Acumulación de poder alarmante

Es probable que, desde la recuperación democrática, la sociedad uruguaya nunca haya enfrentado una amenaza tan nítida a la separación de poderes como la que representa el exfiscal y futuro prosecretario de la Presidencia de la República Jorge Díaz.

La forma de manejarse del futuro jerarca no es nada común en nuestro país. En el mejor de los casos tiene un total desparpajo para pasar de un lado del mostrador al otro, haciendo gala de su capacidad de influencia devenida de sus roles anteriores. Es bueno recordar un poco los antecedentes en esta materia, para estar prevenidos a futuro.

En 2012 Jorge Díaz, un juez que de joven había sido integrante del Partido Comunista del Uruguay, fue electo por unanimidad del Parlamento para liderar la Fiscalía. A su mando esta oficina obtuvo mucha mayor autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, pero más importante, se pasó a un sistema penal acusatorio en el que la fiscalía asumió el rol de instrucción de las investigaciones que antes realizaba el Poder Judicial. En ese contexto Díaz contó con un poder que nunca nadie antes había disfrutado.

Esta situación inédita de concentración de tanto poder en una sola persona fue acompañada por una vocación de protagonismo enorme. Desde el primer momento, mantuvo un perfil mediático muy alto. Nunca antes habíamos tenido una persona que manejara personalmente tanto poder vinculado a la justicia.

Si bien los fiscales cuentan teoricamente con autonomía técnica, Díaz podía premiar y castigar a todos los fiscales. Es pública la forma vertical con la que ejerció el poder y cómo resistió cualquier sistema objetivo de asignación de turnos para poder seguir decidiendo ante sí a quién le daba cada caso.

Es aun llamativo cómo la oposición de 2012, liderada por el Partido Nacional accedió a apoyar la designación de un exintegrante del Partido Comunista del Uruguay en un rol de tanto poder.

Pero la salida de Díaz del Ministerio Público solo abrió una nueva etapa. El ex fiscal general se integró rápidamente como socio en una prestigiosa firma legal para desde allí litigar contra sus exempleados.

Quien hasta hace cinco minutos fuera el jefe de los fiscales, y a quien muchos de ellos le debían sus ascensos, cruza tranquilo la reja y empieza a facturar decenas de miles de dólares por defender o acusar frente a sus exempleados. ¿A nadie se le mueve un pelo? Todo en un marco de perfecta legalidad ya que no tenía ninguna inhibición, pero sin dudas desnuda una enorme debilidad del sistema.

Hay notas periodísticas que dan cuenta de discusiones de fiscales con su exjefe Jorge Díaz. Por ejemplo, en diciembre de 2023 una nota de este diario cuenta cómo Díaz discutió con una fiscal de Minas mientras actuaba como defensor de un narco acusado de homicidio.

Hubo otros momentos en los que Díaz ya cruzó todas las rayas. El más público e incuestionable fue cuando asumió la defensa del presidente electo, cuestionó a una fiscal y exigió se cambiara la sede que tomaría el caso. Si, así como escuchan, el exjefe de todos los fiscales prepotea y pretende decidir, tal co-mo lo había hecho todos los años anteriores, quién toma un caso en específico. Por suerte, en aquel caso fue el propio Yamandú Orsi el que lo desautorizó a Díaz.

Por estas horas, a muy poco de que el ex fiscal general asuma como prosecretario de Presidencia, Díaz opina de forma intempestiva sobre un caso de enorme impacto social, el de Conexión Ganadera. Y en el cual tiene un interés muy directo, ya que su hasta hace pocos días socio en un estudio jurídico, patrocina decenas de causas de inversores afectados.

Díaz, que al frente de la Fiscalía dejó dormir casos emblemáticos, y sabe de las restricciones con las que trabaja esa oficina, presiona públicamente en un caso que el estudio jurídico al que estuvo vinculado hasta ayer, tiene muchísimo en juego.

Como si todo esto fuera poco, hay que destacar la influencia que tendrá Díaz en el próximo gobierno. Más allá de su cargo, es notorio que el próximo ministro del Interior es alguien de su máxima confianza. Nada menos que quien estará a cargo de las fuerzas represivas y de la inteligencia. Ojalá existan frenos y contrapesos a la propia interna del Poder Ejecutivo, que controlen lo que a todas luces es una concentración de poder sin precedentes. Algo que se potenciaría de manera inaceptable si lograra, como es su voluntad expresa, imponer un fiscal general que también sea de su gusto.

¿Será que hay algún legislador opositor lo suficientemente miope como para cederle los votos que necesitaría para tal cosa?