Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Hay una trampa silenciosa que se ha naturalizado en el mercado laboral uruguayo: llamar “independiente” a quien, en los hechos, trabaja para una sola empresa. No es modernización. No es flexibilidad. Es una forma elegante de evasión.
Cuando un trabajador depende de un único pagador, cumple horarios, recibe órdenes y forma parte de la estructura productiva, no es un proveedor: es un empleado sin derechos.
Y el perjuicio no es menor.
Pierde aguinaldo, vacaciones, salario vacacional, licencias, cobertura real y estabilidad, todo aquello que el derecho laboral construyó para equilibrar una relación que, por naturaleza, es desigual.
Pero el absurdo llega a su máxima expresión cuando esta práctica se aplica incluso a jubilados; personas que aportaron durante décadas al sistema, y que al reinsertarse en la actividad son privadas nuevamente de licencia, aguinaldo y salario vacacional, como si su historia laboral no existiera.
Aquí hay responsables concretos, el Pit Cnt, que se proclama defensor del trabajador, guarda un silencio funcional, y el Ministerio de Trabajo, conducido por un ministro comunista y ex sindicalista, exhibe una contradicción aún más grave, predica derechos, pero tolera la pérdida de ellos.
La irresponsabilidad es doble, por acción y por omisión.
Se levantan banderas en el discurso, pero se bajan en la práctica y mientras tanto, el Estado mira, la empresa ahorra, y el trabajador paga.
No se trata solo de evasión fiscal, se trata de desprotección social, porque no hay libertad laboral cuando se quitan derechos.
Hay, simplemente, una injusticia legalizada.