La mentira en política no es relativa

José Pedro Traibel Oribe | Montevideo
@|Mentir no es relativo. La gravedad de la mentira no disminuye por la intención que luego se invoque para justificarla. Esto es especialmente grave cuando un dirigente político solicita el voto de millones de ciudadanos sobre la base de promesas explícitas que, una vez alcanzado el poder, decide incumplir.

Cuando en campaña se afirma con claridad que no se aumentarán impuestos y, inmediatamente después de asumir, se procede a hacerlo, no estamos ante una simple adaptación a las circunstancias: estamos ante un engaño al electorado.

Tampoco es justificativo afirmar que ese impuesto beneficiará a un determinado grupo de la sociedad. Lo que se votó fue realizar o tomar medidas (2000 policías más, bono escolar, etc.) sin aumento de impuestos o sea bajando el gasto superfluo del Estado que siendo tan discutido y abundante su reducción cubriría lo prometido.

En una democracia, el beneficio de algunos no puede sostenerse sobre el engaño previo a todos. La legitimidad de una política pública no se mide sólo por su objetivo declarado, sino también por la honestidad con la que se presenta ante los ciudadanos antes de ser votada.

Señalar faltas ajenas puede servir para el debate político, pero nunca para legitimar las propias. La coherencia exige que aquello que se condenó a otros gobernantes no se adopte luego como conducta propia.

La contradicción es aún mayor cuando durante la campaña se prometió precisamente “transparencia en la función pública”. La transparencia implica claridad, honestidad y respeto por la palabra dada. No puede coexistir con promesas que se abandonan apenas se accede al poder.

Resulta especialmente llamativo que quienes hoy relativizan o justifican este tipo de conductas sean dirigentes que ya han incurrido en afirmaciones alarmistas o inexactas en el pasado. Durante la campaña contra la LUC, por ejemplo, se anunciaron consecuencias que luego no se verificaron: la supuesta desaparición de la escuela pública, la quiebra de Antel o la habilitación del “gatillo fácil” por parte de la policía. Ese tipo de advertencias extremas formaron parte del discurso político de la época y terminaron debilitando la credibilidad de quienes las promovieron. Aunque al protagonista no se le movió ningún pelo…

Cuando posteriormente esos mismos actores salen a defender o relativizar una mentira política evidente, el problema deja de ser un episodio aislado y pasa a convertirse en un patrón preocupante de conducta pública. La mentira como parte del comportamiento y conducta del conductor de un partido es indignante.

Defender la mentira cometida o intentar justificarla en función de los fines que se persiguen es aún más grave. El fin nunca justifica los medios. La mentira no sólo constituye un acto de hipocresía política, sino que erosiona la confianza pública y debilita el vínculo esencial entre representantes y ciudadanos.

Los votantes merecen respeto. El acto de votar se basa en la confianza en la palabra dada. Cuando esa palabra se traiciona deliberadamente, no sólo se incumple una promesa: se deteriora la credibilidad del sistema político.

La mentira en política no puede normalizarse ni justificarse. Aceptarlo sería admitir que el engaño forma parte legítima del ejercicio del poder, algo incompatible con una democracia que aspire realmente a la transparencia y al respeto por sus ciudadanos.

No podemos naturalizar la mentira en el sistema político y somos nosotros los votantes los que debemos castigar y condenar la misma. Los votantes decidimos cada 5 años pero es nuestra obligación tener y aplicar la memoria, especialmente en ese día.