Justicia y política

Dr. Jorge W. Álvarez | Montevideo
@|El gobierno insiste en su propósito de hacer con los cargos superiores de la Justicia una especie de paquete único, para ponerlo a consideración de los partidos de oposición a cuenta de una futura negociación.

Se trata de los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

La pretensión del gobierno resulta altamente sospechosa por tratarse de una idea proclamada desde el mismo día en que asumió y que, por ello, venía ya proyectada como uno de los objetivos a alcanzar para ocupar en su plenitud los tres Poderes del Estado.

Por ello, no debieran aceptarse los argumentos edulcorados con los que el gobierno quiere presentarla a la opinión pública, encaminada a un mejoramiento de las instituciones y su funcionamiento democrático.

Cuesta admitir, sin una respuesta enérgica, este intento de bastardear la designación de los más altos cargos judiciales del país, incluso desde antes que los mismos queden vacantes, manera oblicua de contaminarlos con el indeseable estigma partidario.

Particularmente, cuando en el quinquenio anterior se optó por aplicar el vencimiento del plazo de 90 días para que las vacantes fueran ocupadas por los ministros de mayor antigüedad de los Tribunales de Apelaciones, impecable criterio que excluye de raíz su manipulación política.

Si bien es cierto que la exigencia constitucional de mayorías especiales requiere de acuerdos políticos para alcanzarlas, no debiera verse en ello aptitud bastante para disponer, en paquete único, de aquellos cargos antes de que vacaren, de tal manera de dejar todo bien armado, metafórica y políticamente hablando, en una interpretación heroica del texto constitucional.

Los partidos de la oposición le prestarían un gran servicio a la Patria si se alzaran, como uno solo, en el rechazo innegociable de las tentaciones con que el gobierno pretende contaminar las más altas dignidades de la Justicia.