Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Coincidiendo con el Día Nacional para la Prevención del Suicidio en nuestro país, donde la Ley 18.097 declaró al 17 de julio de cada año como “Día Nacional”, han tomado estado público datos, de por sí, preocupantes.

El suicidio juvenil en nuestro país, lamentablemente, supera a los demás países de América Latina alcanzando un total de 32 jóvenes que se han quitado la vida cada 100.000 de ellos; cifra realmente enorme, ya que hace trepar el número anual de jóvenes fallecidos por esta causa a 832 por año.

Esta Ley que fuera publicada el 19 de Enero del año 2007, y que consagra esa fecha para tomar conciencia de la problemática, impone algunas obligaciones para conocer y enfrentar la realidad de esta causa de muerte; comenzando, entre otras, por capacitar al personal de instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, a fin de brindar información “calificada y veraz sobre la problemática y su abordaje”.

La funcionaria titular responsable del Ministerio de Salud Pública ha trasmitido este año, lo resuelto por el Gobierno de Coalición para enfrentar este flagelo, el que debe combatirse sin tabúes, para obtener una disminución que mejore la grave situación que se ha constatado en nuestro país en esta materia.

Es importante señalar que, cuanto mayor sea el conocimiento sobre esta problemática, mayor será la ayuda para poder prevenir este tipo de conductas. Hacerles superar a los jóvenes la situación de soledad y desesperanza con una escucha eficaz, así como brindarles la posibilidad de una mayor empatía (al ser considerados), habilita la posibilidad de tratar la problemática que los angustia y los conduce a quitarse la vida.

A esos efectos se han adoptado medidas que se implementarán a partir del año 2024, que suponen aumentar la franja de edades de quienes tendrán derecho a recibir los tratamientos, así como los tickets de medicamentos antidepresivos más frecuentes sin costos y consultas terapéuticas necesarias para superar las situaciones de depresión y angustia.

Especialmente, se trata de un plan que refiere a la salud mental y a otras adicciones. Además, para quienes hayan pasado por un intento de suicidio, el Estado pagará dos terceras partes del copago necesario para financiar el tratamiento de psicoterapia en el prestador de salud.

Creo necesario destacar que el MSP “implementará la inclusión de una consulta psicológica anual” como parte del control de salud de los adolescentes entre los 15 y 19 años; con el objetivo de “realizar una valoración eficaz del desarrollo psico-afectivo del adolescente, que permita su abordaje o derivación oportuna”, lo que a juicio de las autoridades de la Salud Pública, mejoraría los resultados.

Muy triste es comprobar que el aumento de las adicciones ha significado un incremento de las probabilidades de riesgo en las muertes de los adolescentes, comprometidos con el consumo de sustancias adictivas.

Por ello, la jerarca también convoca a fortalecer los vínculos familiares de contención para advertir conductas problemáticas de los adolescentes y captarlos a tiempo, para de ese modo, encarar su recuperación.