Un sistema que cruje

Los uruguayos solemos ser muy autocomplacientes con nuestro país. Esta percepción, se ve incrementada cuando estamos frente a instituciones o actividades, en las cuales Uruguay se destaca en el concierto internacional.

De esta manera, es que nuestra separación de poderes, transparencia e independencia del poder judicial suelen ser valoradas por rankings y organismos internacionales.

Esta percepción, si bien cierta en aspectos centrales, oculta bajo esa radiante mampostería, una precariedad absoluta. Como se suele decir por esta región del mundo, esta todo “atado con alambre”. Soy un convencido absoluto que nuestro sistema de justicia es poco permeable a la corrupción económica o a desviaciones por política partidaria o ideológica. Ahora, poseemos enormes carencias en nuestros organismos jurisdiccionales e instituciones vinculadas, que todos los operadores del sistema somos protagonistas a diario.

Esta problemática tiene dos verticales principales: la primera es la carencia absoluta de recursos económicos a efectos de poseer equipos de trabajo para ser eficientes en la atención y análisis en los miles de expedientes en los cuales se participa; y la segunda, es un notorio bajo nivel académico, técnico y cultural de muchos de los que poseen roles principales.

La vara se encuentra muy baja y los actores del sistema de justicia, solemos ser cómplices pasivos o activos de esta situación. El nivel subterráneo también existe entre colegas abogados, los cuales son capaces de intimar judicialmente la entrega de correos electrónicos intercambiados bajo el privilegio cliente-abogado.

Los recientes allanamientos solicitados por una fiscal y sentenciados por un juez, son la muestra de la baja calidad de nuestras instituciones. Una fiscal y un juez decretaron allanamientos sobre un periodista y un medio de prensa, sin siquiera tener el reflejo de entender los derechos constitucionales en pugna. El fiscal de corte Juan Gómez -sobre el cual tengo la mejor de las opiniones-, lo ha reconocido explícitamente.

Lo concreto, es que tomaron una medida de extrema gravedad, sin el más mínimo análisis jurídico global, casi como una providencia de mero trámite. Así se trabaja en Uruguay, miles de sentencias no causadas ni motivadas, como se dice popularmente “a la bartola”.

Algunos prefieren creer en las teorías conspirativas, las infiltraciones y los “mandados”. La realidad es mucho más simple, así como mucho más dura y estructural, se trabaja muy mal. Solo recordar otra frase de un perito que dictamina en asuntos de extrema sensibilidad; “saco pericias como chorizo”.

Cuando los asuntos se complejizan y los integrantes del sistema de justicia son puestos a prueba, este cruje y nos muestra todas sus debilidades y carencias. Asimismo, el “trabajar mal” hace al sistema más susceptible de ceder ante presiones que pueden provenir de la “opinión pública” o de quienes ejercitan mayor presión. Es fácil hacer dudar a quién no tiene los principios claros e incorporados en su cotidiano accionar.

Debemos colocar el foco en las causas del problema y no en fantasmas que alimentan una grieta inútil. Solo así, quizás, en algún tiempo podamos volver a poseer la calidad y fortaleza que el sistema de justicia de toda República requiere.