¿Cambio de reglas de juego electorales?

Se terminó el largo ciclo electoral 2024- 2025 y empezaron a surgir algunas voces que plantean cambios para mejorar todo el sistema, y cuanto antes mejor para evitar que esa eventual reforma se contamine de cálculos proselitistas pensando en el próximo ciclo que se inicia en junio de 2029.

En primer lugar, hay que ser conscientes de que hay reformas, como por ejemplo ir a una representación proporcional en las Juntas Departamentales, que implican cambiar la Constitución. En tal caso, no solamente sería necesario un acuerdo amplio entre partidos de la Coalición Republicana (CR) y el Frente Amplio (FA) para presentar un texto que cuente efectivamente con mayoría en el Parlamento, sino que además habría que pasar luego por la decisión plebiscitaria de los ciudadanos. En efecto, sabiamente y desde 1830, hemos dispuesto como país que ninguna reforma constitucional pueda aprobarse sin pasar por el escrutinio directo del pueblo.

Si se planteara entonces una reforma de este tipo entraríamos en un desgaste político inmenso. Lo que menos precisa el país, francamente, es pasar a dedicar tiempo en resolver cuestiones como esas. Como dicen los ingleses, si no está roto, no hay que arreglarlo. Y lo electoral no está roto. En cambio, sí hay temas que son realmente importantes y sobre los cuales los dos bloques políticos podrían ponerse de acuerdo pensando en una agenda de desarrollo y crecimiento. Son ellos los que debieran tener prioridad: por ejemplo, una reforma en un sentido de mayor eficiencia, apertura y colaboración de los entes públicos vinculados a la energía como son Ancap y UTE.

En segundo lugar, descartado todo lo que implique cambios que precisen de una imprescindible reforma constitucional, si realmente se sigue creyendo en que hay que avanzar en nuevas reglas de juego para elecciones, un camino posible sería lograr grandes acuerdos de bloques CR-FA para alcanzar las mayorías especiales de dos tercios en el Parlamento que la Constitución requiere sobre estos temas. En este sentido, se verifica una queja recurrente acerca de lo extenso que es todo el ciclo electoral que se inicia en junio y termina en mayo del año siguiente. La única variable de ajuste posible, siguiendo el criterio de este párrafo, pasa por cambiar la fecha de la elección interna: algo que por cierto ya ocurrió en 2003 (se pasó de abril a junio). Se podría llevar esa elección interna al último domingo de agosto, por ejemplo y tal como ya lo sugiere el senador Bordaberry, y de esa manera acortar dos meses el ciclo electoral con relación al actual.

Algo similar ocurre con el tema de las Juntas Departamentales. Si realmente se creyera que hay un inconveniente con su integración, existe el mecanismo previsto en el artículo 269 de la Constitución para reformarlas: “la ley sancionada con el voto de dos tercios del total de los componentes de cada Cámara podrá modificar el número de miembros de las Juntas Departamentales”. Ciertamente, no se puede cambiar el sistema de representación de esta manera; pero sí se puede establecer un criterio demográfico, por ejemplo, que lleve a que Flores no tenga la misma cantidad de ediles que Montevideo.

También, el afán reformista puede conjugar un cambio a la baja en la cantidad de ediles -por ejemplo, llevarlos a 15 en Flores como mínimo y a 31 en Montevideo como máximo, con un gradiente de ediles por departamento en función de sus demografías-, con otro cambio en el número de representantes nacionales, que según el artículo 88 de la Constitución, “podrá ser modificado por la Ley, la que requerirá para su sanción dos tercios de votos del to-tal de los componentes de cada Cámara”.

Hay ajustes que podrían hacerse al sistema electoral con un afán de perfectibilidad que resultan en teoría muy loables. Empero, abrir ese debate en una perspectiva de reforma constitucional nos embrollaría en discusiones largas y que no forman parte de las prioridades del país. Si realmente se cree que el asunto es imprescindible, el par de mecanismos aquí señalados ya aportan soluciones importantes, a la vez que no dejan de plantear un requisito potente: dos tercios de votos exige, siempre, que haya acuerdo entre los dos bloques políticos para poder avanzar en una síntesis en común.

Hay mecanismos legítimos y rápidos para cambiar el cronograma y la cantidad de representantes que se eligen en el ciclo electoral, si realmente se lo estima tan necesario. Pero no es momento, hoy, de perder el tiempo en una reforma política de gran hondura.