Actitud honrosa y tarea pendiente

El episodio Astesiano se cerró entre Fiscal y defensor, con la aprobación judicial que habilita el Código de Procedimiento Penal. La fiscal Fossati reclamó que el exjefe de custodia presidencial fuese “responsabilizado como autor de un delito de asociación para delinquir, en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción del interés personal y público y un delito continuado de revelación de secretos”. Y por haber obrado desde un cargo que lo asimilaba a funcionario público, requirió para el involucrado “4 años y 6 seis meses de penitenciaría, multa de 100 UR e inhabilitación especial de cuatro años”. Ni la tipificación ni la pena fueron menores. Consentida esa acusación por la defensa, el Juez Asteggiante dictó sentencia que convalidó el acuerdo, concluyendo el proceso abreviado.

Para el presidente Lacalle Pou, episodio cerrado: se limitó a decir, lapidario, “la Justicia habló.”

En cambio, la oposición frentista redobló sus ataques, y volvió a enchastrar paredes y reputaciones, insultando y difamando al gobierno entero, como si el fraude de los pasaportes no hubiera empezado en 2013. No hubo dicterio que no profiriesen, a pretexto de defender la institucionalidad.

Pues bien: la institucionalidad la defendió primero y mejor que nadie el Poder Ejecutivo, con el Presidente a la cabeza. Una policía obediente a una Fiscalía con plena independencia técnica mandó a detener al custodio del primer mandatario y la orden se cumplió nada menos que en la casa presidencial, sin resistencia ni dilación.

Humanamente fue un golpe duro al plexo, y es una honra que nadie en el Poder Ejecutivo haya aparecido libretado ni preparado para semejante sorpresa. Y si de instituciones se trata, merece reconocimiento y orgullo nacional que el titular de la Presidencia de la República haya respetado la competencia de la Fiscalía en su alta misión investigadora. dictaminante y acusadora, dejando que funcionase a pleno la garantía de independencia técnica que el art. 46 del Código del Proceso Penal recoge de la mejor tradición procesal, con nombres señeros como Couture, Moretti, Arlas, Gelsi y tantos más.

Por tanto, la invocada “institucionalidad” sólo estuvo en riesgo en la cabeza de los que usan esa palabreja -aséptica y descolorida, que el Diccionario define apenas como “cualidad de institucional”-, porque huyen de las voces vigorosas como “democracia, república o Estado de Derecho”, que, dadas sus afinidades, les provocan alergias.

Con ese abstenerse del Dr. Lacalle Pou -que no titubeó en declarar en el expediente cuando le fue requerido-, el Uruguay se impartió a sí mismo y al mundo entero una clase magistral de limitación del poder presidencial. Retomó una tradición que se entronca con las batallas políticas y las meditaciones de los redactores e intérpretes de las sucesivas reformas constitucionales y del Derecho Público todo. Por tanto, en vez de diatribas, lo que merece es el aplauso por haber dejado que funcionasen los carriles que la ley manda.

Ahora bien: tan plausible es que el primer mandatario haya obedecido la ley como visible es que esa ley que acató está irremisiblemente viciada: el procedimiento penal que venimos ensayando desde hace 6 años necesita una revisión entera, ya que no le fue suficiente la docena larga de enmiendas que recibió antes y después de entrar en vigor.

En verdad, todos quienes quieran que este episodio aberrante sirva para capitalizar y fortalecer a nuestro Estado de Derecho, deberían reflexionar, por encima de partidos, saliendo de las particularidades del caso que se cerró, para asomarse a las fallas que los especialistas venían denunciando desde hace años y que el episodio confirmó.

Más importante que resolver si la Constitución tolera que haya una Fiscalía de Corte colegiada -iniciativa no descartable, revivida en estas horas- es redactar un nuevo Código del Proceso Penal que le restituya a los Jueces el papel que les asigna la Constitución.

Es tiempo de echar miradas unificadoras del destino público. Los esfuerzos por descalificar al adversario, cuando se tornan tozudos y machacones se convierten en impedimentos para el progreso del pensamiento y la acción. Y eso es grave para los años venideros.

En polémica abierta o en diálogo por aproximaciones sucesivas, las construcciones doctrinarias más allá de los lemas hicieron gran parte de la mejor historia del Uruguay.

Y en materias como ésta, deberán seguir haciéndola.