Fue una defensa inaceptable

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|E inadmisible.

Una vez más el conglomerado de izquierdas que compone el partido de gobierno -a través de sus más encumbrados cuadros- se abroqueló para defender lo indefendible. Trató de formular un relato entre romántico y omnicomprensivo, entre clasista y pobrista, en el que incluye al millón de uruguayos deudores que no han podido cumplir con sus deudas por diversos motivos; con el que pretende banalizar las irregularidades cometidas por una de los suyos, aceptando que ha reconocido su error, que no ha cometido delito y que regularizará la situación.

Con cara de nada, argumentaron que su conducta no merece reproche penal alguno, sin expresar que la contumaz incumplidora haya gozado de un muy buen salario como legisladora durante años y que pese a ello ha omitido regularizar las construcciones existentes en un predio de su propiedad (que figura como baldío, pese a que existen allí tres viviendas y un contenedor) y no ha pagado los impuestos desde hace más de veinte años.

Nada más alejado a lo prometido en la reciente campaña electoral, donde la imagen del actual titular del Poder Ejecutivo manifestaba “que gobierne la honestidad”.

Sin lugar a dudas, esta situación que se ha hecho pública dejará al descubierto quién es el que gobierna y no hace más que ofender a la mayoría de ciudadanos que, con gran sacrificio, han podido construir sus viviendas o logrado adquirirlas a través de cuotas hipotecarias casi eternas, pero que han sabido cumplir a costa de muchas privaciones con sus obligaciones tributarias.

No sólo se trata de “un error”, según manifestó la ex ministra, sino de actuar con total impunidad durante décadas soslayando las normas y logrando un enriquecimiento injusto a costa del erario público y de la propia institucionalidad que debería respetar y defender como funcionaria pública.

A nuestro leal entender tendrá que asumir con responsabilidad y con su propio peculio naturalmente, el costo de la regularización de esas construcciones con intereses, multas y recargos de lo que no pagó al Estado y al Gobierno Departamental donde las mismas se ubican y en bien del interés general.