Ciudadano descreído | Montevideo
@|Uruguay se destaca en la región por su estabilidad institucional, baja corrupción y servicios públicos con amplia cobertura. Sin embargo, cada vez más voces advierten sobre la tensión entre el tamaño del Estado y el débil crecimiento económico de la última década.
Con una presión impositiva cercana al 43% del PIB, Uruguay se ubica al nivel de economías europeas avanzadas. Esa recaudación financia salud, educación y seguridad social para la mayoría de la población. El problema: la calidad de los servicios no siempre acompaña el volumen de gasto. En educación, por ejemplo, más del 50 % de los estudiantes abandona la Secundaria.
Desde 2014, el PIB per cápita creció apenas un 7 % acumulado, muy por debajo de otros países latinoamericanos. Sin un dinamismo económico fuerte, mantener un gasto público tan alto se vuelve más difícil sin aumentar impuestos o recurrir a más deuda.
Alrededor del 15 % de los ocupados trabaja en el sector público, y sueldos y jubilaciones absorben gran parte del presupuesto nacional. Esto reduce el margen para invertir en infraestructura, innovación y proyectos productivos.
Con una población cada vez más envejecida, el sistema de seguridad social demanda más recursos, presionando aún más las cuentas públicas y dejando menos espacio para nuevas prioridades.
El debate no es solo sobre cuánto debe gastar el Estado, sino cómo y con qué resultados. El desafío es preservar los avances sociales y, al mismo tiempo, modernizar la economía para que el tamaño del Estado no se convierta en un freno al desarrollo.
Estos son los verdaderos desafíos del país. Se viene hablando desde hace décadas de la “reforma del Estado” y no se han dado pasos concretos y efectivos en tal sentido. Existe un Estado sobredimensionado, burocratizado e ineficiente.