Gianella Aloise | Montevideo
@|La semana pasada el Ministerio de Salud Pública presentó una nueva estrategia para eliminar el embarazo en niñas y prevenir el embarazo en adolescentes para el período 2025–2030.
Llama la atención cómo se encara la realidad de los embarazos. Mientras para las adolescentes se habla de prevenirlos, en las niñas se habla de “eliminarlos”.
Una vez más estamos ante un lenguaje eufemístico, es decir, se reemplaza un concepto que se considera duro, desagradable o malsonante, con el fin de disimular de lo que realmente se trata: “eliminar embarazos” significa que se hace abortar a las niñas embarazadas.
En el documento que se presentó en esa ocasión, “Estrategia de notificación y análisis de casos de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo. Experiencia de ASSE en la implementación de una política pública basada en derechos”, en la página 20, se destaca que, entre los principales avances, han reducido prácticamente a cero el tiempo entre el diagnóstico y la captación del embarazo. Es decir, detectado que sea el embarazo de una niña, hay una intervención inmediata, cuyo procedimiento se concreta en un aborto.
Además, se señala, que “se ha documentado que cerca del 90% de las niñas que continúan con el embarazo presentan patologías. Ello contribuye a una mejor identificación de riesgos y a la conceptualización de la interrupción del embarazo como un aborto terapéutico.” El documento no agrega referencias bibliográficas sobre el particular.
Sin embargo, un estudio reciente, publicado en mayo 2025, por la Revista de Investigación Psiquiátrica (con más de 60 años de existencia), bajo el título Aborto inducido e implicaciones para la salud mental a largo plazo: un estudio de cohorte de 1,2 millones de embarazos, en el punto “Resultados”, informa:
“Las tasas de hospitalización relacionada con la salud mental fueron más altas después de los abortos inducidos que otros embarazos (104.0 vs. 42.0 por cada 10.000 personas año). El aborto se asoció con la hospitalización para trastornos psiquiátricos (HR 1.81, IC del 95 % 1.72-1.90), trastornos del consumo de sustancias (HR 2.57, IC del 95 % 2.41-2.75) e intentos de suicidio (HR 2.16, IC del 95 % 1.91-2.43) en comparación con otros embarazos. Las asociaciones eran mayores para los pacientes que tenían enfermedades mentales preexistentes o tenían menos de 25 años en el momento del aborto. …”.
Preguntamos: ¿se puede pensar que una niña que es violada y queda embarazada vive una vida normal? ¿Es posible creer que provocándole un aborto sí comenzará a vivir una vida normal, que se le garantizará el ejercicio pleno de sus derechos, que se promoverá su bienestar y salud? ¿Se puede estimar que convertirla en cómplice de la muerte de su propio hijo la liberará del drama que vive? ¿Al abuso se responde con muerte?
No estamos de acuerdo con que una adolescente, menos una niña, queden embarazadas, menos aún si el embarazo es producto de abuso sexual. Pero ante un hecho tan dramático, la solución que ofrece la Secretaría de Estado -cuyo rol es proteger la salud de la población-, ¿es provocar una muerte violenta por medio de un aborto?
Tanto las autoridades, como la sociedad, no sólo debemos dolernos y rasgarnos las vestiduras ante la existencia de estos dramas, menos tomar el camino fácil, provocando un aborto, como si fuera “borrón y cuenta nueva”, sino pensar en la vida de esa niña, en su futuro posible, cómo cambiar su realidad para que logre bienestar físico, mental y social. Es decir, para que su vida sea transformada real y definitivamente. Tarea larga y difícil, pero necesaria y posible si queremos salvar y sanar su vida y cuidar la del niño concebido.
El aborto, aunque se lo califique como terapéutico, agregará más drama a la vida de la niña, que deberá cargar sobre sus hombros ser cómplice de la muerte de un ser humano, que fue su hijo durante el tiempo que vivió en su vientre.