Nuestra Nación adoptó la forma democrática y republicana de gobierno. Esto significa, entre otros elementos, la necesaria separación de poderes.

Seguramente los aportes realizados por Locke y Montesquieu hayan sido de las contribuciones más significativas a la forma de organización social que hoy adoptamos.

La jerarquía de los tres poderes estatales es idéntica y esta característica es la que logra la efectiva concreción del mutuo contralor y consiguiente limitación del poder. Asimismo, el Poder Judicial es el responsable de la efectiva aplicación de las normas de derecho. Esta función, conocida como “enforcement” es piedra angular de la vigencia del Estado de Derecho, sin un Poder Judicial efectivo no hay “enforcement” y sin este no existe el Estado de Derecho.

La pandemia ha puesto a prueba a los tres poderes. A un año de su inicio, puedo concluir que el Poder Judicial es quien ha estado más lejos de estar a la altura de las circunstancias. Mediante sus medidas e inacciones pareciere entender que su rol es secundario y prescindible.

Existiendo todos los mecanismos tecnológicos, la absoluta seguridad informática y la voluntad política para cambios normativos -de ser necesarios-, igualmente el Poder Judicial prácticamente no registra avances en poner a disposición una verdadera virtualidad que garantice el acceso a la justicia en tiempos de pandemia.

El reflejo siempre ha sido declarar días inhábiles -elemento que muchos juzgados interpretan como absoluta inactividad-, solicitar ferias, colocar agendas, disminuir cupos. En definitiva, obstaculizar el acceso a la justicia.

Hace un año podíamos concluir y justificar que era lo único posible dadas las circunstancias, pero hoy no podemos ser benevolentes.

Capítulo aparte nos merece la Asociación de Funcionarios Judiciales y el Colegio de Abogados. El primero de ellos el único reflejo que posee es llamar a la feria sanitaria sin otra alternativa. Mientras que el Colegio de Abogados ha tenido una actitud de absoluta tibieza para con las medidas y ausencia de accionar del Poder Judicial. No ha reclamado el avance hacia la virtualidad como garantía de acceso a la justicia y trabajo de los profesionales del derecho. Sí ha realizado valiosos aportes -ley 19.879 y proyecto relativo a la virtualidad-, pero sin la necesaria presión a efectos de que la Suprema Corte ejecute los cambios necesarios.

Pareciera que los afiliados al CAU -dentro de los cuales me encuentro- fueran todos abogados corporativos que la pandemia y el cierre de juzgados les son indiferentes. Todos sabemos que la mayoría de abogados son “obreros del derecho” dependientes directos de la actividad judicial.

Desconocemos los motivos de por qué el Poder Judicial no avanza significativamente hacia mecanismos de virtualidad. No existen argumentos técnicos o normativos para este estancamiento, seguramente sea un asunto de voluntad política o cultural, por no pensar que en el fondo se pretende mantener ciertos poderes no explicitados que lo físico permite y la virtualidad transparenta.

Seguramente, algunos consideren esta opinión como un ataque al Poder Judicial, por el contrario, es un acto de defensa absoluta sobre su importancia y rol, un intento desesperado de reacción a más de un año del inicio de la pandemia.