Torre de marfil

Uruguay lleva más de quince años debatiendo, casi como un ritual político, la creación de una Universidad de la Educación. Desde el primer intento inconstitucional en 2008, pasando por los fracasos legislativos de 2014 y 2017, hasta los recientes anuncios del Frente Amplio tras su retorno en 2025, el tema vuelve una y otra vez al centro del debate.

El argumento central permanece inalterado: se presenta como un “acto de justicia” para jerarquizar la profesión docente y otorgar títulos universitarios. Pero ¿es realmente así?

Detrás de los eslóganes surgen preguntas incómodas: ¿estamos creando una institución inclusiva o una torre de marfil financiada por todos, pero capturada por unos pocos? ¿Es este proyecto una solución real o una apuesta que podría derivar en aislamiento académico, corporativismo gremial y desconexión con los estándares internacionales de calidad?

En esta primera entrega de una serie de artículos, propongo analizar por qué la creación de una universidad pedagógica, tal como está planteada, puede ser más un problema que una solución.

Los pedagogos que miraron lejos. Incluso dentro del propio pensamiento pedagógico uruguayo encontramos voces lúcidas. Reina Reyes, desde los años 50, subrayaba la importancia de articular la pedagogía con las ciencias sociales y la investigación seria sobre el aprendizaje. Miguel Soler, referente de la pedagogía rural y la alfabetización, planteaba el vínculo entre el docente, la comunidad y el acceso al conocimiento interdisciplinario como herramienta emancipadora.

Ninguno de ellos defendía una pedagogía cerrada sobre sí misma. Ambos comprendieron que la formación docente debía ser exigente, abierta al conocimiento universal y evaluada con seriedad. El riesgo de la endogamia académica. Una frase sintetizó bien la filosofía de los impulsores: “Es hora de tener una universidad que piense desde la educación y no sobre la educación”, decía en 2014 la senadora Xavier del Frente Amplio.

La idea suena atractiva, pero es conceptualmente peligrosa: plantea la formación docente como un subsistema aislado, autosuficiente, desvinculado de los demás saberes científicos.

Así nace la endogamia académica: sistemas que giran sobre sí mismos, validan sus propios contenidos y se desconectan de los avances científicos. Si trasladáramos esta lógica a otras profesiones, tendríamos universidades de médicos sin genetistas, o de abogados sin economistas. La buena formación docente requiere pedagogía, pero también neurociencias, sociología, economía de la educación, estadística, políticas públicas, psicología cognitiva y tecnología educativa.

Las universidades modernas se construyen en esa interacción interdisciplinaria.

La evidencia internacional es contundente. El Banco Mundial, en su informe Grandes docentes: cómo impulsar el aprendizaje estudiantil en América Latina y el Caribe (2020), es categórico: “Los sistemas de formación docente más exitosos integran a los futuros maestros dentro de universidades amplias, donde interactúan con diversas disciplinas, acceden a investigación de frontera y participan de redes académicas internacionales.”

Los países que se suelen invocar como ejemplos -Finlandia, Canadá, Singapur, Estonia- comparten ese modelo integrador.

¿Quién controla y evalúa la calidad? Crear un sistema autónomo cerrado dificulta la evaluación objetiva. Si los que forman son quienes evalúan, eligen autoridades y diseñan políticas, el riesgo de autorreferencia es evidente.

Así lo sintetizaron los propios representantes sindicales en los debates parlamentarios: “Los docentes deben tener su propia universidad, con sus propias reglas.” Pero “entender la educación” no puede significar blindar el sistema ante evaluaciones externas e independientes.

Mientras tanto, el camino correcto ya funciona. Mientras se insiste en construir una nueva universidad, Uruguay ya resolvió el verdadero desafío: jerarquizar a los docentes a través de la acreditación de competencias profesionales reales. En 2023 se implementó el programa Docente Acreditado, impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura, con validación técnica del INEEd, asesoramiento internacional del ICFES de Colombia y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Más de 5.000 docentes participaron y más de 2.300 obtuvieron la acreditación universitaria formal. Este sistema evalúa competencias profesionales concretas mediante rigurosos estándares internacionales de evaluación psicométrica, basados en el modelo de Diseño Centrado en Evidencias, el mismo que aplican los mejores sistemas de certificación docente del mundo.

El debate real: el control de la nueva institución. En el fondo, no se discute la calidad, sino el control. Por eso los impulsores del proyecto insisten en replicar el modelo de cogobierno que rige en la Universidad de la República desde 1958: autoridades electas por representación sectorial, diseño curricular blindado, concursos internos con mirada celosa de los mismos gremios, y ausencia de auditoría externa.

No se trata de mejorar la formación, sino de capturar la estructura institucional.

El problema no es académico. Es político. El camino que Uruguay debe consolidar. Uruguay necesita seguir profesionalizando la formación docente, pero sin repetir los viejos esquemas corporativos. El camino es: consolidar la integración universitaria real, ampliar los procesos de acreditación profesional, desarrollar programas de posgrado con calidad internacional, y someter todo el sistema a evaluación independiente y externa.

La verdadera jerarquización es mejorar la formación real. Lo demás es reparto de poder.