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Silencio cómplice

La dictadura venezolana persiste en su cínica política de prometer dialogo con la oposición como un instrumento para conseguir un cierto barniz de legitimidad internacional -algo que consigue con preocupante frecuencia, como lo demuestran las recientes declaraciones del presidente brasileño y el persistente silencio de buena parte de la intelligentsia latinoamericana- mientras avanza en su estrategia de violación sistemática de los derechos humanos.

Entretanto, los venezolanos votan con lo pies. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados informa que más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de una vida mejor. De ese total, 6,5 millones han buscado refugio en América Latina y el Caribe.

En estos días, tres de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos han coincidido en condenar el régimen: el Tribunal General de la Unión Europea, la Corte Penal Internacional (CPI), y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Tribunal de la Unión Europea rechazó una apelación presentada por el Gobierno de Venezuela contra las sanciones que le impuso la Unión en noviembre de 2017.

La Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional rechazó categóricamente un recurso presentado por el Gobierno venezolano invocando, entre otros argumentos, que se habían identificado 159 casos de tortura, principalmente en instalaciones de detención y que las víctimas habían denunciado esos crímenes a las autoridades judiciales sin resultados.

Finalmente, la frutilla sobre esta indigesta torta, fue depositada el 25 de setiembre, cuando la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó su cuarto informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión fue creada por el Consejo en septiembre de 2019, con el propósito de determinar los hechos sobre aquel país y aportar material para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

El informe concluye que las violaciones de los derechos humanos no consisten en hechos aislados por grupos fuera de control, sino son el producto de una política de represión de quienes se oponen al régimen. Los “mecanismos de represión” utilizados, concluye, “demuestran el uso continuado por parte del Estado venezolano tanto de tácticas de “línea dura”, como tácticas más “blandas” … para atacar a individuos y/u organizaciones que investigan, denuncian o intentan abordar problemas de derechos humanos o sociales y económicos en el país, así como a individuos que interfieren, o que se percibe que interfieren, con intereses de actores gubernamentales, ya sean éstos de carácter político, económico o criminal.

Las víctimas de la persecución incluyen a “conocidos defensores de los derechos humanos y de la mujer, periodistas y dirigentes sindicales, así como miembros de partidos de la oposición.”

La dictadura de Maduro es una tragedia para los venezolanos.

También es una vergüenza para nuestra región que le ha fallado a un pueblo generoso que recibió a miles de emigrados económicos y político en su momento de necesidad. Una región que presencia, dividida e impotente (cuando no cómplice) aquella tragedia.

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