Mientras el mundo se debate en conflictos que amenazan su supervivencia, aquí en nuestro lejano capullo, proseguimos sin alarmarnos con nuestras rutinas, como si ellas nos separaran del caos externo. Una rutina que nos aísla, o así queremos creerlo, de las turbulencias de un planeta listo para extinguirse. Lo que no significa que nuestra medianía resulte ejemplo para nadie.

Días pasados, repitiendo sucesos que parecen inexorables, cuatro compatriotas fueron asesinados en una prisión del estado. La responsabilidad es de todos, incluyendo la del que esto escribe, quien bien pudo pergeñar antes esta nota, aún cuando ataña directamente al sistema político en su conjunto, encargado de aislar, proteger y rehabilitar a sus habitantes. Aún, si se trate de criminales irredimibles. Nada de eso hicimos. Lo incomprensible es que el tema no es nuevo. En enero de 2021 un incendio intencional, similar punto por punto al ahora ocurrido terminó con la vida de dos reclusos. Dos años después, en diciembre de 2023, lo mismo sucedió en Rocha donde seis prisioneros murieron incinerados.

En setiembre pasado en el mismo módulo carcelario igual insuceso volvió a suceder con un nuevo balance de seis muertos. Todo esto cuando más allá de la compleja problemática de la delincuencia, del inocultable incremento de la violencia social y del hacinamiento en las prisiones, era relativamente fácil tomar medidas puntuales para impedir la tragedia. Nada se dispuso una y otra vez, fuera de protestas y alarmadas declaraciones de las jerarquías enfrentadas a la inocultable evidencia de una situación amenazante. En dos años cuatro episodios prácticamente copiados, absolutamente previsibles y fácilmente evitables. Dieciocho personas incineradas.

No se trata aquí meramente de únicamente de señalar responsables. Se suceden gobiernos, muta la sociedad y todos muy pronto olvidamos, para enzarzarnos en nimiedades. En algún grado impotentes y ajenos; unos más expuestos, otros menos, pero nadie -insisto-, totalmente inocente. El actual ministro declaró que la responsabilidad era de la LUC, que había agravado las penas. Una fatigante acusación de punitivismo como pretexto exculpatorio. Lo inadmisible no fue tanto lo que dijo (absurdo a la vista de los antecedentes), sino el tono opaco de burócrata desentendido con que lo expresó. Ignorando que él es tan responsable de estos homicidios, como antes lo fueron quienes lo precedieron, cuando es tiempo de hacer no de eludir culpas.

El Uruguay, necesita corregir el rumbo en materia penal, aunque el desafío no sea fácil, ni se reduzca a más penas, más cárceles o más tribunales penales. Tenemos una tasa de encarcelamiento demasiado alta, incluso para el continente. No nos preocupa mucho la causa pero nos horroriza el delito. Tomemos medidas de inmediato en lo más sencillo, mejorar las prisiones. Al unísono plantémonos que ocurre con la pérdida de valores que asolan nuestra convivencia. ¿Cuáles las causas y como atenuarlas? Otras sociedades lo han encarado, nadie puede asegurar éxitos totales en temas civilizatorios profundos que infectan al planeta entero. Pero, por favor, borremos la indiferencia y encaremos el tema.