Argentina: la licuación salarial

Omar Barberis | Argentina
@|Argentina 1991-2026: Del 1 a 1 a la licuación salarial de 2026.

Lo que se sancionó en el Congreso argentino resuena con una fuerza singular en las dos orillas del Plata: un laboratorio de desregulación que desafía la estabilidad histórica de la región.

Argentina se ha consolidado como el banco de pruebas de un ajuste social y una desregulación laboral sin precedentes en Occidente.

Lo que ocurre hoy en el Cono Sur es observado con atención por sectores que, en muchos lugares del mundo, buscan justificar legislaciones de precarización bajo la promesa de una modernidad que los datos desmienten.

El Congreso argentino sancionó un corpus legal que elimina los pilares de la protección laboral construidos en el último siglo. Mientras la tendencia global busca reducir la jornada laboral, Argentina propone extenderla hasta las 12 horas, bajo una premisa que el país viene repitiendo —con distintas etiquetas políticas— desde hace 35 años: que la legislación protectora es un “obstáculo” para el progreso.

Sin embargo, al contrastar las tres grandes olas de reformas —la de 1991 (Menem), la de 2000 (De la Rúa) y la actual de 2026 (Milei)— la evidencia estadística demuele el relato oficial.

En 1991, al inicio de la convertibilidad, Argentina contaba con 32,6 millones de habitantes y 5,7 millones de asalariados en el sector formal. Treinta y cinco años después, con una población que escaló a 47,5 millones, el empleo protegido apenas alcanzó los 6,4 millones. Mientras la demografía creció un 45%, el empleo de calidad solo lo hizo en un anémico 12%.

El verdadero resultado de estas políticas no ha sido la creación de puestos de trabajo, sino la consolidación de un sistema dual donde la informalidad es la norma. El trabajo no registrado se duplicó en este período, saltando de 2,5 millones a más de 5,4 millones de personas. Si sumamos el crecimiento del autoempleo de subsistencia, el diagnóstico es irrefutable: el mercado laboral no se está modernizando, se está fragmentando hacia la precariedad.

El antecedente del año 2000 sirve como advertencia histórica. En aquel entonces, tras nueve años de “flexibilidad” extrema, el empleo registrado cayó en un millón de puestos en plena recesión. La flexibilidad no actuó como un imán para las inversiones, sino como un acelerador hacia la exclusión social que implosionó en la crisis de 2001.

Pero el dato más revelador para la región es la pulverización del salario real. En 1991, un sueldo promedio equivalía a 1.050 dólares de poder adquisitivo. Hoy, ese mismo promedio apenas roza los 540 dólares.

La experiencia argentina demuestra que sacrificar derechos no garantiza inversión ni empleo; solo legitima una fuerza laboral más pobre y un Estado desentendido de su rol regulador. Argentina no es el motor del futuro, sino un espejo de lo que sucede cuando una sociedad renuncia a la estabilidad como base del desarrollo. El mundo debería mirar con atención: el laboratorio argentino no está fallando por accidente, está cumpliendo su objetivo de precarización masiva.