Silencio cómplice

Hace ya veinticinco años que buena parte de la izquierda latinoamericana se niega a ver -o finge no ver- los crímenes cometidos en Venezuela. Observa con incomodidad, incluso con vergüenza, pero también con un temor evidente a condenar una dictadura que, si hablara con franqueza, dejaría muy mal parados a más de un gobierno y a no pocos dirigentes que aún hoy se presentan como paladines de la democracia y los derechos humanos.

No se trata solo de afinidad ideológica. Muchos de esos gobiernos llegaron al poder, o se sostuvieron en él, gracias a las valijas de dinero que durante años distribuyó el régimen chavista por la región. A ese experimento lo llamaron, con épica y consignas, “el socialismo del siglo XXI”. Uruguay no fue ajeno a ese clima político ni a esa construcción regional. Hoy es un buen momento para repasar sus resultados concretos, especialmente cuando todavía hay gobiernos de izquierda -incluido el de Uruguay, de la mano del Frente Amplio- que evitan una condena clara y sin matices.

Los hechos son conocidos y están ampliamente documentados. En Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad: persecución política sistemática, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violencia sexual en centros de detención, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y represión letal de protestas sociales.

El Estado de derecho fue destruido mediante la captura del Poder Judicial, la negación permanente del debido proceso y el uso del sistema penal como herramienta de persecución política. A la vez, el régimen anuló las libertades de expresión, prensa, asociación y reunión mediante cierres de medios y persecución de periodistas.

En paralelo se vulneraron los derechos políticos con inhabilitaciones arbitrarias y fraudes que vaciaron el sentido del voto. El incumplimiento de obligaciones internacionales en salud y alimentación empujó a millones al exilio, mientras las expropiaciones sin compensación terminaron de arrasar la economía y la capacidad del Estado para sostener a su sociedad.

Nadie puede alegar desconocimiento. Las atrocidades del régimen de Maduro están respaldadas por informes contundentes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -incluido el llamado “Informe Bachelet”-, de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización de Estados Americanos y numerosos estudios académicos independientes.

Las consecuencias de haber mirado sistemáticamente para otro lado son devastadoras: 37.000 personas torturadas, más de 18.000 presos políticos, cientos de muertos en protestas, 8 millones de exiliados, 8 mil casos de violaciones documentadas a los derechos humanos, medios censurados y un país sumido en la pobreza estructural, con niveles de marginalidad que superan el 50%.

Frente a este cuadro, la reacción de gran parte de la izquierda latinoamericana ha sido una combinación de silencio, relativismo y doble discurso. En Uruguay, ese doble estándar ha sido particularmente evidente: se condena -con razón- cualquier atropello a los derechos humanos en otros lugares del mundo, pero se relativiza o se justifica cuando el responsable es un régimen ideológicamente afín.

Resulta especialmente hipócrita escuchar encendidos alegatos contra la “intervención norteamericana” por parte de quienes, cuando la oposición venezolana apostó por una salida democrática y obtuvo un respaldo contundente en las urnas, optaron por callar frente al fraude y el desconocimiento de la soberanía popular.

Era en ese momento -no ahora- cuando quienes repiten que “la situación de Venezuela deben resolverla los venezolanos” tenían la obligación moral y política de defender lo que el pueblo venezolano había decidido. Pero no lo hicieron. Nunca condenaron las violaciones a los derechos humanos ni se jugaron realmente por la recuperación de la democracia en Venezuela.

Hoy, algunos llegan tarde. Pero eso no es lo peor. Mientras millones de venezolanos dentro y fuera del país celebran el fin de una tiranía y renuevan su esperanza en una Venezuela libre, una parte de la izquierda regional sigue aferrada al dictador, manchada por años de complacencia y silencio al igual que sectores importantes de la izquierda uruguaya siguen aferrados a un relato agotado, incapaces de romper con el tirano sin asumir su propia responsabilidad política.

La historia, más temprano que tarde, pasa factura. Y el silencio de la izquierda latinoamericana frente a la dictadura venezolana será recordado como una de las mayores contradicciones morales de la izquierda contemporánea. No habrá relato que alcance para tapar tanta complicidad.