Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|En Uruguay, la democracia exige debate informado y representación genuina. Sin embargo, las declaraciones recientes de la senadora Blanca Rodríguez del Frente Amplio, revelan una peligrosa combinación de ignorancia histórica y soberbia ideológica.
Al afirmar que las políticas sociales comenzaron con los gobiernos del FA en 2005, la senadora incurre en una distorsión inaceptable, desconoce las reformas pioneras de José Batlle y Ordóñez a inicios del siglo XX , como la jornada de ocho horas, el salario mínimo y la seguridad social y omite iniciativas posteriores como las asignaciones familiares, el Plan CAIF y MEVIR, impulsadas por gobiernos colorados y nacionalistas mucho antes de la llegada del FA.
Este revisionismo no es un error inocente, sino un acto de arrogancia partidaria que reduce décadas de esfuerzo multipartidario a un relato sectario; se privilegia el aplauso de una militancia atrapada en promesas incumplidas por encima del respeto a la verdad histórica.
La oposición, con voces como Martín Lema, Sergio Botana y Robert Silva, ha señalado con razón el sesgo ideológico y la apropiación indebida de políticas que beneficiaron a todos los uruguayos.
Detrás de esta actitud yace un pensamiento corrupto que pervierte la verdad para sostener divisiones extremistas, fomentando polarización y decepción ciudadana. El liberalismo recuerda que la democracia no se sostiene en cuotas ni listas cerradas, sino en mérito, responsabilidad individual y debate transparente.
Uruguay merece líderes íntegros que honren la historia compartida y construyan sobre ella, no que la reescriban por lealtad partidaria; exigimos menos soberbia y más respeto por los hechos, para restaurar la confianza ciudadana en un sistema frágil. Solo así el Senado podrá volver a ser un foro de ideas y control ciudadano, en lugar de un escenario de propaganda.