L.E.B. | Artigas
@|Con el mayor de los respetos quiero dirigirme al Honorable Directorio del Partido Nacional y decirles: señores, se equivocaron. Ahora que están a la vista los resultados de las elecciones departamentales y municipales, podemos afirmar que una vez más, el pueblo “marcó la cancha”.
Por todos son conocidos los hechos que se dieron en torno a la Intendencia Departamental de Artigas, que culminó con el procesamiento del Intendente Pablo Caram y de la diputada Valentina dos Santos. La justicia se expidió y nadie puede cuestionar los fallos emitidos.
Pero también hay que decir que nadie está exento de cometer errores y que se debe pagar por ellos, más aún, cuando lo que está en juego es la administración de los bienes públicos.
Todos, en el fragor de tomar decisiones por el bien de los otros, pueden equivocarse. Pero en el caso de quienes están en la administración pública, deben extremarse los cuidados y asesorarse adecuadamente, para tener la certeza de que las decisiones que se toman, se ajusten a las “reglas de juego” admitidas.
Obviamente que en el caso de la Intendencia de Artigas hubo una falla en el necesario asesoramiento y tal vez también, un apresuramiento en la toma de decisiones.
No fue, ni será el único caso. Por estos días observamos lo que acontece con las horas extras autorizadas en la Intendencia Departamental de Montevideo, aunque eso es “harina de otro costal”, ya que es un tema que debe asumirlo otra colectividad política.
Pero lo que sí quedó demostrado -a pesar de las campañas mediáticas de la oposición con el objetivo de deshonrar a las personas mencionadas- es que en el caso que nos ocupa de la Intendencia Departamental de Artigas, no hubo fines de enriquecimiento personal.
Cuando las personas se equivocan, pero sin obrar con el objetivo de un beneficio económico personal, siempre merecen otra oportunidad para demostrar que aprendieron la lección.
Sin embargo, ese Honorable Directorio, cediendo a las presiones y a las acusaciones mediáticas que provenían de otras tiendas, resolvió con los mencionados Pablo Caram y Valentina dos Santos, “proscribirlos” (palabra que nos duele en el alma cuando recordamos a nuestro querido Wilson Ferreira Aldunate).
Esperemos que si no se aprendió con los casos del Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira o del Intendente de Soriano, Sr. Guillermo Besozzi, el caso de Artigas sirva de aprendizaje para que el Honorable Directorio reconozca que el único que tiene potestad para truncar las aspiraciones de acceso a cargos públicos por parte de los ciudadanos es el soberano, ese “pueblo que anda y arde en la calle”, al decir de Luis Alberto de Herrera.