pregunta habitual no exenta de escepticismo.

Sin embargo, su importancia en casos como este proviene de sacar a la luz y poner en el debate al más cruel de los tráficos, el de personas. Un negocio aberrante que mueve cientos de millones de dólares, (ocupa el tercer lugar detrás del narcotráfico y el de armas), el que por cierto, no desapareció con la abolición de la esclavitud en el mundo occidental, ni terminará porque bandas de desaforados derriben estatuas de próceres históricos, como ha ocurrido en estas semanas en Estados Unidos y otros países.

La mercancía humana es utilizada para trabajo inhumano en talleres, minas, plantaciones, hilanderías, así como forzada a integrar ejércitos paramilitares, bandas de terroristas, de narcotraficantes y también, como objeto sexual. En nuestro territorio la explotación y el abuso de menores se percibe apenas como la punta de un iceberg cuya tenebrosa profundidad nadie conoce a cabalidad. Pasan los años e informes como los elaborados por el Departamento de Estados Unidos, anualmente ponen evidencia nuestras falencias. Por más comisiones u organismos de largo nombre que se creen. En el documento del período 2019 se dice entre otras cosas, que “ los intentos de enjuiciar y condenar a presuntos tratantes fueron insuficientes, la justicia solo ha condenado a cinco de ellos en los últimos 6 años”. Esto a pesar de que en el 2004 se actualizó la normativa que penaliza los delitos de violencia sexual comercial hacia niños, niñas, adolescentes y más recientemente, la trata. En Montevideo se abrieron seis fiscalías especializadas, ha habido capacitaciones, pero en el interior no las hay y una denuncia de ese tipo queda mezclada jun-to con todos los demás delitos. Además, si se realizó en una seccional, es muy probable que ni siquiera llegue a manos del juez.

Por otro lado, el número de denuncias de delitos de esta clase es muy bajo; en 2019 en la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, apenas se contabilizaron 68. Pero esta cifra es absolutamente engañosa pues el mismo sistema juega en contra. Uno de los factores es la exigencia de que la denuncia deba partir de la propia víctima y demasiado a menudo, estas tienen miedo ya que han caído dentro en un mundo mafioso. Por ese motivo hay que cambiar esta redacción y deben ser de recibo los aportes de los vecinos o de gente cercana, para que la policía y la fiscalía investiguen y persigan a los involucrados en esta sucia actividad. Además del peligro adicional al que hacen referencia las ONG que tratan esta temática, porque si no hay facilidades para dar refugio y protección a las damnificadas, sacarlas del círculo no es factible. Otro agravante es que a veces ni siquiera su familia les dan cabida, en buena medida por el miedo a las represalias.

Es mucho lo que queda por hacer y con esa inquietud, el Rotary Club uruguayo se ha abocado desde el pasado año, a dar talleres de prevención para jóvenes de ambos sexos. En el mismo sentido, es oportuna la campaña audiovisual y de cartelería de Unicef, INAU y Conapes.

Y por último pero no menos importante, mientras el número de chicas desaparecidas va en aumento, entran en juego otros dos aspectos que no aportan a esta lucha; por un lado la corrupción a nivel policial y entre otros interlocutores, lo cual se suma a una indiferencia más o menos generalizada, negativa y hasta cómplice, de la sociedad y las instituciones. En medio de este marasmo, es un vuelco trascendente, la enérgica reacción de la fiscalía en la llamada Operación Océano, en la cual se formalizó (como de dice ahora) a varios hombres de negocios (21 personas en total), por mantener o facilitar relaciones de índole sexual con menores de edad. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, revocó la resolución de la jueza de primera instancia (opinaba que antes debían haber sido sentenciados), dictaminando la suspensión de la patria potestad o guarda, para 5 de ellos, así como la prohibición del ejercicio de cualquier trabajo que implique contacto con menores, según lo dispone la reciente ley de violencia basada en género. Sin embargo es mucho lo que queda por hacer y con esa inquietud, el Rotary Club uruguayo se ha abocado desde el pasado año, a dar talleres de prevención para jóvenes de ambos sexos. En el mismo sentido, es oportuna la campaña audiovisual y de cartelería, promovida por la Unicef, el INAU y Conapes. Esto mismo inclusive lo reclamaba una de las víctimas entrevistadas en una nota reciente en este diario, “¿Sabés lo que hace falta? Una campaña. ¿por qué hay contra el tabaco pero no contra la prostitución ? ¿Por qué cuando voy por la calle no veo carteles contra el tráfico de mujeres?”, decía la autodenominada Picachú...

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