@|Ha cumplido un año el procedimiento denominado Mirador I, por el que las autoridades dependientes del Ministerio del Interior, responsables de la seguridad e integridad de todos quienes habitamos el territorio de nuestra República, sienten que su combate al narcotráfico y sus derivaciones está dando resultado. En barrios donde la ausencia del Estado era evidente, los grupos dedicados al narcotráfico habían establecido un control territorial en base a la extorsión y a desalojos compulsivos, llegando a intimidar a los habitantes de todo un barrio, estigmatizándolos negativamente. Pues con el solo hecho de declarar el domicilio en esos lugares, la posibilidad de obtener un empleo, corría serio riesgo de frustrarse.

Los ajustes de cuentas, alianzas entre clanes o guerra entre ellos, para el dominio de su territorio, intimidaban a normales pobladores, hartos hasta el cansancio de vivir enrejados en un estado de permanente temor, por conservar su vida y bienes. Hartos también, de escuchar explicaciones pseudo sociológicas sobre la razón de delinquir.

Pero a nadie debe quedarle duda alguna sobre la falacia que justificó legalizar la marihuana, ya que el daño causado por esta droga lejos de disminuir el consumo o de poder controlar el mercado negro de estas sustancias adictivas, ha significado una suerte de justificación de su consumo. Puerta de entrada, según los estudiosos, a la adicción de drogas más pesadas.

Entre otras contradicciones de este gobierno frentista, podemos señalar su lucha frontal contra el consumo del tabaco y por otro lado, la permisividad del uso de esta planta “con fines recreativos y medicinales”, cuyas consecuencias en la salud de sus consumidores y en la convivencia ciudadana, aún no han sido evaluadas. Y así, el procedimiento que comenzó en los Palomares de Casavalle, luego se extendió a otras zonas de Montevideo y del interior, para dar combate a estos grupos de delincuentes que trafican con estas sustancias, corroyendo las bases mismas del entramado social, en su inescrupulosa búsqueda del lucro ilícito.
Nada vale la vida para ellos. Ni las consecuencias de sus delitos. Solo los mueve su afán de enriquecerse sin trabajar y caiga quien caiga. Todo vale. De modo que en estos procedimientos, con UTE y OSE incluidos, se ha tenido que aplicar todo el peso del Estado para lograr ciertas desarticulaciones de estructuras y procesamientos de los responsables. Con la figura del “testigo protegido” y asignación de recursos y medios, se obtuvieron datos importantes que hicieron en definitiva al “éxito” de estas actuaciones.

Era hora de asumir competencias y de aplicar con rigor las normas jurídicas de una buena vez y aunque queda la sensación de que es sólo la punta de un iceberg lo que se ha obtenido, es mejor que nada.

Los homicidios en este año, no han disminuido, sino por el contrario aumentaron, como las rapiñas y en especial la violencia utilizada para cometerlas, muestra a las claras las fallas en las políticas de seguridad.
La convivencia social se ha afectado de tal forma que, muchos lugares siguen siendo zonas rojas, difíciles de transitar y el olor a marihuana en plazas, se ha vuelto algo común, como la apropiación de espacios públicos a manos de malvivientes que entre alcohol y drogas varias, ven transcurrir sus horas, recostados en cartones y envueltos en harapos, muy lejos se sentirse incluidos, ni menos contenidos, por los onerosos planes de asistencia que instrumenta el Mides.

Ciclópea será la tarea de modificar estas conductas y de volver a restañar el entramado social que un día caracterizó a nuestro país en el concierto latinoamericano.
¿Será posible?